Un juez se negó a imputarle cargos a 12 militares por los homicidios y desapariciones forzadas de tres jóvenes en 2008. Argumentó que el caso le competía a la JEP, pero la justicia los obligó a continuar el proceso de forma regular.
Luego de que el pasado 28 de marzo un juzgado penal de garantías de Bogotá se negara a realizar una audiencia de imputación de cargos en contra de 12 militares involucrados en los homicidios y desapariciones forzadas de tres jóvenes en Soacha en 2008, por argumentar que el caso le competía a la Justicia Especial para la Paz (JEP), un fallo de tutela los obligó a continuar el proceso por la vía ordinaria. (Lea: Los miedos de los militares en la JEP)
“Se deja sin efecto la decisión adoptada por el juzgado 9no penal municipal con función de control de garantías y se ordena convocar las audiencias mencionadas dentro del término de 48 horas”, dice el fallo.
De esta manera se le dio la razón a María Ubilerma Sanabria, madre del adolescente Jaime Estiven Valencia Sanabria, una de las víctimas, quien aseguró que la decisión del juzgado violaba sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Según el documento, cuando el juez de garantías se remitió al Consejo Superior de la Judicatura para que resuelva dicho conflicto, “actuó fuera del ámbito de su competencia dado que al trabar el conflicto de jurisdicciones aún no había sido creada la JEP, creyendo que así fue”.
De acuerdo con Sonia Cifuentes de la Asociación Minga, la cual representa legalmente a Ubilerma Sanabria, “es importante resaltar que la tutela se presentó por el caso puntual de María, pero cobija los tres casos por lo que las audiencias se tienen que iniciar para todos”.
Además, agregó la ONG en un comunicado, “el fallo de tutela deja claro que en este momento la jurisdicción ordinaria no ha perdido la competencia para conocer de casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. Igualmente deja claro que será la sala de reconocimiento creada por la JEP la que tenga a su cargo definir qué casos tienen relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
Esto en referencia a los dos procesos que también se adelantan por los crímenes en contra de Daniel Alexander Martínez y Diego Armando Marín, ambos de 21 años, quienes fueron ejecutados junto con Valencia Sanabria por miembros del batallón de infantería No 15 “General Francisco de Paula Santander”, según la Fiscalía.
Entre los presuntos involucrados en estas desapariciones y homicidios está el militar Richard Armando Jojoa, José Adolfo Fernández Ramírez, Ricardo González Gómez, Andrés Guerrero Andrade y el coronel Gabriel de Jesús Rincón. Después del fallo la audiencia quedó programada para el próximo 23 de mayo.
