Tras el hostigamiento del pasado domingo a una comisión de verificación de la masacre en Tumaco, donde seis campesinos murieron, los tumaqueños siguen buscando a personas desaparecidas. Esperan que los responsables sean juzgados.

El mejor indicio de la compleja realidad que afrontan Tumaco y su gente lo dio este lunes en la mañana la Fiscalía, con el anuncio de que la fiscal general (e), María Paulina Riveros, viajaba de inmediato a ese pueblo de Nariño a “verificar el estado de las investigaciones penales y sus avances”. Riveros se unió así al equipo de un fiscal y 22 funcionarios del CTI, que fueron enviados a la zona la semana pasada para indagar sobre la muerte de seis campesinos que, al parecer, apoyaban una protesta en contra de la erradicación forzosa, y habrían sido baleados por la Policía.

La imagen de esa institución tambalea desde el pasado 5 de octubre, cuando seis campesinos murieron por disparos, y Policía y Ejército aseguraron que las víctimas fueron atacadas por alias Guacho, disidente de las Farc, y hombres bajo su mando. La versión de la Fuerza Pública fue que Guacho usó hasta cilindros convertidos improvisadamente en bombas. Medicina Legal confirmó que las víctimas mortales tenían heridas de proyectiles, pero rechazó que los disparos se hubieran producido a corta distancia —como decían algunos campesinos de la zona— o que se hubieran usado cilindros bomba —como decía la Fuerza Pública—.

Ese fue el primer episodio que puso la imagen de la Policía en la picota pública. El segundo tuvo lugar el domingo 8 de octubre, a las 2:25 de la tarde, cuando se escucharon cuatro explosiones en la vereda El Tandil, zona rural de Tumaco (Nariño). Segundos después salieron gritos del interior de la selva. El nerviosismo se expandió en medio de un grupo de unos 80 campesinos que estaban pendientes de la comisión de 15 personas que había ido monte adentro. Por radio comunicaron: “Nos dispararon y nos mandaron granadas”.

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La comisión se internó en la selva luego de que un indígena reportara que, en un recorrido que había hecho esa mañana, encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición. La comunidad enfatizó que varios de sus miembros están desaparecidos después de la masacre del pasado 5 de octubre. El cuerpo que estaban buscando cuando la Policía abrió fuego contra ellos sería de una de esas personas de las que no tienen noticia.

Este lunes, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo públicamente que El Tandil no era “un sitio turístico donde se puede ingresar sin permiso (…), está comisión llegó por sorpresa acompañada de gente que pretendía ingresar, cosa que provocó la oposición de los policías con granadas de aturdimiento”. En terreno, sin embargo, la realidad fue otra. Antes de entrar a la zona, el subsecretario de Gobierno de la Gobernación de Nariño, Ítalo Pantoja, conversó con un capitán de la Policía. Le comentó que una comisión, acompañada por entidades como Naciones Unidas y la OEA, entraría a verificar la existencia del cuerpo que el indígena había visto. El policía le contestó que no había problema.

Pero problema sí hubo. La comisión se encontró a la Fuerza Pública, que exigió  que salieran de la zona. La comisión respondió que iba con el apoyo de organismos nacionales e internacionales, pero esas palabras no causaron efecto. A su lado cayeron gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y disparos de arma de fuego. “Le apuntaron al indígena que nos iba guiando. Vi cómo las balas levantaban la tierra al lado de él”, contó Juliana Romero, integrante de Justapaz.

“Para quienes entendemos de armas sabemos que las granadas de aturdimiento y las de fuego tienen sonidos muy parecidos y me parece que hay confusión en el tema”, expresó el general José Ángel Mendoza, tras una reunión con la comisión víctima del ataque que se adelantó ayer.

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Durante varios minutos un miembro de la guardia indígena intentó comunicarse con la comisión, pero no se reportaban. Luego las 15 personas de la comisión salieron en tres grupos, se dispersaron en el momento del ataque. Tras haber salido de la zona, Pantoja declaró: “Ese capitán (de la Policía) es un tipo cobarde que falló a su palabra”.

