En una concurrida rueda de prensa que tuvo lugar hoy en la mañana del jueves 18 de diciembre, las Madres de Soacha hicieron una serie de denuncias sobre la tragedia que viven tras la desaparición y asesinato por parte de militares de sus hijos en 2008. Presentamos el comunicado final que entregaron a los medios.
Las Madres de Soacha no sabemos dónde albergar tanto dolor: siete años después del crimen de nuestros hijos, a la ausencia se une la impunidad
La mayoría eran jóvenes arrancados de nuestros barrios de Soacha y Bogotá conducidos a Ocaña, a más de quinientos kilómetros de distancia, donde nunca habían estado, con el engaño de un pronto empleo.
El resto de la historia la conoce el país que se llenó de horror con los primeros hechos de los mal llamados “falsos positivos”, que no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales en persona protegida.
Y desde aquel enero de 2008, luego de que reconociéramos a nuestros hijos y hermanos, arrojados a fosas comunes por militares que los asesinaron sin ninguna misericordia, todos los crímenes siguen en la impunidad.
Han pasado siete años y nosotras, las madres y familiares de estos 16 muchachos, presentados como miembros de la guerrilla muertos en combate, no hemos descansado un instante, ni lo haremos, por encontrar la verdad.
Y al dolor de la ausencia sumamos el de la impunidad, como reza nuestro lema en esta otra Navidad sin justicia y sin verdad.
De los diez y seis casos de Soacha que aquí presentamos, (solo una parte del universo de ejecuciones extrajudiciales que suman ya en el país 4638 víctimas, según la Fiscalía) solo dos tienen sentencia condenatoria:
En mayo de 2012, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca condenó al mayor Marco Wilson Quijano Marino, al Teniente Diego Aldail Vargas Cortés, el cabo segundo Carlos Manuel González Alfonso, y a los soldados profesionales Richard Contreras Aguilar, Ricardo García Corzo y Carlos Antonio Zapata Roldán, por la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Fair Leonardo Porras Bernal, de 23 años. La sentencia fue confirmada en segunda instancia.
DIEGO ARMANDO MARIN GIRALDO, 21 años, desaparecido el 6 de febrero de 2008 y asesinado dos días después; su situación es similar al caso anterior.
Madres de Soacha, Bogotá, diciembre 18 de 2014
El 28 de junio de 2011, el Juzgado Tercero Penal del Circuito especializado de Bucaramanga, condenó a Wilson Javier Castro Pinto, coronel (r) y al Teniente (r) Eduard Antonio Villany Realpe por homicidio agravado, desaparición forzada agravada y peculado por apropiación.
Así mismo, los procesados Jesús Eduardo Niampira, sargento viceprimero ( r), y Guillermo Pacheco Anzola, soldado profesional, fueron condenados por homicidio agravado, desaparición forzada agravada, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Igualmente, los soldados profesionales Germán Augusto Oliveros Tabares, Juan Carlos Álvarez, Nelson Ospina Tabares y Benancio Puentes Guapacha fueron hallados responsables por homicidio agravado y desaparición forzada agravada por los casos de Daniel Andres Pesca Olaya y Eduardo Garzon Paez.
Sin embargo, esta sentencia fue apelada por la defensa y a la fecha aun no se ha proferido el fallo de segunda instancia que revoque o confirme la decisión recurrida.
Es decir, las otras catorce situaciones siguen en proceso sin que en el horizonte se vislumbre una pronta y efectiva justicia.
Queremos presentar, en forma resumida, estos casos para que la opinión tenga una idea de lo que está pasando frente a una de las peores tragedias de la violencia oficial que ha padecido el país y que no se debe prolongar por nada en el mundo, ni olvidar jamás:
ELKIN GUSTAVO VERANO HERNANDEZ, 25 años, desaparecido el 13 de enero de 2008, asesinado dos días después; el proceso se encuentra en audiencia de juicio oral y práctica de pruebas; se suspendió la audiencia el pasado 4 de diciembre y se fijó reanudarla hasta el 19 marzo de 2015.
JOAQUIN CASTRO VASQUEZ, 27 años, desaparecido el 13 de enero de 2008, asesinado dos días después; el 16 de enero de 2012 culminó la audiencia preparatoria; se programó la continuación de juicio oral a partir del 21 de agosto de 2012 hasta enero de 2013.
Las audiencias formales de este proceso se iniciaron en mayo de 2009, cuando se celebró la audiencia de formulación de imputación, legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento, pero como se observa, este caso lleva ya cinco años y siete meses en trámite.
JULIAN OVIEDO MONRROY, 19 años, desaparecido el 2 de marzo de 2008, asesinado el día siguiente; su situación es similar al caso anterior: más de cinco años de impunidad.
MARIO ALEXANDER ARENAS GARZON, 33 años, desaparecido el 2 de enero de 2008 y asesinado el 21 de febrero siguiente; este caso fue uno de los que más tiempo permaneció en la justicia penal militar, incluso la exhumación y entrega del cuerpo, que se realizó el 16 de diciembre de 2008, fue por cuenta del juzgado de instrucción penal militar que adelantaba la investigación.
En mayo de 2014 se realizó audiencia de formulación de imputación; en la actualidad se encuentra pendiente de dar inicio a la audiencia preparatoria, la cual estaba programada para el este 22 de diciembre, pero fue aplazada por el paro judicial.
