Como acompañantes de la Misión de Verificación Humanitaria del Catatumbo con la cual visitamos los espacios humanitarios instalados por las comunidades tras el recrudecimiento del conflicto armado en la región; compartimos el informe final realizado por la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo convocante de esta acción.
La Comisión Por La Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, conformada por los procesos sociales de la región para dar respuesta a la crisis social, política y económica que se presenta, y siguiendo el mandato emanado de la Asamblea comunitaria realizada el día 22 de abril en el municipio de El Tarra, donde participaron cerca de 6000 personas; convocó la Misión de verificación de la situación de derechos humanos y DIH en el Catatumbo, con el objetivo de recoger, visibilizar y dar a conocer a las autoridades correspondientes para su inmediata intervención, las denuncias de vulneración a la población civil históricamente victimizada, promover un diálogo social amplio, participativo e incluyente con los sectores sociales, económicos y productivos de la región; buscando identificar propuestas y consensos de cara a la búsqueda de salidas y soluciones, que nada tienen que ver con la militarización del territorio.
La Misión inició su recorrido el 13 de mayo de 2018 en la ciudad de Ocaña, desplazándose durante los días subsiguientes, para establecer diálogo con las comunidades ubicadas en el corregimiento la Vega de San Antonio y el espacio humanitario de la Vereda Miraflores, del municipio de La Playa de Belén; el casco urbano de Hacarí y los espacios humanitarios Alto de Locutama-Los Cedros y Mesitas, localizados en jurisdicción de esta misma municipalidad; los espacios humanitarios Villa Nueva y la Fortuna, establecidos en el municipio de San Calixto; el Corregimiento de San Pablo perteneciente al municipio de Teorama; el casco urbano del municipio de El Tarra donde se visitó también Filogringo y el espacio humanitario Tarra Sur; el espacio humanitario Miramontes del municipio de Tibú y el casco urbano de éste, donde finalizó el recorrido el día 19 de mayo de 2018.
Circunstancias como el hostigamiento perpetrado en el sector de Mesitas por parte de un actor armado no identificado; sumado a actuaciones de la fuerza pública en la zona que pusieron en peligro a los pobladores y los miembros de la Misión; así como el mal estado de las vías que ocasionó recorridos lentos y el averío de vehículos en los que nos desplazábamos; impidieron cumplir con la totalidad del recorrido previsto, dejando de visitar los municipios de Tibú (corregimiento de la Gabarra), Sardinata (corregimientos de Luis Vero y las Mercedes), y Convención (corregimiento La Cooperativa Saphadana). La Misión se excusa con estas comunidades y les informa que haremos todos los esfuerzos por verificar y acompañar en terreno sus situaciones de vulneración de derechos.
Tomamos nota especial de la actuación intimidatoria y generadora de riesgo, de las fuerzas militares, quienes omitiendo la solicitud especial que les fuere efectuada para que evitaran la interlocución en el terreno dada la actual coyuntura; hicieron presencia y abordaron a integrantes de la Misión en varios centros poblados y vías. A la vez, rechazamos las expresiones estigmatizantes planteadas por los uniformados, en estos encuentros, hacia los líderes sociales de la Comisión y la tergiversación de la información manifiesta en la cuenta oficial de Twitter del Ejercito Nacional, una vez más, desconociendo las solicitudes de la misión.
La situación del Catatumbo en el marco del Derecho Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Afectaciones a las comunidades del Catatumbo, en el marco del conflicto armado
En contextos de conflicto armado interno, surgen obligaciones especiales a los actores de la confrontación, derivadas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el derecho consuetudinario y la juridicidad insurgente, que buscan humanizar la guerra y proteger a la población civil.
En Colombia se desarrolla un conflicto armado no internacional, en el marco del cual se enfrentan ejércitos oficiales e insurgentes. En la región del Catatumbo, confluyen las fuerzas del Estado y se fortalecen estructuras paramilitares, por un lado, y por el otro, el Ejército de Liberación Nacional – ELN y el Ejército Popular de Liberación – EPL, representando proyectos políticos y económicos diversos. La presencia de estos actores y sus propias dinámicas de contradicción entre éstos, ha marcado la realidad de las comunidades.