La Policía emitió un comunicado en el cual afirmó que “un grupo indeterminado de personas intento (sic) ingresar a la fuerza por la parte posterior de la base, circunstancia que conllevó a que los uniformados activaran dos granadas de aturdimiento que no dejaron heridos”. La Misión de Verificación de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de paz en Colombia de la OEA, al rechazar la agresión aseguraron, a través de  un comunicado, que “en ningún momento la misión dejó de comunicarse con los mandos de la Fuerza Pública  en el lugar para explicar los propósitos de su visita y coordinar el acceso al lugar”.

 A su vez, miembros de las organizaciones sociales expresaron su disgusto por el comunicado de la Policía. Tras la reunión que se adelantó este lunes, el general Mendoza admitió: “Con las versiones que hemos recibido, es obvio que hay una equivocación. No hubo uso de la fuerza por parte de la comisión”.

Mientras tanto, los campesinos siguen atemorizados por la presencia de la Policía en el sector de la masacre, según ellos varios de esos uniformados dispararon y han amenazado a los habitantes de la zona. También están tratando de consolidar la información acerca de las personas que se encuentran desaparecidas. Hasta el cierre de esta edición continuaba en la zona el equipo del CTI intentando entrar a verificar la existencia del cuerpo que vio el indígena. Él, sin embargo, denunció amenazas contra su vida, por lo que no quiso acompañarlos. En la zona también han denunciado que la escena del crimen ha sido alterada por la Policía, cortando troncos de árboles que recibieron impactos de bala.

El desencanto de estas personas sobre la paz que les ha prometido el Gobierno está creciendo. “Acá no es paz, es pas, pas, pas”, dijo una campesina de la región tras escuchar las explosiones de las granadas aturdidoras con las que atacaron la comisión.

El fatídico preludio

El pasado 5 de octubre unos 150 campesinos desarmados se encontraban apostados en la carretera comunitaria, un camino de asfalto de 2 metros de ancho, intentado evitar la entrada de los erradicadores de la fuerza pública que iban a arrancar los  arbustos de coca. Se estima que en Tumaco hay 23.148 hectáreas de esta mata, lo que lo convierte en el municipio con más sembradíos del país.

Cuando eran las 10 y 20 de la mañana, dicen, que la Policía Antinarcóticos abrió fuego sobre la protesta. Varios aseguran que vieron, incluso, que los uniformados ultimaron a una de las personas que cayó herida. La versión de la fuerza pública fue totalmente distinta. En un comunicado afirmaron que las muertes se produjeron por tatucos y disparos hechos por la disidencia de las Farc que comanda “Guacho”. Harold Ruíz, asesor de Paz y coordinador del Equipo de Acompañamiento a la Sustitución de la Gobernación de Nariño, explica que en la zona de El Tandil hay cultivos de coca tanto de los campesinos como de estos grupos armados. “Ellos (los campesinos) dependen económicamente, por sobrevivencia, de los dueños de la gran producción del narcotráfico”.

En Tumaco, según reportan fuentes de la Secretaría de Gobierno de Nariño, operan unos 14 grupos armados de los cuales los más fuertes serían el Clan del Golfo, con unos 50 hombres al mando de “Contador”; un satélite del Cartel de Sinaloa, con 30 hombres a ordenes de “David” y el de “Guacho” que contaría con 100 efectivos.

En una visita que hizo Colombia2020 a la zona de la masacre, los campesinos se reafirmaron en su versión. Se preguntaban por qué si había sido un combate ningún policía salió herido. También hablamos, bajo estricta condición de mantener la reserva de su nombre, con uno de los soldados de la cuarta división que tiene su campamento a unos 400 metros de donde sucedieron los hechos. Afirmó que ese día no hubo explosiones de cilindros bomba y que esa zona está controlada por el Ejército y la Policía, por lo que no era probable que la disidencia hubiera cometido la masacre.

En la misma visita tratamos de conocer la versión de los policías que se encontraban en el lugar donde sucedió la masacre, que son señalados por la comunidad como los autores, pero dijeron que no iban a hablar ante los medios de comunicación.

