Compartimos el comunicado de la Alianza de Cristianos contra la Tortura ACAT quien en días pasados realizó una misión en nuestro país con el fin de monitorear la situación de tortura.
A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia (25 de mayo), la ACAT realizó una misión en el país para recordar la urgencia de posicionar el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad al centro de las prioridades políticas.
Entre el 29 de abril y el 12 de mayo 2014, en estrecha relación con las 10 ONGs locales que conforman la Coalición Colombiana Contra la Tortura, la ACAT se reunió con víctimas y sus familias, organizaciones de sociedad civil, sindicalistas objetos de violencia estatal y representantes de los poderes ejecutivos y judiciales encargados de prevenir y sancionar la tortura.
Las conclusiones son claras: a pesar de ser generalizado, el fenómeno de la tortura, tanto fuera como dentro del marco del conflicto armado interno (por la fuerza pública y los paramilitares en 91% de los casos y por la guerrilla en 9% de los casos), sigue siendo muy subestimado y sus autores siguen beneficiando de una impunidad casi total.
En la mayoría de los casos, las denuncias son registradas como delitos menos graves (lesiones personales, abuso de autoridad) o ignoradas a favor de otros crímenes considerados como “más graves” como las ejecuciones extra-judiciales o las desapariciones forzadas. Dicha situación es aún más dramática respecto a los tratos crueles, inhumanos y degradantes quienes, bajo la ley colombiana, no son tipificados como delitos.
Los obstáculos a las investigaciones son múltiples: los agentes de la fuerza pública esconden sus números de identificación (lo más frecuente debajo de chalecos antibalas), los testigos y las víctimas de tortura no se benefician de medidas de protección después de presentar denuncias, los exámenes médico-legales se hacen demasiado tarde y únicamente identifican las lesiones corporales sin considerar la probabilidad de torturas físicas o psicológicas.
Muy a menudo, las investigaciones y el enjuiciamiento de los casos son exclusivamente a cargo de los asuntos internos de la policía o del ejército, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de la jurisdicción militar. Los autores de torturas y malos tratos a veces reciben sancionas administrativas y disciplinarias, pero casi nunca condenas penales.
Se puede distinguir tres grandes categorías de víctimas de tortura y malos tratos.
Primero, las personas tradicionalmente marginalizadas, discriminadas o estigmatizadas debido a su origen social (jóvenes de barrios pobres), su orientación sexual (comunidad LGBTI) o su pertenencia a minoridades étnicas (indígenas, afro descendientes). En Bogotá y Cali, la ACAT tuvo conocimiento de violencias contra mujeres transexuales por parte de policías y guardias. La asociación fue también informada de nuevas incursiones paramilitares contra comunidades de paz- en particular contra comunidades afro-colombianas en la zona humanitaria de Puente Nayero de Buenaventura, y eso a pesar de la fuerte presencia militar en la región. El 13 de abril de 2014, el joven Carlos Andrés Angarita Jiménez fue encontrado torturado y desmembrado.
Segunda, las personas privadas de libertad. La ACAT está preocupada por los testimonios de detenciones arbitrarias masivas y administrativas preventivas por la policía y el ejército, durante los cuales las violencias parecen frecuentes. Las visitas a las cárceles de La Picota, el Buen Pastor, la Tramacua y San Isidro evidencian problemas de infraestructura los cuales, en algunos casos, generan tratos crueles, inhumanos y degradantes (sobrepoblación, ausencia de ventilación, restricciones de agua, demoras en la atención médica). Todos los presos políticos encontrados relataron el uso de los registros corporales abusivos, de los traslados injustificados, del aislamiento prolongado (hasta años en algunos casos) en las Unidades de Tratamiento Especial (UTE) y de los castigos colectivos (obligación de desnudarse, uso de gases, ejercicios físicos brutales) como represalias por presentar denuncias.
Tercero, los defensores de derechos humanos y, de forma más general, las personas quienes enarbolan o transmiten reivindicaciones políticas y sociales (líderes campesinos, sindicalistas, movimientos estudiantiles, periodistas). Estas personas son objeto de amenazas, agresiones, escuchas ilegales, arrestos arbitrarios, hostigamientos judiciales y hasta desapariciones forzadas. Objetores de consciencia denunciaron ante la ACAT hechos de arrestos masivos seguidos de tortura para enrolar por fuerza a jóvenes en el ejército. La criminalización de la protesta es otra forma de persecución: nuevas leyes promueven el recurso excesivo a la fuerza contra manifestantes. A finales de abril, durante el paro agrario nacional, la ACAT identificó varios casos de uso excesivo de la fuerza (uso de tasers, lanzamiento directo de balas de goma y de bombas lacrimógenas) y detenciones arbitrarias y violentas (palizas, mordeduras de perros), particularmente en las ciudades de Berlín y Tunja.
La ACAT valora algunas iniciativas positivas tomadas por las autoridades, como la creación de un mecanismo de prevención de la tortura y malos tratos en los centros de reclusión de Bogotá, o el desarrollo de capacitaciones al Protocolo de Estambul (el cual sirve a detectar torturas).
No obstante, dichos avances siguen siendo insuficientes. En particular, la ACAT recomienda la ratificación del Protocolo facultativo a la Convención Contra la Tortura, el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Tortura para examinar denuncias individuales y el establecimiento de un registro centralizado de las denuncias, investigaciones y condenas por torturas. La prevención y la sanción de la tortura han de formar parte de los objetivos del proceso de paz y de una reconstrucción post-conflicto.
