La inédita situación que el mundo atraviesa por el COVID-19 también permea la realidad del departamento de Nariño que se suma a las ya dificultosas condiciones del contexto social, político, económico y armado de la región. Esta emergencia llega acrecentando las tensiones propias de la pobreza y la ausencia estatal, evidencia precariedades estructurales y demuestra una vez más la difícil situación que vive el país en clave de derechos humanos.
En relación a la emergencia sanitaria, según cifras oficiales de la Gobernación de Nariño,[1] hasta el 31 de junio se reportaron 7.970 casos confirmados de COVID 19 y 57 municipios afectados. El registro de casos probables y personas a las que se les está haciendo seguimiento por contactos estrechos con personas afectadas dista mucho de la realidad, pues la incapacidad operativa y falta de cobertura del sistema de salud imposibilita seguir el rastro de contagio. Desde el principio de la emergencia la comunidad denuncia que las cifras oficiales tienen un alto subregistro ya que debido a los pocos exámenes con los que cuenta el departamento el reporte de casos es bajo en contraste con la realidad. No obstante, Nariño se posiciona entre el quinto y séptimo departamento con mayor índice de contagio durante los últimos tres meses.
Por su parte la relación fronteriza con Ecuador y la crisis que afronta el país vecino, hace que los factores de riesgo de contagio aumenten; los siete puntos de ingreso irregular que existen desde la frontera interior hasta la costa pacífica son controlados por la guardia indígena y campesina (autoridades comunitarias), con el apoyo en algunos casos de la policía. Los puntos regulares de migración son controlados por la fuerza pública y otros puntos de ingreso fluvial por mar o por río, como el del puente Rumichaca, tienen serias dificultades en la restricción. Dicha situación implicó un contagio masivo en la zona costera, particularmente en Tumaco.
A principios de mayo la alcaldesa de este municipio, María Angulo, comunicó públicamente que los dos únicos hospitales (Hospital San Andrés -nivel 2- y el Centro Hospital Divino Niño -nivel uno-) ubicados en la región del pacífico nariñense, se encontraban llenos y la institucionalidad se preparaba para lo peor. Actualmente, el Hospital San Andrés se encuentra intervenido por la superintendencia de Salud, desbordado en capacidad y con 32 casos de COVID-19 diagnosticados dentro de su personal. A Tumaco llegaron en el mes de junio y por primera vez, 15 camas de Unidad de Cuidados Intensivos -UCI- sin equipos médicos, por lo cual, al no contar con especialistas no tienen funcionalidad alguna. Por ahora las personas en situación de gravedad de los 12 municipios que constituyen la costa nariñense y algunos del piedemonte costero, son trasladados por tierra a la ciudad de Cali. Pocos de estos casos son enviados a Pasto, pues esta ciudad ya excedió su capacidad de atención al ser receptora también de algunos pacientes del departamento de Putumayo e incluso del vecino país Ecuador.
La grave situación no se focaliza únicamente en Tumaco y Pasto; a principios del mes de julio, el Gobernador de Nariño Jhon Rojas declaró alerta roja hospitalaria en todo el departamento por la alta ocupación de UCI que corresponde al 82,8% y el creciente número de casos de contagio en la región. Aunque la presencia de las guardias campesina e indígena ha sido esencial para cubrir el ausentismo Estatal y evitar la expansión del virus en los municipios, particularmente en la ruralidad las autoridades oficiales han deslegitimado y subordinado esta expresión de gobierno propio.
Hechos como el sucedido en el mes de mayo en el municipio de Sandoná y Consacá donde la policía irrespetó el plan de desinfección de las comunidades e ingresó arbitrariamente su vehículo en uno de los puestos de control campesino, lo demuestran.
Las comunidades también señalan que desde el 16 de marzo inició la precariedad de suministros alimentarios. Las personas trabajadoras bajo la modalidad de jornal, o pago diario, tienen serias necesidades socioeconómicas y junto a esto la especulación de los precios no cesa, quedando el alza de los costos en los intermediarios y nuevamente desconociendo la fuerza de trabajo del campesinado, el cual no ha podido comercializar su cosecha por los onerosos costos de transporte que continuamente suben en dinámica especulativa. En el caso del café el encarecimiento de los suministros agropecuarios (en su mayoría importados) ha afectado de manera directa la actividad económica de las y los caficultores de la región.
Por su parte organizaciones como el CIMA llaman a realizar prácticas de cuidado y protección; dentro de dichas medidas, está continuar trabajando en las fincas como apuesta de soberanía alimentaria en medio de la crisis; no convocar a reuniones, visitas o encuentros masivos; y un permanente relacionamiento con los presidentes de Juntas de Acción Comunal para evitar que se propaguen los factores de riesgo.
En las zonas rurales nariñenses hay toque de queda.
Algunos municipios como San Pablo, San Lorenzo, Yacuanquer, Chachaqüi entre otros, están siendo protegidos por la Guardia Indígena y Campesina; otros como Tumaco, Policarpa, Cumbitara, el Triángulo de Telembí y Leiva están siendo controlados por los actores armados, quienes en medio de la emergencia no han cesado su actividad, mientras las comunidades intentan solventar la situación evitando confrontaciones.