En el desarrollo de esta Misión, se lograron identificar acciones de los distintos actores armados, que pueden constituir violaciones al Derecho Humanitario y la juridicidad insurgente, en tanto han afectado a las comunidades del Catatumbo (población civil):
La Misión recibió informes sobre la continuidad de enfrentamientos armados que de manera constante generan alteración de las cotidianidades y formas organizativas de las comunidades, así como afectaciones psicosociales, económicas y de derechos básicos.
Los pobladores expresaron su preocupación por el incremento de homicidios -no todos asociados a la actual coyuntura de confrontación entre las insurgencias-; los desplazamientos individuales y colectivos, los daños a viviendas, tiendas y vehículos, y las amenazas y atentados, que con ocasión del conflicto armado se vienen presentando.
Asimismo, en diferentes lugares visitados se recibieron denuncias sobre la contaminación de suelos con Minas Antipersonal (MAP), munición sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) especialmente en los alrededores de las escuelas, caminos inter-veredales y centros poblados. La Misión fue informada sobre lo ocurrido el 7 de mayo de 2018 en la vereda Rio Santos-Teorama, donde un menor de edad perdió la vida al manipular munición sin explotar del Ejercito Nacional.
Las comunidades igualmente expresaron su preocupación por el aumento de la militarización por parte del Estado, lo que ocasiona mayor vulnerabilidad a la población que queda en medio del fuego cruzado entre las insurgencias y de éstas con el Ejército Nacional.
La Misión recibió denuncias en relación con la ubicación y actuación de tropas oficiales, respecto de lo cual se indicó que éstas se resguardan en los centros poblados, utilizando a las comunidades como escudos humanos. En el marco de nuestra labor, se logró constatar, en varios puntos, especialmente en el corregimiento de Filogringo municipio de El Tarra, la presencia de efectivos del Ejército Nacional dentro de lugares de habitación de las comunidades -entre ellos menores de edad- y que pernoctan en viviendas vacías cercanas a centros educativos.
Se informó por parte de las comunidades que en el contexto del paro armado de 15 días decretado por el Ejército Popular de Liberación –EPL, el pasado mes, se retuvieron, despojaron y quemaron vehículos; los comerciantes fueron intimidados para evitar que abrieran sus negocios; se presentaron bloqueos de vías con vehículos de carga pesada (hasta por 19 horas), agudizando la crisis social y económica de los pobladores, la cual continúa a pesar de su culminación. En los últimos días se han registrado pintas alusivas al EPL dentro de centros poblados y durante el recorrido la Misión constató la existencia de un retén del Ejército de Liberación Nacional –ELN.
Adicionalmente, se recibieron denuncias de amenazas e intimidaciones de las insurgencias a las Juntas de Acción Comunal JAC y líderes comunales, quienes además son puestos en riesgo por el Ejército nacional al realizar citaciones para mantener diálogos privados con ellos.
Se suma a lo anterior, información sobre la permanente estigmatización a las comunidades, juntas de acción comunal, movimientos sociales y líderes del Catatumbo, por parte de la fuerza pública.
De otro lado, las comunidades expresaron a la Misión sus preocupaciones por lo que consideran inadecuados procedimientos en las diligencias de inspección y levantamiento de cadáveres que se realizan sin aplicación de los protocolos de Minnesota y Estambul, siendo el Inspector de Policía quien asume esta tarea que debería estar a cargo de Medicina legal, cuyos funcionarios no hace presencia en los municipios. Esta situación puede llevar a posteriores dificultades en materia de esclarecimiento de las muertes que se han venido presentando en la región.
La Misión verificó que el conflicto armado afecta las formas de sostenibilidad económica familiar y de producción y comercialización de sus productos. El paro armado en los diferentes municipios impidió la comercialización de algunos productos básicos y de consumo regular y afectó directamente la economía de la región, especialmente la agrícola por su característica de producción perecedera. Tras el levantamiento del paro hay desabastecimiento en la mayoría de poblaciones visitadas.
La economía familiar se ha visto afectada por la imposibilidad de movilidad, debido al temor por la posible existencia de minas y artefactos explosivos ubicados en diferentes zonas como fincas, caminos y alrededores de los centros poblados y educativos.
