La organización Somos Defensores, a través del informe que publicará esta semana, revela que en el primer semestre de 2016 fueron asesinados 35 de estos líderes y explica, a través de un mapa, por qué en el posacuerdo la violencia contra ellos se incrementaría.  Los defensores con mayor número de agresiones siguen siendo los indígenas seguidos de los comunales, campesinos, comunitarios y ambientalistas.

El informe de la organización no gubernamental Somos Defensores, que se publicará oficialmente esta semana, no sólo trae el recuento de quiénes son los líderes asesinados en los últimos seis meses, sino que también presenta el mapa de riesgo que tendrán estos defensores de derechos humanos de cara al posconflicto. Un mapa de Colombia que ubica los lugares donde hacen presencia estas organizaciones y cómo se cruzan con las zonas de concentración para la desmovilización de las Farc y con grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Cien organizaciones aparecen en el mapa de riesgo, que también muestra los retos que tendremos los colombianos en los próximos meses. Uno de ellos: ¿Qué tan capaces seremos de respetar el pensamiento del otro? Es que superar la estigmatización es una tarea esencial para romper la discriminación que en los primeros seis meses de 2016 ha cobrado la vida de 35 defensores de derechos humanos. “Durante el primer semestre del año se ha hecho cada vez más común la proliferación de mensajes de odio y rechazo a los acuerdos de paz”, y a quienes defienden esa oportunidad para el país. La campaña del plebiscito también pondrá en riesgo a los defensores, dice el informe, teniendo en cuenta que serán promotores decididos por el sí.

El caso de Wilson Hoyos, exconcejal del partido Liberal asesinado en el Bagre, Antioquia el 28 de abril de 2016, refleja ese largo camino que aún hay que recorrer para lograr una paz estable y duradera. Hoyos, quien en 2013 lideró el paro minero en esta región y quien fue concejal del municipio durante 20 años hasta 2012, recibió varios impactos de bala y resultó herido en su vivienda en zona rural de este municipio. Luego, cuando la canoa iba llegando al puerto de El Bagre, dos hombres la interceptaron y lo remataron con dos disparos más. La víctima iba con su hijo, que resultó herido, mientras los otros acompañantes se lanzaron a las aguas del río Nechí, mismo rumbo que tomaron los victimarios sin saber hasta hoy de su paradero.

A las 7:00 pm. del 16 de enero pasado, un suceso similar ocurrió en San Calixto, Norte de Santander. Allá, Nelly Amaya Pérez, líder militante de la Unión Patriótica y presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito, recibió varios impactos de arma de fuego cuando atendía en un establecimiento comercial de su propiedad.

Entre enero y junio de este año asesinaron a 35 líderes, uno más que en el mismo período de 2015. Asimismo, el informe revela que entre enero de 2010 y junio de 2016, a 381 de estos líderes de derechos humanos les quitaron la vida.

Este capítulo tiene como título “¿Este es el fin?”, preguntando en el fondo si la violencia contra los defensores de derechos va a cesar con el pacto de paz entre el Gobierno y las Farc. Aquí, aunque el informe hace la salvedad de que las organizaciones sociales apoyan decididamente la paz, concluye que en el posconflicto sus líderes serán estigmatizados por vivir y ejercer su labor en alguna de las zonas de concentración para la dejación de armas de la guerrilla.

Esos riesgos están resumidos en tres desafíos que tienen tanto el Gobierno como las Farc para sostener el pacto de paz a largo plazo. Primero, las disidencias de las Farc: “La rebeldía del Frente Primero debe ser un campanazo de alerta para el Gobierno, la dirigencia de las Farc y los defensores por la aplicación de los acuerdos en zonas donde ha habido autonomía de estos frentes guerrilleros”. Segundo, la paz con el Eln: “Ciertamente, una paz sin esta guerrilla es una paz incompleta”. Y tercero, los grupos neoparamilitares. Según el informe, en los últimos seis meses las transformaciones de estos toman tintes cada vez más particulares y confusos, y son los mayores responsables de las agresiones a los dirigentes sociales.

Es el caso de la metamorfosis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas por ser el brazo armado del “Clan Úsuga” o recientemente rebautizado “Clan de Golfo”. “Este grupo que en principio se reconocía como parte de una estructura criminal sin intenciones políticas, ha construido toda una parafernalia mediática para transmitir una nueva imagen que los posicione como organización armada con discurso político”. Y resalta el documento, que el mismo grupo armado ha manifestado estar a favor del movimiento social en Colombia y de sus líderes. “No son claras aún las intenciones de las AGC pero lo cierto hasta ahora es que la confrontación con estos grupos apenas comienza y los defensores (quiéranlo o no) están en medio de ello”.

