La responsabilidad de las empresas especialmente las multinacionales y trasnacionales en la violación de los Derechos Humanos siempre se ha movido entre la denuncia y la difícil realidad de territorios y comunidades, de un lado, y entre los juegos de poder, la falta de reconocimiento y la impunidad, por el otro.
El poder económico y político que han ganado es enorme y el contrapeso por parte de los Estados y el marco internacional de los Derechos Humanos es precario. Los abusos y vulneraciones por parte de corporaciones y empresas ha sido ampliamente denunciado por comunidades, movimientos sociales y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, nacionales e internacionales; siendo el sector extractivo al que se le imputan más acusaciones pues su actividad implica múltiples impactos que van desde la precarización laboral, hasta el desplazamiento de poblaciones de su territorio, el despojo de tierras, el deterioro ambiental y la vinculación de empresas con actores armados en países que viven conflictos internos como es el caso de Colombia.
Pese a la existencia de los Principios Rectores sobre los Derechos Humanos, las empresas transnacionales y las empresas comerciales, el Marco de sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional, la Legislación de la Unión Europea sobre comercio de minerales que provienen de zonas en conflicto y la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en tanto la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”, la realidad es que no existe en la actualidad un tratado ni un marco normativo vinculante que garantice el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos por parte de las empresas, establezca responsabilidades extraterritoriales de los Estados de origen y que supere el carácter de voluntariedad de la responsabilidad social corporativa.
Como parte de los esfuerzos que distintas organizaciones y comunidades venimos haciendo en procura de lograr instrumentos vinculantes tanto a nivel nacional como internacional, que obliguen a las Empresas y a los Estados a responder por las violaciones a los Derechos Humanos causadas directa e indirectamente por las operaciones corporativas, en la Asociación MINGA como parte de la Mesa de Trabajo Política de empresas y Derechos Humanos, participamos el pasado 2 de marzo en la Audiencia temática sobre esta materia, realizada en el marco del periodo 167 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá.
Durante la Audiencia, presidida por la relatora DESCA de la CIDH, y a la que asistieron organizaciones de todo el continente, se presentaron distintas propuestas, exigencias y recomendaciones en torno a los patrones de abuso por parte de las empresas, la necesidad de establecer mecanismos vinculantes que determinen la responsabilidad penal, civil y administrativa de las empresas, garantías de acceso a la justicia y de protección a defensoras y defensores de DH, obligaciones extraterritoriales de los Estados, requisitos de supervisión estricta a empresas estatales, instituciones financieras y agencias de desarrollo, así como recursos efectivos y medidas preventivas y de fiscalización.
Se destacaron allí también las intervenciones dirigidas a la protección efectiva de sectores vulnerables como los niños, la exigencia del pleno cumplimiento de la consulta y consentimiento previo e informado para los pueblos indígenas y afro, así como el desarrollo normativo vinculante en ámbitos como el digital y sectores como la industria alimentaria. Finalmente se trabajaron temas como el análisis del impacto en la soberanía nacional y en las políticas internas de fenómenos como la captura corporativa del legislativo y el ejecutivo en muchos países.
Desde la Asociación MINGA, como Organización Defensora de los Derechos Humanos,seguiremos trabajando por las garantías, protección, acceso a la justicia y participación de las comunidades y organizaciones sociales que han sufrido y seguirán sufriendo la violación de sus Derechos fundamentales, sociales, culturales y ambientales por parte de las empresas. Buscamos, de la mano de otras organizaciones, alcanzar un tratado vinculante que obligue al poder corporativo a responder civil, penal y administrativamente por dichas afectaciones e infracciones y exigimos al Estado Colombiano garantizar la vida digna y la permanencia de las comunidades en sus territorios, frente a las múltiples agresiones perpetradas por las corporaciones y sectores empresariales.
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