Informe sobre el avance del cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional enero a mayo 2023
Tal vez la principal esperanza que pusieron los electores que llevaron al poder a Gustavo Petro y Francia Márquez fue el anuncio de sacar al país de la violencia duradera y endémica y su compromiso de hacer la paz con todos los actores generadores de violencia en los territorios, conocida luego como la paz total.
Desde un comienzo se expresó la intención de llegar a este proceso mediante un cese al fuego (de ahora en adelante CF) y un desescalamiento de la violencia que permitiera superar la devastadora crisis humanitaria, que se fue agravando progresivamente en cada uno de los años de gestión del Gobierno de Iván Duque, haciendo que su último año hubiera sido el más crítico en afectaciones humanitarias a la población civil y de reposicionamiento y expansión de actores armados en los territorios desde la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC.
A poco de iniciado el gobierno, el Comisionado de Paz Danilo Rueda anunció en el mes de septiembre que al menos 10 grupos armados[1], incluidas las dos disidencias de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, habían iniciado un cese al fuego unilateral en Colombia “como parte de la exploración del gobierno de Gustavo Petro para alcanzar una paz total». Las expectativas fueron mayores cuando minutos antes de la medianoche del fin de año 2022, el presidente anunció de manera oficial el comienzo formal del CF con cinco de las principales organizaciones armadas que hacen presencia en el país (El Ejército de Liberación Nacional – ELN, las disidencias conocidas como Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia, y los grupos paramilitares de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada – ACSN (conocidas como los Pachencas) y las (AGC o Clan del Golfo).
Cinco meses después de este anuncio el cese no marcha como se esperaba. Dos días después del anuncio presidencial, el ELN se desmarcó del anuncio del Gobierno Nacional afirmando no haber suscrito dicho CF y que, en caso de darse, este sería un resultado de acuerdos concertados en la Mesa de Negociación. Para el 19 de marzo, el presidente anunció el fin del CF con los paramilitares de las AGC, después de que este grupo presionara e influenciara un paro que buscó poner contra las cuerdas al gobierno cuando éste buscó afectar los medios con los que controla las economías ilegales de la megaminería en el Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Sur de Córdoba y Sur de Bolívar, forzando una movilización de la población civil y de agremiaciones mineras que desde un principio salieron de manera voluntaria y pacífica. Las acciones irresponsables y violentas de las AGC en el contexto del paro minero afectaron la movilidad de cerca de un millón de personas, en medio de un accionar armado en que se perpetraron bloqueos violentos, incendios de vehículos, ataque a ambulancia y a miembros de la policía[2].
El pasado 22 de mayo, el presidente anunció el fin del CF y el inicio de operaciones ofensivas en cuatro departamentos del suroriente del país con las Disidencias de las Farc (Estado Mayor Central) luego del asesinato de cuatro menores de edad pertenecientes a una comunidad indígena, que habían sido previamente reclutados de manera forzada. Este nuevo hecho ha puesto en evidencia que la estrategia de CF, como fue diseñada y puesta en práctica, no resultó como estaba prevista con miras a generar el ambiente de confianza necesario para dar inicio a negociaciones de paz o conversaciones para la sujeción a la justicia de las distintas organizaciones armadas ilegales, pero más preocupante aun, su desarrollo no ha permitido superar las dramáticas afectaciones humanitarias a la población civil en los territorios, y sus resultados en términos de desescalamiento de las acciones violentas muestran avances en algunos aspectos pero también se manifiesta preocupaciones en muchos otros. Por ejemplo, aunque en general se han presentado leves reducciones en las afectaciones de la vida de civiles (las AGC y el EMC se empeñan aun en altos registros de homicidios), también se constata que, para mantener una imagen de cumplimiento a los compromisos en este sentido, se han evidenciado también acciones de disimulación, encubrimiento o desviación de autoría en distintos casos de asesinatos de civiles en distintas regiones. Se han reducido los incidentes de enfrentamientos con la Fuerza Pública, pero hay evidencias de incremento en el reclutamiento forzado de niños/as, jóvenes y adolescentes en los primeros 5 meses del cese al fuego[3].