Debido al recrudecimiento de la confrontación armada en la región, la comisión constató la suspensión de clases, deserción escolar, traslados e inasistencia estudiantil. Estas anomalías persisten por el temor del conflicto y el posible minado en los alrededores de los centros educativos. Muchos de los estudiantes no han sido incluidos en el Registro Único de Víctimas omitiéndose la aplicación del enfoque diferencial de derechos.
Los derechos humanos de la población del Catatumbo
La normativa en Colombia es prolífera en el reconocimiento de la obligación estatal de proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos, a toda la población. La vida, la dignidad humana, la libertad personal, la asociación, sumados a todos aquellos relacionados con las condiciones de vida digna de las comunidades; forman parte del compendio extenso de instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incorporados a la Constitución Política de Colombia, en virtud del bloque de constitucionalidad. Un lugar importante entre éstos, ocupan los llamados DESCA Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Sin embargo, la realidad de importantes sectores de la sociedad colombiana, en particular de las comunidades del Catatumbo, da cuenta de un sistemático incumplimiento estatal de la obligación de satisfacer las necesidades básicas de la población. Los niveles de pobreza en la región son altos. El acceso a derechos como la salud, la educación, la alimentación y en general a una vida digna, es precario:
Derecho a la Salud
La Misión pudo verificar, en las Unidades Básicas de Atención (UBA), la falta de personal médico y equipamiento técnico, los cuales son insuficientes para cumplir la demanda de la población. Según declaraciones recibidas, en la región hay un médico por cada 5000 habitantes, situación que impide la atención de urgencias las 24 horas del día.
Pocas UBA cuentan con atención especializada, siendo los más requeridos, los servicios de odontología, ginecología, bacteriología y pediatría. En los lugares a donde por diligencia de las comunidades llegan, los profesionales no pueden desarrollar su trabajo por falta de equipamiento. Los equipos existentes están en mal estado o no funcionan. El personal médico denuncia que permanentemente solicitan el cambio de éstos y que sin embargo la única solución son arreglos temporales.
En la mayoría de los casos las UBA solo cuentan con un médico general, usualmente realizando su año rural, lo que genera preocupación en las comunidades por la falta de experiencia.
Por la falta de garantías para su seguridad y el ejercicio digno de su labor, personal médico se niega a trabajar en la región. Algunos denuncian que, por solicitar mejoras en las condiciones de los centros de salud, auditores del Servicio Médico del Instituto Departamental de Salud IDS, les han amenazado con abrir en su contra actuaciones disciplinarias.
Hemos evidenciado la precariedad de la infraestructura de los centros de salud: humedad, electricidad y agua potable intermitente, insuficiente dotación para atención digna de pacientes y para el personal administrativo. Esta situación se ve agravada por pérdidas materiales en las instalaciones que no cuentan con guardas de seguridad.
La región no cuenta con suficientes ambulancias, las pocas existentes están sin dotación adecuada y en malas condiciones mecánicas dificultando la atención en poblados rurales y poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes, agravada con los traslados en las pésimas condiciones de infraestructura vial.
El cuerpo médico denuncia afectación a las UBA porque la ciudad de Ocaña no recibe remisiones haciendo de la atención médica un trámite que dilata la posibilidad de atención oportuna que pone en alto riesgo la vida de la población. Hay poca presencia y atención de IPS en cabeceras municipales, así como incumplimiento de compromisos asumidos recientemente por el secretario del Instituto Departamental de Salud (IDS).
La población denuncia falta de atención prioritaria en salud a menores de edad incluyendo recién nacidos, mujeres en período de gestación, madres lactantes y adultos mayores. A la fecha la realización de brigadas médicas en la región ha sido insuficiente.
En el Corregimiento la Cecilia municipio de Teorama, un estudio técnico detectó la presencia de bacteria Echerichia Coli en el agua potable. La comunidad relaciona esta situación, con la continua contaminación de la boca de toma del afluente por la presencia en él de la Base Militar del Batallón Energético y Vial No X. El IDS afirmó que esta bacteria proviene principalmente de heces fecales y se ha encontrado en otros municipios.
En el municipio de Ábrego la comunidad denuncia inminente amenaza de explotación de Oro en Vereda Las Marías y Neblinas, lo que afectaría directamente los diferentes afluentes que conforman el Río Catatumbo.