Los campesinos de la región están agradecidos con el Ejército porque en el momento de la masacre pusieron a su disposición los 14 enfermeros de la división y sacaron a varios heridos y muertos en helicóptero. “Ahora mismo no tenemos medicinas porque todas las empleamos para atender a los heridos”, añadió el soldado.

La cifra de muertos y heridos aún está por establecer por dos factores: hay personas desaparecidas y las familias de varios de los campesinos heridos decidieron llevarlos hasta la región ecuatoriana de San Lorenzo. “Para atenderlo allá no le piden ni la cédula, en cambio acá en Colombia lo pueden ver muriéndose y lo ponen a hacer fila”, comentaron.

Las informaciones oficiales señalan que en la masacre murieron Aldemar Gil Guachetá, de 25 años; Diego Escobar Dorado, de 31; Nelson Chacuendo Calambas, de 29; Janier Usperto Cortés Mairongo, de 26; Jaimen Guanga Pai, de 45 y Alfonso Taicús Taicús, de 32.

El domingo, antes del ataque a la comisión, los campesinos enterraron a Janier Usperto Cortés Mairongo. A las 10: 40 am llegaron al sector conocido como la playa unas 20 canoas con motor repletas de gente vestida de blanco, con globos y banderas del mismo color. En una de esas canoas iba el ataúd.

Cuando las personas que estaban en La playa vieron llegar las embarcaciones empezaron a acercarse a la orilla del Río Mira con pancartas y un bafle en el que pusieron corridos. De la canoa donde yacía Janier se bajó su familia. Niños, mujeres y hombres lloraban por igual. Sus amigos lo recordaban por ser jugador de fútbol de Real El Coco, equipo de la vereda de donde él provenía.

El cajón fue llevado a una carpa en donde familiares, amigos y conocidos le brindaban se despedían del ser que las balas les arrebató. Luego empezamos a remontar el rio Mira, donde de tanto en tanto se veían bombas que habían soltado las personas que asistieron al entierro.

La comunidad de El Tandil siente que la institucionalidad ha mentido con respecto a lo sucedido. Desmienten de manera tajante que ellos hayan salido a marchar obligados por algunos grupos armados el día de la masacre. Aunque, indudablemente, hay grupos que operan en la región dicen que ellos marcharon porque “teníamos que defender lo que nos da de comer”.

Los ánimos en la región siguen caldeados. Uno de los antecedentes de los encontrones entre la Policía y los campesinos se dio en el sector conocido como el 115 donde luego de enfrentamientos los labriegos retuvieron a 11 policías y les quitaron el armamento. Luego de la mediación de una comisión humanitaria devolvieron a los uniformados, pero sin sus armas. El otro problema es la tierra, las familias campesinos de la región no han firmado los acuerdos de sustitución voluntaria debido a que no saben si legalmente la tierra les pertenece o hace parte del consejo comunitario Alto Mira y Frontera. Los labriegos quieren sustituir, pero temen que el gobierno no les cumpla, como afirman que ha pasado en veredas cercanas.

El día terminó en una balsa de vuelta a La Playa, en ella iban dos hombres que estuvieron en el lugar de la masacre. “Ahora mismo uno no lo siente, pero eso lo afecta a uno y llega el momento en el que explota”.

*Con el apoyo de Asociación Minga y del Programa Somos Defensores

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La Asociación MINGA hace 11 años viene acompañando al pueblo indígena Awá en el departamento de Nariño. Ante los recientes hechos en la vereda el Tandil, del municipio de Tumaco, donde fueron masacrados 7 campesinos, al parecer por la Policía Antinarcóticos, entre ellos dos Awá, y 20 más fueron heridos; consideramos importante convocar una Misión de Prensa y Humanitaria para recabar información de primera mano sobre lo que allí realmente estaba pasando y darlo a conocer nacionalmente.  Esta entrega hace parte de los artículos publicados por los medios de comunicación participantes en dicha misión.