Las páginas principales de la historia del paramilitarismo en Colombia apenas están escribiéndose. Las numerosas declaraciones a la justicia de sus más conocidos lugartenientes -recluidos en cárceles norteamericanas o nacionales- han venido despejando interrogantes claves sobre el origen del fenómeno criminal, su estructura y sus relaciones de alto nivel con la ‘parapolítica’, la paraeconomía y la parainstitucionalidad: tres sectores orgánicamente vinculados.

Uno de los pasajes esenciales de esta historia, aún en construcción, que encumbra más la responsabilidad de la parainstitucionalidad, lo constituye el caso de Álvaro Uribe Vélez en el período en que fue gobernador, entre 1995 y 1997.

Como es conocido de la opinión, en los últimos meses recibí los testimonios de dos ex paramilitares. El primero, Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, ex comandante del bloque paramilitar Cacique Pipintá, recluido en la cárcel de Itagüí; y el segundo, Juan Guillermo Monsalve, alias ‘Guacharaco’, recluido en la cárcel de Cómbita. Por las gravísimas acusaciones que contra Uribe contienen los videos de ambos relatos, los remití de manera inmediata a la Fiscal General de la Nación.

Sierra afirma que el Bloque Metro de las Auc lo fundaron Álvaro Uribe y su hermano Santiago, en compañía del ganadero Santiago Gallón Henao -condenado por paramilitarismo y quien compró en algún momento parte de la hacienda Guacharacas-, así como de los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, también ganaderos y propietarios de numerosas fincas en el área de San Roque, en Antioquia.

Según Sierra, el grupo criminal se creó inicialmente para enfrentar a alias ‘Juan Pablo’, comandante del bloque Bernardo López Arroyave, del Eln, quien había asaltado la hacienda Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, quemado su casa principal y robado cerca de seiscientas reses y varios caballos y mulares de paso fino.

En desarrollo de este propósito y el de recuperar el ganado robado, y con el apoyo de la Convivir El Cóndor, que presidía Luis Alberto Villegas -afirma Sierra-, los Uribe Vélez ordenaron dos masacres y asesinatos que ejecutaron los miembros del grupo paramilitar que usó como base la propia hacienda Guacharacas.

El testimonio de Monsalve, el otro ex paramilitar encarcelado, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas para la época y trabajador de la misma, no solo ratifica lo afirmado por Sierra sobre los personajes que crearon y financiaron al Bloque Metro, sino que abunda en detalles de los hechos, como el crimen de carniceros de la región que habían comprado algunas de las reses robadas, la conformación de un cartel de la gasolina por Luis Alberto Villegas y la protección del gobernador Uribe al negocio del narcotráfico que practicaba la estructura paramilitar nacida en su predio.

Dado que los hechos denunciados por estos paramilitares ocurrieron antes de que Uribe fuera elegido presidente, corresponde a la Fiscalía General asumir las investigaciones que deben esclarecer los sucesos que, tal vez, constituyen la más alta fase de la criminalidad paramilitar.

Tales denuncias requieren una pronta y eficiente investigación, proteger a los testigos y a sus familias, que denuncian crecientes amenazas contra ellos. Ese es el enorme reto que tiene hoy la administración de justicia en Colombia.

No cesan los voceros de Uribe de intentar deslegitimar las decisiones que inexorablemente viene asumiendo la justicia colombiana en el esclarecimiento de casos como los aquí planteados. Sus herramientas, las calumnias y los falsos sofismas no lograrán detener la verdad.