Se manifiesta el aumento de la quema y deforestación, así como la contaminación de agua por el Ejército Nacional y por vertientes de químicos para el procesamiento de base de coca y la extracción y procesamiento artesanal de hidrocarburos (pategrillo).
En los espacios humanitarios, frente a la situación sanitaria y de salud se evidencian brotes, infecciones y enfermedades virales afectando especialmente a menores de edad que han presentado varicela, vómito, dolor de estómago, diarrea con sangre y otros.
La mayoría de estos espacios no cuentan con condiciones sanitarias aptas y dignas, tienen difícil acceso al agua potable, los sitios para el descanso son precarios agudizado por el invierno que afecta a quienes duermen en el piso, no cuentan con suficientes baterías sanitarias, equipamiento ni lugares óptimos para la preparación de los alimentos. Estas situaciones se agravan por el hacinamiento registrado en cada uno de los espacios humanitarios.
Se evidencia la urgente necesidad de atención psicosocial a la población en general, especialmente a los menores de edad que son los más vulnerables y a las mujeres que han presentado mayores afectaciones. Las comunidades indican que vienen presentando crisis nerviosas, depresión, ansiedad, miedo, tristeza, rabia, zozobra e incertidumbre.
Derecho a la Educación
La misión verificó que los centros educativos de la región no cuentan con personal docente y administrativo suficiente para cubrir las necesidades de la población estudiantil; así como la falta de materiales pedagógicos e implementos tecnológicos que garanticen una educación de calidad. Se subraya la falta de personal capacitado para el acompañamiento psicosocial de los menores.
Por la falta de instalaciones óptimas, muchos estudiantes deben movilizarse por largos y peligrosos trayectos para acceder al derecho de educación.
La infraestructura de los centros educativos es insuficiente y están en mal estado, presentan grietas y humedad, daños en techos y pisos, no cuentan con baterías sanitarias suficientes, algunas de ellas no funcionan ni se les hacen mantenimiento, entre otras. Muchos de los establecimientos no cuentan con Restaurante escolar, haciendo que los alumnos ingieran los alimentos en las mismas aulas donde reciben las clases.
Se observó carencia de salones que generan hacinamientos de los y las estudiantes en las instituciones educativas. Algunas escuelas presentan goteras y humedades.
Funcionarios de las instituciones educativas informaron que este periodo académico les fue retirado los recursos referentes a la Canasta Educativa y de Gratuidad (recurso de libre inversión) que son responsabilidad del Ministerio de Educación a través del Sistema General de Participación (SGP), lo que afecta la calidad de la educación en la región.
Preocupa sobre manera la aplicación del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (1578 del 28 de septiembre de 2017) que niega una segunda oportunidad para los docentes que en primera instancia no aprueban el concurso de méritos desconociendo el contexto educativo de la región. Así mismo los docentes denunciaron la exclusión de los municipios de Abrego y la Playa en este decreto, para el ingreso al sistema especial de carrera docente en zonas afectadas por el conflicto, priorizadas y reglamentadas.
El cuerpo docente denuncia que la Gobernación y el Ministerio de Educación hacen traslados por razones políticas generando crisis en el desarrollo de las actividades escolares y que las plazas de licencias de maternidad de docentes no son cubiertas.
Derechos Económicos
Se denuncia la falta de apoyo estatal para el desarrollo de la economía regional, ya que las comunidades no cuentan con proyectos productivos que garanticen su sostenibilidad en condiciones dignas y permitan la sustitución y dejación de los cultivos de uso ilícito.
Se manifiesta la falta de apoyo estatal a las formas de economía campesina y solidaria impulsada por las comunidades, como tiendas y cooperativas solidarias ya que solo impulsa el desarrollo de las Asociaciones de productores con una cadena productiva especifica.
Se evidencia la necesidad de inversión social especialmente en las vías que deben ser adecuadas para la producción y comercialización de productos agrícolas de la región.
Las comunidades han manifestado la falta de voluntad de las instituciones de propiciar la participación activa de las comunidades, en la construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y no solamente en la socialización de los mismos. Las comunidades de Abrego, La Playa y Ocaña exigen su inclusión en la construcción e implementación de los PDET que han desconocido que estos municipios hacen parte de la región del Catatumbo.
