La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- a Colombia en el marco del Paro Nacional, y en razón del elevado número de violaciones a los derechos humanos, es de una trascendencia mayor para el país. De ahí, la desmedida y lamentable reacción del gobierno de Iván Duque, primero a que esta instancia realizara una visita y, segundo, a desconocer el Informe y las 41 recomendaciones destinadas a contener los abusos de las fuerzas policiales en el marco de la protesta social que actualmente se adelanta en el país.
Muchas lecturas se pueden hacer frente a este nuevo episodio que protagonizó el gobierno nacional frente a un organismo internacional de derechos humanos, como la CIDH. Sin embargo, en este breve Boletín, nos detendremos solo en dos aspectos. De un lado, la ignorancia, desprecio y prepotencia gubernamental ante los órganos que buscan hacer prevalecer instrumentos de derechos humanos que el mismo Estado colombiano ha ayudado a construir y es signatario, como la Convención Americana de Derechos Humanos. De otro, tres aspectos muy relevantes del Comunicado de observaciones y recomendaciones presentado por la CIDH luego de su visita de trabajo los días 8, 9 y 10 de junio de 2021 al país, buscando contribuir con ellas a la superación de la crisis de derechos humanos en Colombia.
La razón de ser de la CIDH
Como si se tratara de un informe sin importancia proveniente de una organización cualquiera, despreció el jefe de Estado, Iván Duque y su Canciller, Martha Lucía Ramírez, el resultado de la visita de la CIDH. Olvidan la preeminencia de este órgano de derechos humanos de la OEA, creado en 1959 para promoverlos y protegerlos en todo el continente. Desconocen que Colombia es signataria de los instrumentos que lo rigen, entre ellos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) y la Convención Americana de Derechos Humanos (1969). Desconocen que una de las funciones y atribuciones principales de la CIDH es hacer recomendaciones a los Estados para prevenir violaciones a los derechos humanos y aportar a la transformación de situaciones estructurales que contribuyen a dichas violaciones. Pero también omiten que este organismo, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforman el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y, aunque las recomendaciones no son vinculantes, al ser complementarios sí lo pueden ser más delante si algunos casos derivados de los hechos observados hagan trámite y sean acogidos por la Corte.
Pero el gobierno también califica a la Comisión de sesgada y parcializada frente a los hechos descritos, a pesar de ser los funcionarios de gobierno y Estado los primeros en ser escuchados. De esa manera, soslayan que los y las comisionadas de la CIDH son personas expertas independientes y por tanto no tienen motivos para hacer una lectura desequilibrada del contexto colombiano. Contrario a la pretensión que tuvo el gobierno de guiar la visita de acuerdo a sus intereses, pero olvidó que la CIDH es un organismo autónomo.
El documento presentado por la CIDH, conformado por 184 hallazgos y 41 recomendaciones, se convierte en una herramienta trascendental para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la Democracia del país, y si bien cada una de las recomendaciones es de alto valor para la defensa y promoción de los derechos humanos, destacamos en este Boletín, tres ideas centrales.
Fuerzas militares y Policía Nacional
Recomendación número 14: “Separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”. Sin duda, separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa es un consejo central para superar el contexto de violación de los derechos humanos por parte de la entidad policial. Está probado que a mayor militarización, mayor violencia, de ahí la importancia de dar una naturaleza civil al ente para que su mandato de contribuir a preservar la convivencia y seguridad ciudadana prevalezca y se mantenga dentro del enfoque de seguridad humana como se ha estudiado y propuesto desde Naciones Unidas. Pero también desde los pueblos étnicos, quienes con sus guardias indígenas y cimarronas apoyan el control territorial y la convivencia, desde la orientación y la educación antes que recurrir a armas de fuego o artefactos denominados “menos letales”. Esto va de la mano igualmente con la solicitud de no usar “asistencia militar” para el manejo de las protestas y “garantizar que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos de seguridad civiles”, como se plantea en la recomendación No. 28.
