Días antes del asesinato de por lo menos seis campesinos en la zona rural, la guardia indígena awá había tenido choques con la Fuerza Pública. También se han negado a las presiones de disidencias de las Farc para protestar contra la erradicación forzada.

El diagnóstico de las organizaciones sociales y de funcionarios de la Gobernación de Nariño es preocupante. Los hechos ocurridos en la vereda El Tandil, zona rural del municipio de Tumaco, en los que murieron al menos seis personas y un número indeterminado siguen desaparecidas, se pueden repetir.

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Esto lo saben los indígenas awás, quienes sienten que vivieron un campanazo de alerta antes de la masacre, pero este no fue atendido. Vale la pena recordar que los pueblos ancestrales perdieron a cuatro de sus compañeros en la masacre del pasado 5 de octubre.

Dos eran nasas y dos, awás. La señal de alerta se dio el 2 de octubre, tres días antes de la masacre. Denuncian que la Policía los recibió con gases, bombas de aturdimiento y disparos al aire cuando iban unas 65 personas en una comisión que tenía como objetivo verificar si la Fuerza Pública había acampado en inmediaciones del resguardo Piedra Sellada. En este habitan dos comunidades indígenas que suman 300 habitantes y están ubicadas a una hora y media a pie de la vereda El Tandil.

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La comisión encontró lo que temía. La Fuerza Pública, aseguran, está apostada en unos terrenos que ellos llaman “de reserva”. Se trata de zonas que ellos preservan porque allí se encuentran sus plantas medicinales y son espacios dedicados a la conservación de las especies de las cuales depende su supervivencia. “Nosotros conservamos la vida allá para las futuras generaciones”, cuentan. Calculan que son cinco hectáreas en las cuales los armados hacen presencia.

Luego del encontrón con la Fuerza Pública, volvieron al siguiente día. El 3 de octubre pudieron entablar diálogo con los uniformados. Los indígenas les pidieron respeto por los linderos del resguardo. Sin embargo, les respondieron que volvieran al otro día con el mapa del Incoder para constatar la situación. Volvieron el 4 de octubre y la Fuerza Pública les dijo que tras hacer revisiones habían confirmado que el grupo de policías no estaba en territorios del resguardo. No hubo acuerdo. “No nos han querido respetar”, concluye uno de los líderes de la comunidad.

Ítalo Pantoja, subsecretario de Gobierno de la Gobernación de Nariño, afirma que se necesita reforzar en la Fuerza Pública los temas de justicia propia de las comunidades indígenas y llegar a acuerdos que permitan “garantizar el control territorial sin que eso afecte los derechos humanos de los ciudadanos”.

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El mayor sinsabor que les queda a los awás es que, dicen, si los hubieran escuchado, se habría podido evitar la masacre del 5 de octubre. Aseguran que el lugar de los hechos está ubicado justo en los límites del resguardo con consejos comunitarios (figura organizativa de comunidades negras) y las juntas de acción comunal, que en el territorio son juntas de gobierno campesinas.

Pantoja, que el 10 de octubre fue a constatar la situación humanitaria del pueblo awá, enfatiza que se necesita tener comunicación constante con los ciudadanos para “poder generar de manera oportuna las alertas tempranas y hacer presencia con la institucionalidad”.

Resistir a la disidencia

Antes de entrar al resguardo Piedra Sellada nos encontramos con una mujer armada en el sector conocido como Las Minas. Luego nos enteramos de que se trataba de una integrante de la disidencia de las Farc que hace presencia en esa región. Además, adentrándonos en el resguardo encontramos sembradíos de coca a lado y lado de la trocha. También había algunos laboratorios en los cuales se encontraban personas cortando la hoja de coca con guadañas.

Hace unas tres semanas, la disidencia convocó a una reunión. En ella dijeron que las comunidades indígenas, campesinas y negras que habitan la región tenían que salir a marchar en contra de los programas de erradicación de Gobierno. La resistencia, tan característica de los pueblos ancestrales, salió a flote. Se negaron a seguir las órdenes de los armados bajo el argumento de que ellos tenían sus propios procesos organizativos y sus propias movilizaciones.

Vale la pena aclarar que no había fecha para la movilización, por lo cual no es posible afirmar que la protesta en la cual murieron los campesinos baleados de El Tandil haya sido citada por la disidencia.

Para los awás, los cultivos de coca se han vuelto un dolor de cabeza, por lo que están dispuestos a sustituirlos. Sin embargo, aseguran que en algunos sitios donde las comunidades han optado por la sustitución el Estado no les ha cumplido. “Si el Gobierno quiere erradicar, bien pueda, pero que nos cumpla las promesas”, señala un líder.

Una frase de un líder resume la negativa de los awás a relacionarse con grupos armados en su territorio: “No necesitamos que vengan”. Sin embargo, cuando navegábamos el río Mira para volver a Tumaco, una escena reveló que esa decisión de los pueblos indígenas está lejos de respetarse. Un hombre moreno vestido de civil sostenía un arma pesada en una de las trochas abiertas para internarse en la selva a la orilla del afluente.

*Con apoyo de la Asociación Minga y Somos Defensores.

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La Asociación MINGA hace 11 años viene acompañando al pueblo indígena Awá en el departamento de Nariño. Ante los recientes hechos en la vereda el Tandil, del municipio de Tumaco, donde fueron masacrados 7 campesinos, al parecer por la Policía Antinarcóticos, entre ellos dos Awá, y 20 más fueron heridos; consideramos importante convocar una Misión de Prensa y Humanitaria para recabar información de primera mano sobre lo que allí realmente estaba pasando y darlo a conocer nacionalmente.  Esta entrega hace parte de los artículos publicados por los medios de comunicación participantes en dicha misión.