Los otros conflictos detectados por Somos Defensores que se incrementarán durante la implementación de los acuerdos son: la defensa del medio ambiente, la oposición a la minería a gran escala, la defensa del territorio y la creación del nuevo Código de Policía, que le dará mayores garantías a la acción de la Fuerza Pública contra la protesta social.

El panorama con cifras

De los 35 homicidios que señala el informe se registraron contra estos líderes en el primer semestre de 2016, el 91,5 % correspondieron a hombres y el 8,5 % a mujeres.

Cauca y Antioquia son los departamentos que registraron mayor número de defensores asesinados, con siete líderes cada uno. Le sigue Valle del Cauca con cuatro casos; Norte de Santander, con tres casos; Cundinamarca, Magdalena y Nariño con dos cada uno y finalizan Risaralda, Arauca, Bolívar, Casanare, Chocó, Córdoba, Huila y Santander, con un caso cada uno. “De estos 35 homicidios, en 6 de ellos las fuentes consultadas confirman que, los defensores habían denunciado amenazas antes su asesinato; en los restantes 29 casos no se había denunciado amenazas o no se tiene información sobre las mismas”.

 El documento también detalla cómo fueron asesinados los líderes. De los 35 homicidios, 30 se ejecutaron con armas de fuego, 2 con arma blanca y 3 casos producto de golpes. Según los datos de Somos Defensores, fue evidente que los cuerpos de los líderes asesinados, presentaban signos de tortura. De esos homicidios, 30 se perpetraron mediante la modalidad de sicariato.

Frente al tema de las amenazas hay un panorama alentador. Entre enero y junio de 2016 se registraron 232 líderes amenazados en todo el país, cien menos que en 2015, cuando se reportaron 332.

Sobre los presuntos responsables, el resultado es que los grupos neoparamilitares registran 195 casos. En su orden, el ranquin de los autores intelectuales de estos hechos está así: Águilas Negras, 119 casos; Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), 51; otros grupos, 30; Los Rastrojos, 21; fuerzas del Estado, 5; Clan Úsuga, 4; desconocidos, 2, para un total de 232 amenazas.

Frente al papel del Gobierno, el mismo informe destaca: “De manera parcial y a partir de información entregada por la misma Fiscalía, es posible establecer que la entidad ha encontrado más del 95 % de los casos de asesinatos en sus bases de datos y es posible determinar que de los más de cien defensores asesinados entre 2015 y 2016, ocho de estos casos ya se encuentran en etapa de ejecución de penas e igualmente otros ocho casos se encuentran en estado de juicio”. Todo ello, gracias al logro que tuvo el movimiento social hace más de un año, cuando consiguió sentar al Gobierno en una Mesa Nacional de Garantías, entre otras cosas, para garantizar que estos crímenes no queden en la impunidad.

Por eso, la pregunta latente del informe y de las organizaciones sociales que lo nutren es: ¿Qué pasará con los acuerdos pendientes alcanzados en la Mesa Nacional de Garantías trabajados por las organizaciones de derechos humanos por más de 7 años?

La respuesta la entregó Paula Gaviria, Alta Consejera para los Derechos Humanos. Primero, reconoció que en el posconflicto es probable que se incrementan riesgos para estos líderes y que las alertas tengan que ser mucho más tempranas para evitar que las amenazas se materialicen.

“Los riesgos se dan contra quienes defienden con mayor fuerza la salida negociada al conflicto y abogan por preservar la vida. Este tipo de manifestaciones pacíficas son perseguidas y,  las personas que defienden una propuesta como la de La Habana entre el Gobierno y las Farc, son amenazadas. Por eso, con mayor razón nuestra tarea es garantizar la respuesta efectiva del Estado”, opina Gaviria.

Finalmente, frente a la mesa de garantías, Gaviria subrayó que ha sido un logro del movimiento social y que hay que preservar lo que ha sido exitoso. “La respuesta que ha venido dando la Fiscalía a varios casos ha sido una conquista de los defensores en la articulación con el Gobierno. La posibilidad de fortalecer las mesas municipales de garantías, como se anunció la semana pasada, está en sintonía con lo que está acordado en La Habana. Veo entonces que esa instancia no se va a debilitar, sino, al contrario, se fortalecerá en el posconflicto”.