¿Ha sido efectiva la protección a personas amenazadas o en riesgo, proporcionada por el Estado (especialmente líderes sociales)? ¿Qué ha pasado con las investigaciones por el asesinato de 219 líderes y defensores de DDHH en el último lustro? La política pública de protección del Gobierno Santos, pasa “Al Tablero”. Informe Especial SIADDHH.
Hace dos años se sancionaron las nuevas normativas de protección y prevención de agresiones a personas en riesgo (decreto 4912 de 2011, 4065 de 11 y 1225 de 2012). Muchos protegidos y protegidas, carros blindados, escoltas, planes de prevención, análisis de riesgos, al igual que agresiones, amenazas y muertos; pero sobre todo, millones de pesos invertidos en la implementación de estas normativas. Dada la trascendencia del tema en el actual contexto colombiano, consideramos importante hacer un primer seguimiento para saber si ¿Ha servido? ¿Sirve? ¿Qué se ha hecho bien? y ¿Qué le hace falta?
Para ello, el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos – Somos Defensores, realizó un estudio exploratorio, cuyos resultados se recogen en el presente Informe, titulado PROTECCION “AL TABLERO”. Los objetivos estuvieron encaminados a: 1) Contribuir al debate sobre las políticas de protección a población en riesgo; 2) Demostrar con cifras y hechos los altos índices de impunidad que afectan las investigaciones por homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos y; 3) Coadyuvar con información concreta y útil al espacio Mesa Nacional de Garantías, creado entre las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno nacional y la comunidad internacional en la búsqueda de garantías reales para ejercicio de defensa de derechos humanos en el país.
Producto de este estudio encontramos que en los últimos 5 años en Colombia han sido asesinados 260 defensores o defensoras de derechos humanos, 759 amenazados y 97 detenidos arbitrariamente. En total 1313 han sido agredidos por defender los derechos humanos en el último lustro. A la luz de este escenario podemos resaltar dos temas clave; estos son los resultados al pasarlos “al tablero”:
Política de Protección del Gobierno Nacional
En 2011, para proteger a los ciudadanos amenazados, el gobierno nacional creo la Unidad Nacional de Protección – UNP, la cual ha recibido 20537 solicitudes de protección y ha aprobado 7487 desde su creación hasta la fecha; es decir que el 20.4 % de las medidas de protección de la UNP están direccionadas a defensores y líderes sociales, y solo el 36, 8% de las solicitudes de protección hechas por defensores ante la unidad, resultan siendo reconocidas como con riesgo real.
La UNP cuesta 200 mil millones de pesos al año; 739 funcionarios de planta. Sin embargo el 70.2% de su presupuesto va a para a manos de empresas privadas de seguridad que prestan el servicio de Protección (esquemas de seguridad, chalecos, teléfonos, armas). Estas empresas tienen contratados a 2430 escoltas al servicio de la UNP que cuestan más de 12 mil millones de pesos AL MES. De los más de 3000 empleados encargados de la protección a personas en riesgo en Colombia mediante la UNP, el 76.7% de ellos son actores privados.
La Defensoría aduce haber advertido riesgos contra la vida e integridad de organizaciones sociales, líderes sociales y defensores de derechos humanos en 119 Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento entre 2009 y 2013 para más de 200 municipios y ciudades. Muchas autoridades a la fecha, dicen desconocer los informes. Hay una enorme deuda del Ministerio del Interior en temas de prevención a estas agresiones.
Justicia en homicidios contra defensores(as) de DD.HH.
95% DE IMPUNIDAD en la investigación por los crímenes contra defensores y líderes sociales entre enero 2009 y junio 2013. Solo en 12 de los 219 casos han dado resultado las investigaciones lo que significa que tan solo en el 5% de los casos, las investigaciones han pasado de la primera etapa del nievo sistema penal acusatorio.
Solo en el 2.2% de los casos reportados (tan solo 5 homicidios de 2019) están en etapa de juicio y la Fiscalía reconoce que fueron crímenes contra defensores de derechos humanos.
59 homicidios de los 219 reportados están “embolatados” en la Fiscalía. El ente investigador no tienen datos, no saben si están muertos o no, no saben si hay abierta una investigación, o sencillamente nunca respondieron a la solicitud de información. El 27% de los crímenes contra defensores de derechos humanos en Colombia entre 2009 y 2013 están en el limbo.
En el 82% de los casos, la Fiscalía no reconoció la labor de liderazgo o defensa de los derechos humanos que realizaba el asesinado(a). Antioquia, Cauca y Córdoba son los departamentos en los que las Fiscalías Seccionales menos reconocen la labor de los defensores y líderes sociales asesinados.
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