Tampoco se trata de una recomendación nueva, el Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2019, había hecho avances en ese sentido cuando instó “al Estado a restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del Ejército en las situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social”. Así mismo, y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la Policía, “recomienda transferir la supervisión de la policía al Ministerio del Interior”, según los puntos f y g del informe de Naciones Unidas.
Irrestricto respeto a la protesta social
El derecho a la protesta, con todo lo que ello implica: libertad de expresión, reunión pacífica y participación política; pero además, sin estigmatización contra los manifestantes, especialmente la juventud, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, y población LGBTI y personas defensoras de los derechos humanos, es una recomendación mayor de la CIDH que el gobierno debería acoger. Sobre todo cuando hay una ciudadanía colombiana que seguirá permanentemente movilizada, pues hoy sólo cuenta con este derecho para exigir sus plenas libertades, en razón que los entes del Estado llamados a garantizarlas, fueron cooptados por el partido de gobierno, Centro Democrático. Esto es, en adelante vendrán muchas más movilizaciones sociales.
Para proteger el derecho a la protesta, la Comisión también extiende observaciones para frenar de manera inmediata el desproporcionado uso de la fuerza policial y que ésta, para controlar el desarrollo de las manifestaciones, tenga como prioridad el cuido de la vida e integridad física de los manifestantes y abstenerse de detenerles arbitrariamente y violar sus derechos, de acuerdo con los estándares internacionales de los derechos humanos. En ese mismo sentido, sistematizar de manera imparcial toda la información relacionada con las víctimas, discriminada en razón de la diversidad sexual, pueblo étnico, género y edad, y repararlas.
En relación a este derecho también aclaró la CIDH lo relacionado con los bloqueos, aconsejó al gobierno nacional no “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas”. La claridad frente a esta forma de protestar es clave en la medida que el gobierno centró su ataque frontal a la movilización y al Comité Nacional del Paro, con el argumento de que todos los bloqueos eran terroristas y sus promotores criminales
Pero también de se detuvo la Comisión en todas las violaciones cometidas contra los y las manifestantes al amparo de la figura “traslado de protección y desaparición de personas”, la cual está contemplada en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, y que se supone debe usarse para personas en niveles de desprotección y vulnerabilidad, pero que en el marco de la protesta ha sido usado para detener arbitrariamente, torturar, desaparecer, impedir el acceso de los familiares a las personas detenidas y vulnerarles el debido proceso. En consecuencia recomendó “tomar las medidas necesarias para restringir el uso de la figura… liberar en forma inmediata a quienes hayan sido detenidos en forma arbitraria o injustificada y aún se encuentren privadas de la libertad” y “crear una comisión especial para ubicar el paradero de las personas que siguen reportadas como desaparecidas”.
Continuará el monitoreo de cerca
Como se trata de una visita de Trabajo que no se queda simplemente en venir a Colombia por tres días y entregar un informe, sino de continuar insistiendo para la superación de la crisis de derechos humanos, la CIDH decidió crear un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, el cual le permitirá, de manera sistemática, hacer una observación más cercana al desenvolvimiento de la situación, su mejoría o involución. Seguramente la Comisión no contará con la colaboración del gobierno nacional para esta labor, sin embargo, Colombia cuenta con una sociedad organizada, con capacidad para procesar información y trasmitirla al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que, sin duda, es una fuente de información valiosa para dar continuidad a la observación de la situación.
En consecuencia, así el gobierno de Iván Duque no acepte las recomendaciones de la CIDH y las desprecie con el pretexto de no ser vinculantes, la Comisión tiene como mandato insistir en el restablecimiento de la materialización de los derechos humanos en Colombia y el resto de países del continente, y esto podrá ser una razón más para que sobre el país se incremente el seguimiento y quizás, sea incluida nuevamente en el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH, lo cual es un desprestigio para el Estado colombiano.
