La Asociación Minga rechaza las agresiones sufridas por comunidades campesinas en Puerto Caicedo y alerta sobre los riesgos que entrañan los continuos operativos de erradicación forzada en la vereda la Esmeralda de Puerto Asís.
Con indignación recibimos el día de hoy la denuncia de La Red de DDHH del Putumayo, Piamonte – Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos, Ipiales –Nariño, en la que señalan que desde el domingo 3 de mayo se están presentando acciones violentas por parte del ESMAD, en la vereda San Diego, municipio Puerto Caicedo. De acuerdo a lo informado por la Red, ante una intervención pacífica de la comunidad campesina que buscaba un diálogo con el grupo de erradicadores, el ESMAD disparó gases lacrimógenos en contra de la comunidad, resultando herido gravemente en un ojo, el joven YILSON FERNANDO ROJAS ANTURI, de 20 años de edad.
Pese a los llamados de las familias campesinas a establecer espacios de diálogo que permitan salidas concertadas frente al problema de los cultivos de uso ilícito, la respuesta del Estado sigue siendo la represión. La situación de Puerto Caicedo es crítica: la confrontación se agudiza y las agresiones por parte del ESMAD continúan, según informan las comunidades. Algunos representantes de derechos humanos de la gobernación, Defensoría del Pueblo, la Personería municipal y la Secretaría de gobierno de Puerto Caicedo, están en medio de los enfrentamientos sin que hasta el momento se tenga información clara sobre lo sucedido, heridos u otras consecuencias.
También nos informan desde la vereda la Esmeralda, Puerto Asís, que el día de hoy 4 de mayo, un equipo de erradicación forzada se encuentra adelantando un operativo en su territorio. Reiteramos que esta comunidad hace parte de la Mesa de Concertación establecida con el Ministerio del Interior para adelantar un proceso de sustitución autónoma de cultivos de coca.
Nuevamente denunciamos ante la opinión pública, ante las autoridades Nacionales y ante la comunidad internacional, la crisis humanitaria que enfrentan las familias y comunidades del Putumayo, crisis que se ha profundizado en medio de la cuarentena declarada como medida de “protección” ante la pandemia del COVID19.
Los riesgos para las comunidades, en medio de los operativos de erradicación forzada son múltiples:
- Los frecuentes abusos de la Fuerza Pública, agresiones y la falta de garantías para que la población ejerza su legítimo derecho a la protesta.
- La inminente crisis alimentaria a la que se verán abocadas las comunidades pues no hay ninguna propuesta integral de sustitución para las familias que garantice su mínimo vital, sumado al incumplimiento del Gobierno sobre lo acordado en el marco del PNIS y al desconocimiento de los escenarios de diálogo como el establecido entre siete veredas del corredor Puerto Vega Teteyé y el Ministerio del Interior.
- La violación a los protocolos de salud exigidos a nivel nacional durante la pandemia por parte de los integrantes de la Fuerza Pública y del grupo de erradicadores, poniendo en riesgo la salud pública y exponiendo a las comunidades a la propagación del virus a través de los agentes externos.
Hacemos un llamado al Ministerio público y demás entidades del Estado, a que continúen acompañando a las comunidades y garanticen los Derechos de la población de las veredas afectadas por los operativos de erradicación forzada, en este caso, que velen por la seguridad y protección de las comunidades de la Vereda San Diego en Puerto Caicedo y a la vereda la Esmeralda en el municipio de Puerto Asís.
A las autoridades a quienes les corresponda, que se adelanten las investigaciones pertinentes y se establezcan los responsables de las lesiones personales causadas al joven YILSON FERNANDO ROJAS ANTURI en la vereda San Diego, Puerro Caicedo en medio de un operativo de erradicación y una acción del ESMAD.
A la fuerza pública a que respete los derechos de la población, y cumpla con lo exigido por la Corte Constitucional en materia de prevención y planes de contingencia durante los operativos de erradicación forzada.
A las organizaciones defensoras de derechos humanos, a la Comunidad Internacional y a los Organismos Internacionales garantes de los Derechos Humanos, les solicitamos visibilizar y atender la crisis humanitaria del Putumayo y denunciar las agresiones de las que son víctimas las comunidades de la región, tanto por parte de agentes del Estado como por actores armados al margen de la ley que siguen amedrentando y asesinando a comunidades, líderes y lideresas sociales.
Al Gobierno Nacional a que detenga los operativos de erradicación forzosa y busque caminos de diálogo y concertación con las comunidades, quienes manifiestan su voluntad de abrir espacios de concertación.
A que cese las acciones represivas en contra del campesinado, indígenas y comunidades negras que viven en territorios con presencia de cultivos de coca en el Putumayo, garantizando plenamente sus derechos a la vida, la alimentación, la salud, a través de propuestas y políticas integrales que permitan la transformación productiva de estos territorios y concentre esfuerzos en atacar los intereses y actores determinantes del narcotráfico, que con certeza no son los humildes campesinos que hoy se debaten entre el fuego de los grupos criminales y el fuego del Estado. No será con agresiones, represión y falta de garantías que se avance en una salida al problema de los cultivos. La paz territorial requiere decisiones estructurales e integrales para que sea posible su construcción con la participación de todas y todos.
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
4 de Mayo de 2020