JAIME CASTILLO PEÑA, 42 años, desaparecido el 10 de agosto de 2008 y asesinado dos días después; el proceso inicialmente fue asumido por la justicia penal militar; posteriormente fue remitido a la Fiscalía 72 de la Unidad de Derechos Humanos de Cúcuta.
En agosto de 2010 la Fiscalía 72 de Derechos Humanos de Cúcuta, remitió el proceso a Bogotá al despacho 97 de la Unidad de Derechos Humanos.
Este caso se expuso ante el Vice Fiscal General de la Nación en mayo de 2010, debido a la preocupación que existe porque no se han realizado audiencias de imputación y continúa en la primera etapa de investigación. Ha generado gran preocupación el cambio de Fiscal ya que el 72 de la UDH de Cúcuta se encontraba al tanto de la investigación y se había reunido con los familiares de las víctimas para explicarles los avances de la investigación. Y este cambio, consideramos, implica nuevas dilaciones.
A la fecha, el despacho 97 de la UDH de la Fiscalía ha manifestado que no tiene fecha probable para realizar audiencia de imputación, lo que indica que casi siete años después de los hechos, este caso continúa en la impunidad.
JHONATAN ORLANDO SOTO BERMUDEZ, 17 años y .JULIO CESAR MESA VARGAS, 24 años, desaparecidos el 26 de enero y asesinados al día siguiente, DIEGO ALBERTO TAMAYO GARCERA, 25 años, VICTOR FERNANDO GOMEZ ROMERO, 23 años, y JADER ANDRES PALACIO BUSTAMANTE, 22 años, desaparecidos el 23 de agosto y asesinados dos días después. Estos cinco procesos apenas se encuentran en etapa de juicio oral.
DANIEL PESCA OLAYA, 27 años y EDUARDO GARZÓN PAÉZ, 32 años, desaparecidos el 4 de marzo de 2008 y asesinados el día siguiente y ya referidos anteriormente.
Quisiéramos puntualizar otras situaciones que agravan aún más nuestro dolor:
1.- Los restos de Oscar Alexander Morales Tejada aún no han sido entregados a sus familiares para que puedan hacer su duelo y darle cristiana sepultura.
2. – El proceso de Oscar Alexander Morales Tejada se encuentra todavía en la Justicia Penal Militar. El pasado 22 de septiembre, el Presidente Juan Manuel Santos, en su visita al Council on Foreign Relations y al Americas Society en New York, aseguró que no apoyaría ninguna legislacion que permitiera que los “falsos positivos” o violaciones a los derechos humanos, fueran juzgados en tribunales militares; es hora, entonces, que este caso sea traslado de inmediato a la Justicia Ordinaria.
3.- Los procesos de Jaime Castillo Peña, Jaime Steven Valencia Sanabria, Daniel Alexander Martínez, después de seis años y diez meses de los hechos, la Fiscalía aun no ha programado fecha para realizar audiencia de imputación: el proceso continua, pues, en la impunidad y sin que se hayan vinculado formalmente a los responsables.
4.- Se continuan presentando aplazamientos en las audiencias que ya van en curso; de esta manera nos preguntamos ¿cuántos años más tendremos que esperar para que se haga justicia y qué decir de los casos que todavía no han empezado sus audiencias?
5.- Continuamos siendo revictimizadas, pues aparte de tener que soportar el dolor diario que vivimos desde el día que desaparecieron a nuestros hijos, padres y hermanos, ahora nos enfrentamos con el cobro que nos están haciendo en los cementerios, pues como es conocido, los cuerpos reposan allí por solo cuatro años y después de ese tiempo son trasladados a osarios; como ya ha corrido ese lapso, nos están cobrando el arriendo de las bóvedas por otros cuatro años; los restos no pueden ser exhumados por encontrarse en proceso de investigación. Muchas madres ya han pagado sumas que pasan del millón y medio de pesos para mantener a sus hijos en el cementerio y así los casos no queden en la total impunidad.
6.- En una reunión que tuvimos en marzo de 2009 con el Presidente Álvaro Uribe, ante nuestra penosa situación económica nos hizo el ofrecimiento de una ayuda monetaria aclarándonos que esta nada tenía que ver con la reparación; algunas familias recibieron este auxilio y a otras les fue negado; sin embargo, ahora se nos informa que en el momento de que haya una reparación, el dinero recibido será descontado.
7.- En la misma reunión también, con presencia del general Padilla, comandante en ese momenro de las fuerzas militares, solicitamos que nuestros hijos no prestaran el servicio militar y se nos dijo que ellos recibirían su Libreta Militar, pero han pasado cinco años y el incumplimiento ha sido total.
Nuestros hijos, esposos y hermanos fueron desaparecidos forzadamente de su lugar de domicilio en Soacha y Bogotá en 2008, para después ser ejecutados extrajudicialmente por miembros de la fuerza pública, quienes los presentaron como personas no identificadas, adulterando la escena del crimen para evitar que las autoridades judiciales conocieran la verdad de los hechos. De esa manera se impidió que conociéramos su suerte y paradero, prolongando la agonía de no poder elaborar el duelo por su ausencia.
Esta situación solo la podemos entender como la renuencia de los organos estatales a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de estos hechos que sufrieron nuestros jóvenes, perpetuando con la impunidad nuestro dolor, incertidumbre y sufrimiento.
Pedimos justicia y verdad.
Madres de Soacha. Diciembre 18 de 2014.