Una sentida problemática en el Catatumbo, es la precaria infraestructura con la que cuenta la región. Ésta se presenta de manera transversal en todos los ámbitos descritos anteriormente, limitando el pleno goce de los derechos fundamentales de la población catatumbera, por lo cual no se garantizan las condiciones necesarias para que éstas tengan una vida digna.
En términos generales pudimos observar que existe deficiencia en inversión social en materia de infraestructura para la educación, salud y vías de acceso y comunicación, infraestructura deficiente que además se encuentra sin mantenimiento por parte del Estado. También cabe resaltar que existen propuestas y avances comunitarios que logran mitigar este abandono. Se constató la falta de infraestructura de telecomunicaciones lo cual amplia la brecha digital de la región.
Algunas comunidades denuncian que no cuentan con un espacio adecuado para desarrollar actividades que permitan el encuentro comunitario, lúdico y cultural. En algunos sitios no hay un espacio para realizar actividades para más de cincuenta personas, por lo que muchas veces el sitio más idóneo es la sombra de un árbol.
Una de las principales carencias del campesinado es el pésimo estado de las vías que conectan las veredas y corregimiento con los centros poblados de la región, lo que ha generado que las actividades agrícolas no sean rentables por lo difícil que es transportar los productos para su respectiva comercialización, además de la dificultad para el ingreso de alimentos, insumos médicos, materiales, ambulancias, salida de enfermos, heridos, entre otros casos. Por esta razón Se hace necesaria una intervención integral a las vías, que además de rasparlas estén acompañadas de obras de arte (bateas, muros, placas huellas, gaviones, etc.), construcción de puentes, reposición de alcantarillado y su respectivo pavimento.
Los espacios en los que se encuentra concentrada la población refugiada han sido auto-construidos haciendo uso de maderas y plásticos, además de la readecuación de espacios comunales, educativos y en algunos casos establecimientos comerciales. Los mismos no reúnen condiciones de vida digna.
Conclusiones
Para la Misión resulta innegable el incumplimiento de la obligación en cabeza del Estado de garantizar la existencia de condiciones de vida digna en la región, lo cual afecta de manera especial y diferenciada a niñas/os y mujeres. Se constata que el actual contexto en el Catatumbo, no se limita al enfrentamiento entre insurgencias; sino que este es el resultado de una serie de conflictos en materia económica, política, social y cultural. La Comisión por la vida, la reconciliación y la paz de Catatumbo continuará buscando espacios para ser exigibles la deuda histórica, social y humanitaria del Estado con la región.
Las particularidades en que se desarrolla el conflicto armado en la región del Catatumbo ha agudizado la situación humanitaria de las comunidades. Los actores de la confrontación bélica que se desenvuelve en el territorio, deben asumir en su integralidad las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario y la juridicidad insurgente que impone límites a la guerra y asumir compromisos claros que contribuyan a su humanización.
El Estado debe abstenerse a la militarización de los territorios como única solución a un conflicto de carácter multidimensional como el que se desarrolla en Colombia y en particular, en el Catatumbo. Ratificamos que la salida al actual contexto de la región no puede ser el incremento del pie de fuerza, sino la inversión social.
La Misión reconoce las capacidades organizativas de las comunidades que desde sus Asociaciones y Juntas de Acción Comunal han generado condiciones de permanencia en el territorio. Una muestra de la capacidad organizativa son las cooperativas que incentivan la economia campesina solidaria, la soberanía alimentaria como propuesta frente a los cultivos de uso ilícito y los peajes comunitarios para mitigar el abandono estatal.
La Misión anima a las comunidades a continuar los esfuerzos organizativos y la construcción de proyectos de vida y defensa del territorio; y a continuar con un trabajo unitario como hoja de ruta para canalizar todos los esfuerzos, recursos y propuestas.
Consideramos que la Misión de verificación permitió documentar el sentir de las comunidades del Catatumbo. Es nuestro compromiso impulsar la realización de una segunda verificación que nos permita visitar las comunidades a las cuales no pudimos llegar y otras que han solicitado la presencia de la Comisión.
