Compartimos la intervención completa del Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, durante la Audiencia territorial de Medidas de satisfacción de verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, realizada el 20 de septiembre de 2024 en San Calixto, Norte de Santander:
Todas las formas de violencia,
en un acto sistemático,
histórico,
sobre una misma identidad,
en este caso, el campesinado del Catatumbo,
constituye un proceso genocida
en la medida que busca imponer una sola forma de ser,
de pensar, de ejercer poder.
Una de las formas más dolorosas e injustas de eliminación física diseñada hasta en sus más finos detalles, que ha padecido la región del Catatumbo a lo largo de su historia, han sido las ejecuciones extrajudiciales.
El 8 de marzo de 1981, la Compañía Pantera del Batallón de Infantería No. 15, al mando del Cabo Jaime Alfonso Peregrino, abrió fuego contra la familia Ascanio en la vereda Mesa Rica, municipio de La Playa, quienes se encontraban en un velorio, dejando como saldo 7 personas asesinadas (Teodoro Ascanio, Bernabé Ascanio, Alcibíades Ascanio, Agustín Ascanio, Alcides Ascanio).
Pasado el Paro del Nororiente en la década del 80, la fuerza pública asesinó a varios de los dirigentes mas destacados de dicha movilización, entre ellos el presidente de la Junta Acción Comunal de La Vega de San Antonio, Benjamín Quintero Álvarez, así como a los señores Jorge Vivas y Luis Pérez en Astilleros, municipio de Hacarí. En el año de 1993, fueron ejecutados extrajudicialmente, Ramón Emilio Quintero, Luis Osorio Quintero, Elías Sánchez, Ramón Emilio Sánchez, en el municipio de Hacarí, al igual que Geovani Pérez Ortíz, Héctor Antonio Rubio Álvarez, José López y José Eustasio Franco Amaya, en los límites entre San Calixto y Hacarí.
El periodo tal vez más cruel se desarrolló entre los años 2006 y 2007, donde fueron ejecutadas extrajudicialmente más de 50 campesinos a la largo y ancho del Catatumbo, entre algunos de ellos están Alexander Sánchez Quintero de la Unión Campesina, municipio de Ábrego, Dioselí Ascanio, Alfonso Sánchez, Julio Rojas, Josué Andrey Pérez Anteliz, Uriel Arévalo Acosta, en el municipio de Teorama, Hermides Mora en Santa Inés, municipio de El Carmen, quien a la fecha se encuentra desaparecido. El 6 octubre de 2007 en municipio de El Tarra el joven Bellamín Rodríguez Figueroa, logró escapar y salvarse de ser ejecutado. 1 En 2020 y 2021 fueron ejecutados Salvador Jaime Durán y Dimar Torres en los municipios de Teoroama y Convención, respectivamente.
Frente a esta práctica genocida, el CISCA ha adelantado diversas acciones jurídicas, de movilización y denuncia, entre las cuales se resaltan varias audiencias públicas, en La Trinidad, municipio de Convención, en El Tarra, en Ocaña en el auditorio de Bellas Artes, y otra en esta misma ciudad, con la presencia de Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, en todas ellas fue convocada la fuerza pública para evidenciar las múltiples atrocidades que venían cometiendo contra campesinos del territorio, mientras los altos mandos militares de las Brigadas No. 30 y Móvil No. 15 de la época, justificaron el accionar delictivo de sus tropas, revictimizando al campesinado del Catatumbo.
Nuestra denuncia sistemática, apoyada por la Asociación Minga y un grupo de organizaciones de Derechos Humanos, por mas de 2 años consecutivos, obligó a la fuerza pública a traer jóvenes de otros lugares del país, como Soacha y Aguachica entre otros, ejecutándolos sin juicio en zonas rurales de los diferentes municipios de la región, quienes luego fueron reportados como guerrilleros dados de baja en combates, en desarrollo de una política de Estado, como directriz emanada desde el Ministerio de Defensa, en el marco de la Seguridad Democrática y la doctrina militar vigente del enemigo interno, contra la cual nos seguimos movilizando.
Para garantizar la defensa de la vida y la permanencia en el territorio, exigimos justicia para las víctimas, toda la verdad por parte de los victimarios sobre las razones por las que se ha declarado al campesinado como enemigo, garantías de no repetición, castigo para los máximos responsables materiales e intelectuales de tan atroces crímenes de lesa humanidad, así como desmonte la doctrina militar como solución estructural.
Continuaremos promoviendo la movilización social y las propuestas alternativas de resistencia para la vida digna de las comunidades que nos negamos a doblegarnos frente al miedo, el histórico abandono estatal y el sistemático uso de la violencia, como estrategias de un proceso genocida que busca desaparecernos como sujetos con una identidad propia. Por nuestros muertos ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y resistencia, contra el genocidio de Estado ni perdón ni olvido.