El presente documento elaborado desde el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, hace un seguimiento a los 5 primeros meses del funcionamiento del CF, con base en informaciones documentadas por varias de las 292 organizaciones de la CCEEU que hacen presencia en los territorios, el rastreo de informaciones en medios de prensa, con verificación de los mismos hasta donde resultó posible por indagaciones de activistas de derechos humanos que integran las organizaciones en los distintos nodos de la Coordinación[4].
El período comprendido en este informe, abarca desde el inicio de la vigencia del CF el primero de enero hasta el día 22 de mayo, en que se anunció la suspensión del CF con las disidencias EMC de las FARC-E.P.
En este período el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, con colaboración de las organizaciones de la CCEEU documentó 106 casos de violación del CF, distribuidos entre afectaciones humanitarias a la población civil (58 casos), eventos hostiles entre partes armadas (41 casos) y 7 casos adicionales de control armado sobre centros poblados mediante patrullajes armados y/o retenes militares.
Es notorio que el mayor porcentaje de vulneraciones del CF (59%) correspondió a acciones con consecuencias humanitarias sobre la población civil (58 episodios) y 41 episodios correspondieron a eventos hostiles (41% de los casos). Ello pone de presente la necesidad mayor de reenfocar los acuerdos, abordando con urgencia y prioridad los alivios humanitarios, tal y como lo han reclamado las distintas Mesas y Procesos Humanitarios y de Paz en diferentes regiones del país.
Las responsabilidades por las infracciones documentadas al CF evidencian que el EMC de las FARC-E.P. con 59 vulneraciones es el grupo que más habría violado los compromisos, para cada uno de los meses reportados. Las AGC con 27 afectaciones documentadas estaría en segundo lugar, aunque si se consideran los homicidios selectivos sería el grupo más responsable. Las estructuras de la Segunda Marquetalia con 13 vulneraciones, la Fuerza Pública con 6 y las ACSN con 1 infracción documentada mostrarían los compromisos de distintas fuerzas con estas vulneraciones. Con respecto a la dificultad para documentar casos de este último grupo paramilitar en que están implicados, se conoce el estado de intimidación que ejerce este grupo a través de procesos de cooptación de procesos sociales para desde allí encubrir sus crímenes, como señalaremos más adelante.
Las AGC, a pesar de reiteradas expresiones de interés en la estrategia de Paz Total, han utilizado el CF para potenciar la expansión de su presencia territorial y la extensión de sus actividades criminales en la economía ilegal, manteniendo altos niveles de homicidios selectivos, amenazas y desplazamientos en las zonas bajo su control. El Defensor del Pueblo ha constatado que “antes del cese al fuego, la presencia de esta organización criminal oscilaba entre 12 y 14 departamentos, sin embargo, ya se encuentra en 20”[5], es decir, prácticamente que han duplicado su presencia, la cual se ha expandido según el mismo funcionario a 398 municipios[6].