Exigencias
Ante la grave situación en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se requiere la adopción de medidas urgentes a favor de las comunidades del Catatumbo. En este sentido en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 23, las organizaciones sociales que integramos la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, exigimos a cada uno de los siguientes actores, garantías y solución a las siguientes necesidades de las comunidades catatumberas:
Al Gobierno Nacional en cabeza de su presidente Juan Manuel Santos:
1. Avalar la Comisión Mediadora establecida en el Consejo Departamental de Paz y legitimada por cerca de 6000 personas en la Asamblea Comunitaria realizada el día 22 de abril en el municipio de El Tarra.
2. Atorgar todas las garantias politicas, legales y logisticas para que la Comisión Mediadora pueda generar una ruta que permita ponerle fin a la confrontración armada, a tráves del diálogo.
A los actores armados que hacen presencia en la región del Catatumbo, Ejercito Nacional de Colombia e insurgencias Ejército de Liberación Nacional ELN y Ejército Popular de Liberación EPL
1. El cese inmediato de toda confrontación armada.
2. Respeto al Derecho Internacional Humanitario.
3. Asumir compromisos de descontaminación de los territorios donde hay minas antipersona y otros artefactos explosivos que ponen en riesgo a la población, y que hasta hoy han cegado la vida de un menor de edad y herido a tres campesinos.
4. Adoptar mecanismos de evaluación e investigación interna sobre la actuación de sus fuerzas, que permitan la prevención y sanción adecuada de abusos contra las comunidades de la región
En Materia de Educación, al Gobierno nacional, departamental y local en cabeza del Ministerio de Educación y la Secretaria de Educación de la Gobernación del Norte de Santander:
1. Garantizar el acceso a la educación gratuita y de calidad, de niñas/os y adolescentes en las escuelas y colegios de la región; reducir los índices de deserción escolar y posibilitar que la juventud acceda a la educación superior.
2. Se requiere con urgencia oficializar una planta de docentes con perfiles académicos adecuados y el ocupamiento de las vacancias temporales o definitivas que existe.
3. Es necesario el mejoramiento sustancial de la infraestructura educativa, que se encuentra en avanzado estado de deterioro. Para ello, apremia legalizar los terrenos donde se encuentran las instituciones educativas, así como la realización de obras para la construcción de nuevos planteles y la ampliación y adecuación de los existentes, los cuales carecen en su mayoría, de aulas suficientes, auditorios, laboratorios, baterías sanitarias, salas de informática y biblioteca, además de dotarlos de mobiliario, equipos de cómputo y material didáctico.
4. Los Gobiernos Nacional y Departamental deben asegurar la inversión inmediata de recursos para el mejoramiento de la infraestructura pública. La intervención integral a las vías, debe incluir cuando menos, raspado y obras de arte (bateas, muros, placas huellas, gaviones, etc), construcción de puentes, reposición de alcantarillado y su respectivo pavimento.
En Materia de Salud, al Gobierno nacional, departamental y local en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y al Instituto Departamental de Salud IDS:
1. Garantizar el derecho a la salud de los pobladores, lo que implica necesariamente la construcción, adecuación y ampliación de hospitales y centros de salud, especialmente en el sector rural.
2. Los Hospitales, centros y puestos de salud deben ser dotados de equipamientos y suministros requeridos para la promoción, prevención y atención integral y de calidad, así como de los medicamentos suficientes para el oportuno tratamiento de la población.
3. Urge la vinculación de personal médico idóneo para atender la alta demanda de pacientes en la Región, que en algunos corregimientos supera los 700 pacientes por mes. El personal médico debe contar con garantías laborales y seguridad.
4. Se requiere implementar el servicio de celaduría en los centros de salud, garantizando la seguridad y el adecuado recibimiento a los pacientes.
5. Las comunidades, especialmente las niñas, niños y mujeres, deben recibir atención psicosocial y ser reparadas integralmente por las afectaciones causadas en el marco de la confrontación armada. En ello deben comprometerse el Estado en su conjunto, especialmente la Unidad de Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y los Ministerios de Educación y Salud.
En materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales a las siguientes instituciones de gobierno Nacional, departamental y local:
1. A la Secretaria de Desarrollo Económico de Norte de Santander, a la Superintendencia de Economía Solidaria-Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Reconocimiento, respeto, promoción y apoyo a las formas organizativas y de poder popular de las comunidades que desde sus Asociaciones y Juntas de Acción Comunal han generado condiciones de permanencia en el territorio como las cooperativas que incentivan la economia campesina solidaria, la soberanía alimentaria como propuesta frente a los cultivos de uso ilícito y los peajes comunitarios para mitigar el abandono estatal.
