Tras los 8 años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz y portas de la salida de la cárcel de algunos de los paramilitares desmovilizados en este proceso, organizaciones defensoras de derechos humanos nos manifestamos con gran preocupación ante este hecho, ya que entre otras, a la fecha, no sólo no han culminado los procesos judiciales, sino que de los 4.237 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) postulados a la ley 975 de 2005, solo 19 han sido condenados.
Las cárceles abren sus puertas para dar salida a los paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz sin que los derechos de las víctimas hayan sido reconocidos
Entre noviembre de 2003 y agosto de 2006, se desmovilizaron formalmente más de 30.000 miembros de fuerzas paramilitares en Colombia. De las 40 estructuras paramilitares que existían en 2003, se desmovilizaron 34, a cuyos integrantes comprometidos en graves violaciones a derechos humanos se les aplicó el marco jurídico de la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Esa normativa creó una serie de beneficios legales para los desmovilizados, entre ellos penas alternativas de 5 a 8 años sobre la base de aportar a la verdad plena sobre los crímenes cometidos, las estructuras operativas, los beneficiarios, y los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.
Han transcurrido 8 años de aplicación de la Ley y en agosto del presente año, se prevé que un grupo de postulados empiece a salir de las cárceles por cumplimiento del máximo de la pena alternativa prevista en la normativa; hombres de los bloques Catatumbo, Central Bolívar y Héroes de Granada, entre otros. En su informe referido a 2013, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advierte que: “lo más probable es que casi todos los acusados sean puestos en libertad al cabo de ocho años sin haber sido enjuiciados (párr.19)”.
Según lo disponen los artículos 31 y 34 del Decreto 3011 de 2013, estos hombres quedarían bajo una denominada “libertad a prueba”, lo que quiere decir que la libertad podría restringirse de nuevo por tres motivos: 1. Si se reincide en los crímenes; 2. Si se incumple injustificadamente alguna de las obligaciones impuestas en la sentencia o previstas en la Ley para el goce del beneficio, y 3. Si se establece que el postulado no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció.
A la fecha, no sólo no han culminado los procesos judiciales, sino que de los 4.237 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) postulados a la ley 975 de 2005, solo 19 han sido condenados.
De los aproximadamente 2.000 que efectivamente comparecieron a los procedimientos de la ley 975 de 2005, un número importante de ellos cumplirá en 2014, el tiempo máximo de reclusión (8 años) sin que se haya proferido la sentencia alternativa que establece la norma. Así, con el tiempo máximo de pena prevista cumplida, pero sin sanción y sin haber satisfecho los derechos de por lo menos 51.906 víctimas de las reconocidas en los procedimientos, las cárceles abren sus puertas para dar salida a los paramilitares que se acogieron a Justicia y Paz sin que las víctimas hayan sido reconocidas en su totalidad, resarcidas por completo y protegidas de la retaliación de sus victimarios.
La información de la Fiscalía General de la Nación es concordante con estos datos, aunque más preocupante, según este ente investigador, el 15 de agosto de 2014 es el día previsto para la salida de la cárcel de más de 200 paramilitares, entre los cuales están 46 comandantes y mandos medios responsables de delitos como: homicidio, desaparición forzosa, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores, entre otros.
En los medios de comunicación, la Fiscalía de Justicia y Paz ha hecho énfasis en que la salida de paramilitares no corresponde a una excarcelación masiva, explicando que los tribunales de Justicia y Paz han condicionado libertades hasta comprobarse que los desmovilizados cumplan con sus obligaciones en cuanto al esclarecimiento de la verdad, la entrega de bienes para la reparación a las víctimas y no haber delinquido después de su desmovilización. En dichas comunicaciones se establece que el número de desmovilizados que podrían salir de prisión por cumplir requisitos serían unos 160.