La base de su estrategia de expansión está basada en la incursión en nuevos municipios y áreas urbanas, en el control del microtráfico, como medio de involucramiento y reclutamiento de jóvenes implicados en actividades de consumo o que tienen deudas por haber caído inmersos en dichas conductas, conformando un verdadero “holding del crimen, que maneja varias actividades criminales como el narcotráfico y la minería ilegal” y que a su vez “tiene subcontratadas a estructuras del crimen organizado para actividades como el microtráfico y la extorsión”, pero bajo una estructura que les permite tener mando y control sobre las mismas[7]. El abusivo aprovechamiento del CF por parte de las AGC fue constatado por el mismo presidente Petro señalando que el cese los había puesto en el mejor de los mundos, y que además “el cese al fuego bilateral que pactaron con grupos como el Clan del Golfo solo funcionó para despejarles el camino y hacerles más fáciles sus movimientos por el territorio, una ventaja que los puso por encima de otros grupos armados y que, en la práctica, los ayudó a seguir con sus actividades ilegales y engrosar sus tropas”[8]
Las disidencias del EMC también han usado la menor presión que sobre sus tropas implico el acuerdo del CF para expandirse a nuevos territorios, incluso incrementando el reclutamiento de niños. De acuerdo con los registros, el EMC ha sido el grupo que más vulneraciones al cese al fuego presenta para cada uno de los meses monitoreados. La Defensoría del Pueblo expresa que este grupo ya hace presencia en 19 departamentos, y que incluso ha instalado centros de reclutamiento y entrenamiento de niñas y niños en el norte del Cauca[9]. Aunque las graves infracciones a los compromisos del cese por parte del EMC con el asesinato de los niños reclutados llevaron a la suspensión con este grupo en Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta, lo cierto es que más del 70% de sus afectaciones no se presentaron en estas zonas, sino en la región del Pacífico y Suroccidente por parte de las estructuras vinculadas al Comando Coordinador de Occidente, particularmente en el Departamento del Cauca y en el Sur del Valle. En municipios como Jamundí los secuestros, extorsiones, desplazamientos, asesinatos y masacres por parte de la estructura Jaime Martínez han aumentado de forma alarmante, sin mayores consecuencias en el desarrollo del proceso. La decisión simultánea del Gobierno de suspender el cese y al mismo tiempo anunciar el nombramiento y liberación de voceros para el inicio de negociaciones con esta organización, ha planteado interrogantes sobre si hay o no consecuencias previstas por la vulneración del cese al fuego[10].
Aunque los 106 casos de vulneraciones al CF son de por si una cifra elevada, otras entidades han registrado cantidades mayores de estas afectaciones al CF. Una cifra similar a la documentada por este observatorio la ha presentado recientemente la Defensoría del Pueblo, pues informa que en los primeros 5 meses del año se presentaron 117 acciones violentas de incumplimiento al CF, siendo Cauca, Nariño y Antioquia los departamentos más afectados[11]. La Coordinadora Humanitaria reportó para el primer trimestre del año un total de 99 acciones hostiles y 219 violaciones, que ubican a las AGC (108 vulneraciones) y al EMC (82) como los mayores responsables, seguidos del ELN (68) teniendo presente que el ELN no acogió el CF y la Segunda Marquetalia (22)[12]. La Defensoría del Pueblo ha concluido que ninguno de los grupos armados está cumpliendo el cese al fuego[13].
El propio Ministerio de Defensa ha informado que solo 3 grupos de los 5 que iniciaron el CF (Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada), en los primeros 130 días del cese han llevado a cabo 279 acciones armadas, mientras que, por otra parte, el ELN y el Clan del Golfo, que se apartaron del acuerdo con el gobierno, han realizado 222 acciones armadas adicionales, en este tiempo, para un total de 491 acciones entre estos 5 grupos[14]. En este tiempo, según datos del Ministerio de Defensa los grupos ilegales han asesinado a 77 personas, de las cuales 57 eran civiles ajenos al conflicto armado y 20 eran uniformados.
Sin embargo, luego de afirmar que la Fuerza Pública es la única que está cumpliendo el acuerdo de cese el Defensor del Pueblo expresa de manera preocupante que “lo que sí es evidente es la inacción en la que se encuentran”[15]. Ello querría decir que, estarían omitiendo sus deberes, pues, como se ha señalado, cerca del 60% de las vulneraciones del CF están directamente vinculadas con violencia sobre civiles o afectaciones humanitarias a las organizaciones y el tejido social.