2. Al Banco Agrario la condonación, refinanciación y/o ampliación de los tiempos para el pago de créditos vigentes, así como facilidades de acceso a nuevos créditos con intereses bajos y sin tantos requisitos, teniendo en cuenta las dificultades de pago debido a la crisis económica de la región.
3. A la Agencia de Renovación del Territorio -ART, la inclusión a los municipios de Ocaña, Abrego y La Playa dentro de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para la región del Catatumbo. Así mismo que se garantice la participación activa de las organizaciones sociales en la construcción de los PDET y se articulen en éste sus Planes de Desarrollo Sostenible y sus Planes de Vida.
4. Al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, garantizar la infraestructura de telecomunicaciones y el acceso de calidad a las herramientas tecnológicas por parte de las comunidades, para reducir la brecha digital que ha tenido históricamente la región.
5. A la Corporación Autónoma Regional CORPONOR, el Ministerio de Ambiente, el Instituto Departamental de Salud IDS, investigar y tomar medidas para solucionar la problemática de salubridad que presentan los acueductos que abastecen a las comunidades.
6. A las administraciones locales clarificar la procedencia de las ayudad humanitarias entregadas a las comunidades, así como la cuantificación de las mismas.
En materia de Reconocimiento de Derechos como Víctimas del Conflicto Armado al Gobierno Nacional, departamental y local, en cabeza de la Unidad de Víctimas y la Secretaría de Víctimas, Paz y Postconflicto:
1. Reconocer a las víctimas que está generando la confrontación de los distintos actores armados en la región, e incluirlas en el Registro Único de Víctimas de conformidad con la ley de víctimas 1448, y no únicamente mediante la ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres, como se ha venido haciendo.
2. Implementar los planes de retorno a través de la Unidad de Víctimas de manera concertada con la población que permanece en los espacios humanitarios y a quienes han retornado a sus hogares sin garantías ni acompañamiento institucional.
3. Activar según los lineamientos de la ley 1448 los planes de reparación individuales y colectivas correspondientes a las afectaciones producto de la actual confrontación armada que se presenta en la región.
A los organismos de defensa de Derechos Humanos nacionales e internacionales, en cabeza de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, así como a los entes de Control en Cabeza de la Procuraduría y Contraloría Nacional y Congresistas:
1. Velar por la superación dialogada del actual conflicto que afecta la región del Catatumbo
2. Velar por la minimización de los impactos del conflicto armado actual en la población y generar garantías de protección a los líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos de la región.
3. Adelantar con las comunidades programas de formación en prevención y protección ante riesgo de riesgo de minas ERM.
4. Seguimiento y verificación al cumplimiento de las exigencias aquí manifiestas.
Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo,
Junio 2018
Organizaciones que conformaron la Misión de verificación humanitaria:
Asociación de Juntas de Acción Comunal ASOJUNTAS
Asociación campesina del Catatumbo ASCAMCAT
Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA
Movimiento por la Constituyente Popular MCP
Agencia Colombia Informa
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Comisión Nacional de Derechos Humanos Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO
Comisión Nacional de Paz y Derechos Humanos USO
Comisión Nacional de Derechos Humanos Congreso de los Pueblos
Corporación Construyendo Poder, Democracia y Paz PODERPAZ
Corporación de Servicios Profesionales Comunitarios SEMBRAR
Defensoría del Pueblo Nacional y Regional
Dirección de Derechos Humanos Ministerio del Interior
Equipo Jurídico Pueblos EJP
Equipo periodista FRANCE 24
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC
Fundación Antonio Restrepo
Fundación para la Libertad de Prensa FLIP
Grupo Comunicarte
Mesa Departamental de Víctimas
Misión de la Organización de Naciones Unidas en Colombia
Pastoral Social de la Diócesis de Tibú
Paz con Dignidad
Periferia Prensa Alternativa
Programa de protección a líderes y defensores de derechos humanos SOMOS DEFENSORES
Red de Derechos Humanos Marcha Patriótica
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia REDHER
Red de Verificación para la Implementación de los Acuerdos de La Habana
Secretaría de Víctimas, Paz y Postconflicto Gobernación Norte de Santander
