Como integrantes de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, compartimos el Informe sobre la compleja situación de agresiones a líderes y defensores de DDHH en Colombia,  presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 161 Periodo de Sesiones – Marzo de 2017.

En este, se solicita que las investigaciones por ataques sistemáticos a defensores de derechos humanos “sean asumidas por la Unidad Especial de Investigación creada por el Acuerdo Final de Paz. Así mismo a que se fortalezcan las labores de inteligencia que permitan desmantelar los grupos armados que violan los derechos humanos de esta población”[xiv] y se reglamenten a la brevedad tanto el Sistema Integral de Garantías para líderes y defensores de derechos humanos, como que se dé efectividad a los planes para el desmonte del paramilitarismo a través tanto de la Unidad de Élite de la Policía como de los Planes que se acuerden en la Comisión Nacional de Alto Nivel de Garantías de Seguridad».

A continuación la totalidad del informe…

Ataques a los defensores de derechos humanos en Colombia se incrementan por falta de voluntad para esclarecer y desmantelar las estructuras criminales que los perpetraron

Al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017 registró en reciente informe la Defensoría del Pueblo. Según el Defensor del Pueblo “estas violaciones a los derechos humanos son generalizadas al tener un número significativo de víctimas, pertenecientes a grupos de características semejantes, y sucedidas en un mismo periodo y espacio geográfico”[i].

En su informe anual sobre los derechos humanos en Colombia el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó que “En 2016, la situación de los defensores de derechos humanos siguió siendo motivo de preocupación”, habiendo registrado 389 ataques, entre los cuales, 63 homicidios, 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual. Entre las víctimas asesinadas estaban cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes LGBTI, tres sindicalistas, un líder afrocolombiano y dos líderes juveniles[ii].

Con diferentes criterios para categorizar a los defensores de derechos humanos y los liderazgos sociales, otras entidades como el Programa Somos Defensores identificó 481 agresiones, entre las cuales 80 asesinatos, 49 atentados, 317 amenazas y dos desapariciones forzadas, en tanto que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), registró 117 asesinatos, 46 atentados, 350 amenazas y cinco desapariciones forzadas [iii]. La Marcha Patriótica, el movimiento social y político recién creado para facilitar la transición política frente al proceso de paz, denunció que desde su fundación en julio de 2010 ha sufrido el asesinato de 132 de sus integrantes[iv], y la Cumbre Agraria denunció recientemente 116 asesinatos de líderes sociales durante el 2016 y 31 en lo que va corrido de este año. El Programa Somos Defensores documenta que la mayor parte de estas agresiones contra defensores de derechos humanos provienen de grupos paramilitares puesto que fueron los responsables de 267 de las 317 amenazas de muerta proferidas en 2016[v], al tiempo que incrementaron su responsabilidad en los asesinatos pasando de 6 homicidios en el 2015 a 45 asesinatos en el 2016[vi].

La Fundación Paz y Reconciliación denunció esta semana que desde la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC han sido asesinados 29 líderes sociales y 116 han sufrido amenazas[vii]. En su más reciente informe la Defensoría del Pueblo denunció que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 01 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados[viii].

Más allá de los diferentes criterios y cifras, la realidad dolorosa es que mientras el índice de homicidios y las acciones militares se han reducido como consecuencia del cese de hostilidades  y los procesos de paz en marcha, se han venido implementando una dinámica de ataques sistemáticos, persecución y exterminio de líderes sociales y defensores sociales frente a los cuales el Estado Colombiano ha sido incapaz de desmantelar las estructuras criminales detrás de estos crímenes y ha sido incapaz de llevar ante la justicia a sus responsables y perpetradores.

Por el contrario, la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, que desde el año 2009 había servido como espacio de interlocución y concertación de medidas para enfrentar las agresiones y medidas que afectaban el libre ejercicio de su labor, no ha vuelto a ser convocada desde hace dos años, en tanto las Mesas Regionales de interlocución y reconocimiento han sido permanente aplazadas por el Ministerio del Interior, tal y como ocurrió con la Comunidad de Paz de San José de Apartado que solo pudo realizarse luego de más año de aplazamientos. En regiones como el Departamento del Cauca la Mesa Regional si ha mostrado una dinámica importante para la concertación, aunque sin mucho cumplimiento, de medidas frente a la protección de los líderes sociales, pero esta experiencia no se reproduce en otros regiones. Por el contrario, las actividades de defensa de derechos como las ejercidas a través de la protesta social han sido objeto de severas restricciones en el nuevo Código de Policía, y facultades  amplias para disolverlas, así como la autorización para registros masivos de intimidad e interceptación a través del monitoreo sin restricciones del espectro electromagnético establecidas en este nuevo Código así como en la Ley de Inteligencia. Mientras se incrementa la presencia y el accionar de los paramilitares en regiones como el Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander, el Ministro de Defensa niega la existencia de estos grupos[ix] y el Fiscal General de la Nación dice no encontrar ninguna sistematicidad en los ataques que se repiten con mayor frecuencia contra los lideres sociales y defensores de derechos humanos[x], especialmente en las zonas rurales.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha decidido concentrar sus investigaciones exclusivamente en los casos de homicidios y solo los ocurridos a partir del año 2015, dejando por fuera más de 500 casos de asesinatos de defensores/as asesinados desde el año 2002. De el Plan acordado con las organizaciones de derechos humanos durante la gestión del anterior Fiscal General de la Nación, para destrabar los procesos de crímenes contra defensores de derechos humanos, conocido como ‘Plan Esperanza’ nada volvió a saberse y la interlocución con la nueva administración de la Fiscalía se ha roto, pues ni el Fiscal ni la Vice Fiscal han aceptado reunirse con las Plataformas de Derechos Humanos ni con la Cumbre Agraria. De los procesos contra 729 defensores de derechos humanos asesinados identificados junto con Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos no hay noticias, permaneciendo casi todos los casos en la impunidad. La Fiscalía ni siquiera cuenta con una base de datos propia que le permita concentrar investigaciones en la unidad especializada en ataques a defensores, y para fines investigativos concentra sus esfuerzos en los casos de éxito asegurado o en aquellos que involucrarían la responsabilidad de miembros de grupos guerrilleros. Los asesinatos por agentes estatales de manifestantes que ejercían derecho a la protesta no muestran ninguna voluntad de avances investigativos.