Estas conductas que han impedido una recuperación del control de la seguridad en los territorios por parte del Estado y el avance en la expansión y control territorial por distintos actores ilegales, ocasionando la persistencia de una grave crisis humanitaria en amplias regiones del país, luego de 5 meses de los CF, Colombia se ubicó en el tercer puesto de crisis humanitarias más desatendidas del mundo, según la lista anual del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), en la que entramos por primera vez[16]. Expresión de esta crisis es el número de personas desplazadas asociadas con el conflicto y la violencia en Colombia fue uno de los más altos en más de una década, a finales de 2022 había 4,8 millones de personas en situación de desplazamiento[17], solamente entre enero de 2022 y marzo de 2023 se sumaron 252.658 víctimas de desplazamientos forzados, más de un cuarto de millón de personas, según datos de la UARIV, en tanto 21.900 personas permanecían bajo confinamiento en el mismo período[18]
Según la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas, al comenzar el 2023 al menos 7.2 millones de personas viven la influencia de distintos grupos armados no estatales, debido a la expansión que han alcanzado los grupos armados ilegales en cerca de la mitad de los municipios del país, con base a los datos de la Defensoría del Pueblo[19]. Bajo este contexto, en los primeros 5 meses del año 2023 fueron asesinados 69 líderes sociales, en tanto que 14 ex combatientes firmantes de la paz con las FARC fueron también asesinados[20]. Con corte a 30 de junio, además se han perpetrado 40 masacres en las que han sido asesinadas 133 personas, según cifras de Indepaz[21].
Este curso de afectaciones humanitarias y de incumplimiento extendido de los compromisos con el cese al fuego por parte de los grupos armados, debería implicar serios replanteamientos en su estrategia y en la ruta prevista para la llegada a la mesa de negociaciones o conversaciones por parte del gobierno. En este sentido, a partir de las constataciones anteriores del precario funcionamiento del cese al fuego y su vinculación con el mantenimiento e incluso deterioro de la situación humanitaria en los territorios, la CCEEU hace las siguientes recomendaciones:
- Acelerar y reforzar las medidas para implementación de la política de Paz Total que se pretende llevar a cabo con diferentes grupos armados ilegales, reconduciendo la dirección y gestión de la misma, de modo que su avance genere la necesaria confianza entre la sociedad colombiana.
- Condicionar el acceso y desarrollo de las conversaciones de paz o de sujeción, a comprobados y verificables cumplimientos de los compromisos contenidos en los acuerdos de cese al fuego.
- Plantear una estrategia ordenada, progresiva y gradual para alcanzar condiciones de cese al fuego verificables y multilaterales. Se debe Priorizar dentro de la estrategia de ceses al fuego el cumplimiento estricto de la normatividad humanitaria, poniendo fin a cualquier afectación a las personas civiles, y acatando el llamado de las organizaciones sociales, mesas y procesos humanitarios a implementar alivios, espacios y corredores humanitarios.
- De manera gradual se podría avanzar en acuerdos sobre ceses de hostilidades entre los grupos o de desescalamiento de acciones militares, y posteriormente, a partir de allí, discutir en las mesas de conversaciones las medidas para la terminación o cesación de las economías de guerra o involucramiento en dinámicas de economías ilícitas.
- Hacer públicos los Protocolos referidos a conductas permitidas y prohibidas con los actores armados, de modo que den confianza a la sociedad y permitan a las organizaciones y movimientos sociales llevar a cabo actividades de registro, documentación y monitoreo del cumplimiento efectivo de dichos compromisos.
- Ampliar la participación de las organizaciones sociales en los territorios para llevar a cabo actividades de monitoreo y de verificación sobre el cumplimiento del cese al fuego, atendiendo los llamados a mayor participación de la sociedad formulados por la Coordinadora Humanitaria.
- La OACP debe habilitar espacios para dialogar territorialmente con las organizaciones que pertenecen a esta plataforma, así como con Mesas y Procesos Humanitarios, para que reciba las propuestas que se vienen consolidando; en ese sentido es necesario que el Alto Comisionado, escuche las observaciones que hay sobre los procesos que adelanta en cuanto a la paz urbana en Buenaventura y Medellín.
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Informe sobre el avance del cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional enero a mayo 2023
