Por dignidad y supervivencia el campesinado colombiano se levanta hoy en distintas regiones del país. Es evidente la justeza del paro por el que atraviesa actualmente Colombia, protagonizado por el campesinado empobrecido, cada vez con menos posibilidades de mantenerse como pueblo, como cultura, como productor alimentario.
A un año de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Europa, importantes sectores agropecuarios se están quebrando debido a la desprotección de la producción agrícola nacional, que le toca competir con productos de estos países donde el sector agropecuario sí es amparado con políticas de fomento como los subsidios.
La economía campesina está en bancarrota con la importación de productos que hacen parte de sus cultivos tradicionales, como la papa, el maíz, los frutales, la leche y hasta el café. A través de la resolución 970 el gobierno les ha prohibido a los campesinos y campesinas utilizar sus propias semillas, y deben comprar las denominadas semillas certificadas, la etiqueta que tienen las empresas transnacionales para monopolizar y controlar la producción agrícola. Igualmente el paro ha evidenciado los altos costos de los fertilizantes en Colombia, tres veces más costosos que en otros países de la región. Estos y otros aspectos son los problemas cruciales que empujan a la movilización campesina; sin mencionar aspectos estructurales como la propiedad de la tierra, o el cambio en su uso de suelo con la embestida de la locomotora minero energética.
El conjunto de peticiones que constituyen las banderas del actual paro nacional agrario, se recogen en tres pliegos de peticiones y alternativas concretas. Uno, el firmado por el Coordinador Nacional Agrario CNA y el Congreso de Pueblos, con una variedad de propuestas dirigidas a ganar el reconocimiento de la cultura campesina como actor económico, social y político de la sociedad colombiana. Dos, el suscrito por las “dignidades”: cafetera, arrocera, papera, cacaotera y otras organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios, que se inscriben sus acciones por la “defensa de la producción nacional”. Tres, el presentado por la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdos, que también hace referencia a los sectores campesinos, indígenas y de negritudes[1].
Aunque el paro de las comunidades campesinas de Boyacá, Cauca y Nariño ha tenido mayor difusión en los medios, buscando desconocer su carácter nacional como ha sido la pretensión del gobierno, también se mantiene en el bajo Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca, Meta, Caquetá, Arauca, Antioquia, Florencia, Caldas y Putumayo, y en otras regiones se realizan movilizaciones esporádicas. Las protestas campesinas además han logrado convocar la solidaridad de las ciudades del país que se manifiestan en diversas campañas, como fueron las marchas del 20 de agosto y más recientemente los cacerolazos nacionales desde el 26 de agosto en la noche.
El desconocimiento del campesinado como sujeto social y político del país se reafirma una vez más con las declaraciones del presidente que en dos ocasiones ha salido a negar la existencia del paro. Todas las peticiones son claras y justas para la opinión pública nacional, pero los ministros y el presidente Santos, en vez de responder a ellas, no dejan de repetir las mismas frases en los 10 días de conflicto: no hay paro, es ilegal, no dialogamos con presiones y no hay plata para el agro colombiano. Evidentemente el noticiero del Senado del 22 de agosto presentó unos datos que reflejan el menosprecio por el sector agrario del país, en cuanto a la proporción en que se distribuyó el presupuesto del año 2014: defensa y policía 18%, educación 18%, trabajo 16%, salud y protección social 14%, hacienda 9%, otros 29% y lo agrario 1%.
Este desconocimiento se evidencia también en el tratamiento represivo que le ha dado el gobierno al paro campesino. Los videos que inundan las redes sociales desde diferentes partes del país, dan cuenta de los abusos de las fuerzas policiales del ESMAD; decomisos de alimentos y enseres de las concentraciones campesinas, que en realidad se trata de viles robos, la destrucción de las viviendas y los muebles de las casas, gases y bombas aturdidoras (explosivos) lanzadas directamente contra la humanidad de las personas manifestantes, detenciones masivas y arbitrarias, golpes y patadas a retenidos sin consideraciones de edad y de género, son algunos de los casos denunciados. Además del centenar de detenidos y de heridos, la represión ha causado la muerte de cinco personas. Situación tan evidente y grave, que las mismas autoridades han tenido que reconocerlo y abrir investigaciones.
Sin embargo, el paro continúa, la dignidad campesina no se deja reducir y más sectores sociales empiezan a sumar sus conflictos a la protesta agraria. Por esa razón, el gobierno se ha visto obligado a dialogar en medio de las protestas, a aceptar la existencia del paro y admitir que ha incumplido compromisos anteriores. Pero lo hace con una intención perversa también: plantea negociar con cada una de las regiones con el objetivo de fraccionar la movilización social. El hecho que el paro agrario no haya ganado aún coordinación en torno a un pliego unificado y una vocería multisectorial, va a facilitar que el gobierno pueda manejar la situación de esa manera.
Después de resistir a tantas décadas de guerras y normas que afectan la pequeña producción alimentaria, no hay duda que el campesinado se enfrenta hoy a un contexto muy crítico que pone en riesgo su vida como pueblo. “No estamos pidiendo plata sino políticas agrarias para sobrevivir” ha señalado César Pachón, uno de los líderes de las protestas en Boyacá. No se trata de nada nuevo, la desaparición del campesinado colombiano está fomentada desde la introducción de las políticas neoliberales en Colombia que lo señala como una distorsión del mercado. No es solamente el problema de subsidios o de precios, el campesinado colombiano está hoy disputándose su sobrevivencia en sentido cultural, social, económico y político. Y eso tiene que ver con nuestro futuro como país, libre, soberano y en paz. Por eso debemos estar ahí.
Jaque al modelo: un paro por la sobrevivencia del campesinado colombiano PDF
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Bogotá, Agosto 28 de 2013