Frente a los altos mandos máximos responsables de crímenes contra los derechos humanos la Fiscalía no muestra resultados eficaces. Tampoco frente las más de 15.700 compulsas de copias frente a empresarios, dirigentes políticos y militares que fueron mencionados como colaboradores, promotores, financiadores o beneficiados por el paramilitarismo en el marco de la ley de justicia y paz . Durante cerca de 10 años estas compulsas estuvieron paralizadas presumiblemente en espera de abordarlas cuando se acordara una solución final al conflicto armado en negociación con las guerrillas. Una vez acordado un marco jurídico para poner fin al conflicto por medio de la Jurisdicción Especial de Paz, tanto el Congreso como el Gobierno y la Fiscalía se pusieron de acuerdo en excluir a altos mandos de rendir cuentas por la responsabilidad jerárquica y excluir de la JEP a tercer civiles por sus actividades de financiación y colaboración con paramilitares a no ser que dicha financiación se demostrara como dirigida a crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo que hace casi imposible el procesamiento de estos[xi].

Ante la impunidad reinante en la Fiscalía frente a los máximos responsables detrás de las estructuras paramilitares, se acordó en el proceso con las FARC la creación de una Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales “sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, responsables de homicidios contra defensores de derechos humanos o personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz y una Unidad de Elite de la Policía dirigida especialmente a su individualización y combate. De manera insólita, el Fiscal, que no ha mostrado voluntad de voluntad de llevar a la justicia a los máximos responsables detrás de estas estructuras criminales se ha opuesto a la creación de esta Unidad Autónoma, y ha hecho incidencia en recientes audiencias en el Congreso para oponerse a la reglamentación constitucional de la misma, llegando a sugerir que en caso de crearse la Unidad Especial para el desmonte esta no podría contar con las capacidades investigativas de la Fiscalía para investigar las 15.700 compulsas de procesos por paramilitarismo que la Fiscalía nunca investigó[xii].

Mientras el Fiscal General ha buscado impedir que los delitos de los reincidentes y desertores de las FARC y los delitos relacionados con el reclutamiento de menores por parte de las FARC o el porte ilegal de armas por parte de las FARC no sean objeto de beneficios en los nuevos mecanismos de justicia transicional acordados[xiii], ha guardado conveniente silencio con las propuestas legislativas que impedirán que terceros civiles que promovieron el paramilitarismo,  colaboraron o financiaron sus estructuras criminales o se beneficiaron de sus acciones deban rendir cuentas de sus acciones en la Jurisdicción Especial de Paz, lo mismo que jamás expresó ninguna objeción al hecho de que los mandos militares hayan sido excluidos en la reglamentación de la JEP de su obligación de responder por graves crímenes contra los derechos humanos perpetrados por sus tropas en virtud de la consagración reforma constitucional reciente que impide la aplicación a los mandos de las Fuerzas Armadas de los criterios de responsabilidad del superior jerárquico consagrados en el estatuto de la Corte Penal Internacional y otros tratados internacionales suscritos por Colombia.

Por estas razones, las organizaciones convocadas a esta audiencia respaldamos el llamado de la Defensoría del Pueblo de que las investigaciones contra los ataques sistemáticos contra los defensores de derechos humanos “sean asumidas por la Unidad Especial de Investigación creada por el Acuerdo Final de Paz. Así mismo a que se fortalezcan las labores de inteligencia que permitan desmantelar los grupos armados que violan los derechos humanos de esta población”[xiv] y se reglamenten a la brevedad tanto el Sistema Integral de Garantías para líderes y defensores de derechos humanos, como que se de efectividad a los planes para el desmonte del paramilitarismo a través tanto de la Unidad de Elite de la Policía como de los Planes que se acuerden en la Comisión Nacional de Alto Nivel de Garantías de Seguridad.

Ver en PDF acá: Impunidad de Responsables de Ataques a Defensores (2)