A pesar de la falta de certeza sobre el número de desmovilizados que se beneficiarían de la excarcelación, se nombra que, entre quienes saldrían a partir del 15 de agosto se encontraríanRamón Isaza, jefe de las autodefensas del Magdalena Medio, su hijo Oliverio y sus lugartenientes Luis Eduardo Zuluaga y Walter Guisado Ochoa. También estarían los jefes paramilitares de Puerto Boyacá, Arnubio Triana y Gerardo Zuluaga; al igual que Jesús Ignacio Roldán, mano derecha de Vicente Castaño. En libertad quedarían también los dos grandes jefes del Bloque Central Bolívar: el „político‟ Iván Roberto Duque y el jefe militar del bloque, Rodrigo Pérez Alzate. Jorge Iván Laverde, hombre de confianza de Salvatore Mancuso y denunció todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció.
A la fecha, no sólo no han culminado los procesos judiciales, sino que de los 4.237 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) postulados a la ley 975 de 2005, solo 19 han sido condenados.
De los aproximadamente 2.000 que efectivamente comparecieron a los procedimientos de la ley 975 de 2005, un número importante de ellos cumplirá en 2014, el tiempo máximo de reclusión (8 años) sin que se haya proferido la sentencia alternativa que establece la norma. Así, con el tiempo máximo de pena prevista cumplida, pero sin sanción y sin haber satisfecho los derechos de por lo menos 51.906 víctimas de las reconocidas en los procedimientos , las cárceles abren sus puertas para dar salida a los paramilitares que se acogieron a Justicia y Paz sin que las víctimas hayan sido reconocidas en su totalidad, resarcidas por completo y protegidas de la retaliación de sus victimarios.
La información de la Fiscalía General de la Nación es concordante con estos datos, aunque más preocupante, según este ente investigador, el 15 de agosto de 2014 es el día previsto para la salida de la cárcel de más de 200 paramilitares, entre los cuales están 46 comandantes y mandos medios responsables de delitos como: homicidio, desaparición forzosa, desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores, entre otros.
En los medios de comunicación, la Fiscalía de Justicia y Paz ha hecho énfasis en que la salida de paramilitares no corresponde a una excarcelación masiva, explicando que los tribunales de Justicia y Paz han condicionado libertades hasta comprobarse que los desmovilizados cumplan con sus obligaciones en cuanto al esclarecimiento de la verdad, la entrega de bienes para la reparación a las víctimas y no haber delinquido después de su desmovilización. En dichas comunicaciones se establece que el número de desmovilizados que podrían salir de prisión por cumplir requisitos serían unos 160.
A pesar de la falta de certeza sobre el número de desmovilizados que se beneficiarían de la excarcelación, se nombra que, entre quienes saldrían a partir del 15 de agosto se encontrarían Ramón Isaza, jefe de las autodefensas del Magdalena Medio, su hijo Oliverio y sus lugartenientes Luis Eduardo Zuluaga y Walter Guisado Ochoa. También estarían los jefes paramilitares de Puerto Boyacá, Arnubio Triana y Gerardo Zuluaga; al igual que Jesús Ignacio Roldán, mano derecha de Vicente Castaño. En libertad quedarían también los dos grandes jefes del Bloque Central Bolívar: el „político‟ Iván Roberto Duque y el jefe militar del bloque, Rodrigo Pérez Alzate. Jorge Iván Laverde, hombre de confianza de Salvatore Mancuso y quien es fuente de información sobre el involucramiento de los paramilitares con la institucionalidad de todo el departamento de Norte de Santander y Úber Márquez, segundo de Salvatore Mancuso. También quedarán en libertad dos mandos clave de Jorge 40: Óscar José Ospina, quien tiene investigaciones por violencia sexual cometida en El Copey, Cesar, y Édgar Fierro, así como Jairo Alfonso Samper Cantillo, otro miembro del Bloque Norte saldrán de la cárcel John Freddy Gallo y Luis Eduardo Cifuentes, ambos actuantes en Cundinamarca. El máximo integrante del Bloque Montes de María, Edwar Cobos. Por último, saldrá de prisión Manuel de Jesús Pirabán. En agosto también saldrá Fredy Rendón, jefe del frente Elmer Cárdenas quien ya anunció su llegada a Medellín con otros 42 hombres de 70 de su bloque que saldrán para la misma fecha, según lo ha anunciado la institucionalidad de la ciudad.
