La Asociación MINGA acoge con esperanza de una nueva Colombia la firma de los acuerdos de la Habana para la terminación del conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC, en tanto reconocemos ese proceso como uno de los escenarios en donde compiten las visiones de paz y de país que han caracterizado nuestra historia nacional.
Este hecho y los que sobrevendrán, los inscribimos en nuestra apuesta por la paz, los derechos de los pueblos y la integración social, los pilares de nuestro proyecto institucional, en una perspectiva de país para la vida digna en torno a la cual nos tejemos con otros y otras.
La refrendación y la implementación de estos acuerdos ampliarán ese espacio político en donde los anhelos y banderas de los diversos sectores sociales tienen la posibilidad de materializarse, en la medida que se fortalezcan las dinámicas de articulación y se asuma el protagonismo directo de los cambios. El horizonte de justicia social y ambiental que se perfila con mayores claridades a partir de este paso dado, nos coloca al conjunto de los sectores democráticos y populares en el compromiso de trabajar arduamente, para desbrozar los caminos que nos conduzcan a realizar y profundizar las transformaciones que se están proyectando.
Este panorama favorable para la construcción de los sueños de comunidad y humanidad de los pueblos, podría ampliarse y dinamizarse aún más si otros actores políticos armados aportan a consolidar estas condiciones, particularmente el ELN quien ha expresado de diferentes maneras que la participación protagónica de la sociedad en las decisiones de país constituye la razón de su misma existencia.
Hoy el llamado a los colombianos y colombianas es a que decidamos la aprobación de los acuerdos a través del plebiscito. Pero el compromiso de la ciudadanía y del Estado con la nueva etapa del proceso de paz que continúa, no puede limitarse al acto formal de la votación. Los primeros debemos mantener la movilización social por la conquista de cambios sustanciales en el sistema político que nos conduzcan hacia una democracia raizal, donde los pueblos por fin tengamos la oportunidad de decidir sobre la Colombia que todas y todos queremos, a partir de los acuerdos y las diversas agendas que se realizan.
Por su parte, para hacer que el proceso de paz sea sostenible, la clase gobernante de hoy debe comprometerse a cumplir esta vez lo acordado y no volver a repetir la traición al pacto de la Constitución de 1991, en la que el pueblo había mandatado que la sociedad debía organizarse con base en los derechos, la paz, la soberanía, la descentralización y la democracia participativa, e impusieron un Estado ceñido a sus privilegios. Especialmente implica ofrecer todas las garantías para que la ciudadanía, y en particular los sectores populares, puedan manifestar sus iniciativas en absoluta libertad, tanto en el plano social como institucional.
Hoy se evidencian signos que indican la falta de voluntad política del gobierno para permitir que se puedan andar los caminos del proceso de paz abierto. Aún se mantienen políticas que sostienen lógicas e instrumentos de represión, como la Ley de seguridad Ciudadana y el llamado Esmad; lo hemos visto y sentido en el tratamiento militar dado a las recientes protestas de la Cumbre Agraria, los camioneros, los trabajadores de la salud, el magisterio y las comunidades que defienden sus territorios frente a las invasiones de las empresas mineras, petroleras y de las hidroeléctricas. También en la persistencia de fenómenos de paramilitarismo, ligados a intereses económicos y políticos, que tan sólo en esta semana han producido la masacre de siete integrantes del pueblo Awá y del Comité de Integración del Macizo CIMA, en Nariño y Cauca respectivamente, al mismo tiempo en que se definía el cese bilateral y definitivo del fuego entre el Estado y las Farc. En general, estamos hablando de al menos 49 homicidios contra defensores de derechos humanos en lo corrido de 2016, una cifra alarmante y preocupante.
Los nuevos retos que plantea entonces el proceso de paz en la actual fase, exigirán de todo nuestro empeño junto, de todos y todas quienes desde siempre hemos abanderado las libertades, los derechos y la justicia, haciendo presentes a quienes nos acompañaron en estas bregas y por ello fueron arrancados de nuestro lado. La participación activa y decisoria en la definición del rumbo que debe tomar el proceso de paz, nos obliga a conjugar por lo tanto la lucha por la implementación de los acuerdos de la Habana, los de la reciente Minga Nacional, los de las mesas con los pueblos de las negritudes y los indígenas, la mesa minera energética y ambiental, y demás acuerdos que el gobierno no ha asumido. También será necesario involucrar las propuestas de otros movimientos como los de la salud, la educación, la justicia, los LGTBI, los de la cultura, los jóvenes, las mujeres, animalistas, ambientalistas, entre muchos.
En definitiva, para que la paz sea estable y duradera como se dice, hay que empezar a reconocer que existe un país de ese talante andando hace rato en los imaginarios, los planes y las creaciones de miles de colombianos y colombianas, pero que no han encontrado espacio en el modelo económico y social actual. El proceso de paz es la oportunidad de poner en diálogo nacional y regional todas estas apuestas y esfuerzos en procura de hacer visible y real ese país; es la oportunidad de crear un gran escenario en el que por fin se rediscutan todas las políticas que generan los conflictos que hoy tenemos.
El llamado es a que el plebiscito nos convoque a reactivar todas estas iniciativas de manera organizada, a que nos juntemos en agendas comunes y a que los diversos movimientos sociales se constituyan en los verdaderos arquitectos de la paz y de la nueva Colombia.
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Bogota, DC. Agosto 31 de 2016.
