En el Departamento de Arauca, en el marco de la operación “Desafío”, las fuerzas militares colombianas han capturado a numerosos lideres sociales, populares e indígenas, mostrándolos como supuestos milicianos del ELN, en una clara muestra de lo que se ha denominado los falsos positivos judiciales.
Pareciera que el espaldarazo del gobernador Luis Eduardo Ataya, a la nueva estrategia militar implementada para asumir el reordenamiento de la guerra, supone una estrategia que avanza entre la combinación de formas represivas legales e ilegales (léase accionar de las Fuerza Militares y Paramilitares) y formas de judicialización y persecución a la ciudadanía.
En un departamento donde existen valiosas reservas que alimentan el trencito minero de Santos, y donde las comunidades han resistido a las injusticias y el saqueo, la institucionalidad pública esta al lado de las empresas privadas.
En los primeros días del mes de febrero de este año, mas de 2000 ciudadanos, entre indígenas y campesinos, se tomaron la vía que comunica a casi todo el departamento, para manifestarse por la arbitrariedad en que fueron detenidos el Cacique Ismael Uncasia, la señora Verónica Solís Fuentes funcionaria de asuntos indígenas y el etno-educador Álvaro Leal Toloza, entre otros dirigentes que cayeron en la estrategia que comercia “positivos” entre el Ejército, Fiscalía y gobierno departamental de Arauca.
Mientras el gobierno dice estar desarticulando y acabando con las fuerzas insurgentes, lo único que atina es a judicializar y encarcelar a diferentes habitantes de la región, entre ganaderos, comerciantes, líderes sociales y defensores de derechos humanos. En el colmo del descaro el Gobierno, la Fiscalía y la Fuerza Pública, señalo a sus nuevas victimas en una circular de Interpol, engañando a la justicia internacional, y poniendo en la mira a SAMUEL MORALES FLÓREZ, ex presidente de la Central Unitaria de Trabadores (CUT), subdirectiva Arauca y en la actualidad Primer Vicepresidente de este organismo sindical; VÍCTOR JULIO LAGUADO BOHADA, dirigente campesino y miembro de la Cooperativa Agropecuaria del Sarare (COAGROSARARE); ARIELA GELVIS QUINTERO, dirigente comunal y ex presidenta de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena (ECAAAS–ESP); FREDY RAMÍREZ BOCOTÁ, indígena del pueblo U’wa y miembro de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca (ASCATIDAR), quien habita en su resguardo con su esposa y sus 4 hijos.
El irrespeto por los derechos y por la población civil contrasta con el beneplácito y la impunidad hacia los corruptos que desangran el erario nacional, o los que han asesinado y desaparecido a los luchadores sociales. El Movimiento Social del Centro Oriente Colombiano denuncia públicamente ante las instancias internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, la OEA; ante los entes judiciales de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, a la vez que les solicita a estas entidades, y al pueblo colombiano, que vuelva la vista a esta región para apoyar y solidarizarse frente a las injusticias que se vienen cometiendo contra ellos.