Además de esto, diversos panfletos han circulado amenazando la población que irrespete el aislamiento y atentando contra la vida de quienes se encuentren infectados, lo que aumenta el miedo y la zozobra en la región. Los liderazgos sociales también se encuentran en condición de riesgo, pues la pandemia ha sido aprovechada para atacar a los líderes y lideresas en sus viviendas como escenario natural del aislamiento. Las amenazas también continúan, cómo las padecidas por los líderes de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje en Tumaco, amenazados de muerte por el Clan del Golfo. La situación de asedio también la padece el pueblo indígena de la etnia Awá en el sur de Nariño, donde sus autoridades tradicionales han recibido amenazas directas por parte de grupos armados ligados a los intereses del narcotráfico. Allí una necesidad latente: mantener los canales de comunicación habilitados para las personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en riesgo bajo el aislamiento.
Para el caso particular del pueblo Awá es preciso anotar la grave situación en la región del Piedemonte Pacífico en el resguardo Ñambí Piedra Verde, un territorio fuertemente golpeado por la violencia en especial durante el mes de julio. Periodo durante el cual fue asesinado el Gobernador indígena Fabio Alfonso Guanga García, en este hecho una mujer también fue asesinada y dos personas resultaron heridas, entre quienes se encontraba un niño de dos años y otro menor de edad.
Según denuncias de dicha población además de estos asesinatos, en este semestre también les han arrebatado la vida a siete comuneros y guardias indígenas[2].
La violencia en el triángulo de Telembí (Barbacoas, Roberto Payán y Maqui Payán) estructura un lamentable y preocupante cuadro de agresión a los derechos humanos de la población que allí habita. Además de encontrarse frente a la adversa situación de salud pública se encuentran confinados por la guerra que se configura entre grupos armados, fuerzas estatales y mafias de narcotráfico.
En junio los enfrentamientos continúan, la disputa por el territorio y el dominio de las rutas del narcotráfico entre la Estructura 30 y el Oliver Sinisterra generan enfrentamientos permanentes, afectando la tranquilidad de la población de Magui Payán. Cabe anotar que durante el mes de junio la población de este municipio, quedó desprotegida sin servicio de atención médica ante el cierre de la E.S.E. Saúl Quiñones que presentó un contagio del 97% del personal médico (un médico y seis enfermeras) además del alcalde Alejandro Quiñones Cabezas quien también dio positivo para COVID.
En relación a los cultivos de uso ilícito, campesinos de Nariño, interpusieron durante este primer semestre cuatro tutelas abocando al debido proceso y la participación ciudadana para evitar dar vía libre a la aspersión aérea con glifosato. Durante el mes de junio el Juzgado Segundo Administrativo suspendió el trámite para la licencia ambiental necesaria que permite reiniciar la aspersión, protegiendo el derecho al debido proceso, a la participación ciudadana, el derecho a la consulta previa y el derecho al acceso a la información; pues el campesinado, comunidades afros e indígenas no cuentan con los medios técnicos para garantizar su participación en las audiencias virtuales.
Sin embargo, la erradicación forzada al igual que en otros departamentos continúa durante la emergencia, los operativos se han intensificado y centralizado en la región de la costa y zona de cordillera. Tal es el caso de las veredas La Chamba y
Casa vieja del municipio de Anyuca, donde en horas de la mañana del pasado 31 de mayo, arribaron fuerzas militares para la erradicación (cabe anotar que dicho municipio fue uno de los que firmó acuerdo colectivo con PNIS). Bajo esta situación de agresión, hambre y confinamiento, se han presentado desplazamientos masivos. Tal es el caso del municipio de Roberto Payán, con la salida de casi 250 personas de la zona rural o el municipio Francisco Pizarro donde se desplazaron forzadamente 24 familias como consecuencia de la confrontación durante el mes de marzo[3].
Así mismo, en una clara violación al Derecho Internacional Humanitario al inicio del mes de abril en el municipio de Tumaco, una misión médica salida de Barbacoas con dos enfermos de gravedad fue atacada en la zona de Vaquerío por el grupo armado “Los Contadores”. En el ataque falleció una paciente y el conductor.
La crisis continua que vive la región sumada a la crisis por COVID 19, marca un escenario sin precedentes, con una alta vulnerabilidad de las comunidades frente a la agresión a los derechos humanos: hay mayores dificultades para atender a la población victimizada ante la restricción de concentrar a la población desplazada por el conflicto o de acceder a los territorios en clave de garantías a los DDHH; las precariedades del sistema de salud colombiano son más profundas en estas regiones que han padecido la ausencia estatal en clave de acceso a derechos; la educación virtual propuesta por el gobierno no funciona, porque la población no cuenta con acceso a internet e incluso con infraestructura eléctrica; muchas de las mujeres se encuentran aisladas con su agresor y en la ruralidad no cuentan con respaldo de ninguna institución; y la militarización de la frontera, de Ipiales, Cumbal, Carlosama y Nariño en general con la presencia adicional de más de 500 hombres de la Tercera División del Ejército que llegaron a reforzar las labores de “salvaguarda”, son una clara amenaza en medio de este estado de excepción y de un gobierno guerrerista.
