Desde 1993 la regional COCOCAUCA aglutina comunidades y organizaciones de base del pueblo afrodescendiente de la costa pacifica del Cauca, con el fin de defender los DESC y el despojo agenciado por intereses macroeconómicos.

La regional COCOCAUCA esta conformada 9 consejos comunitarios y 3 organizaciones de base, ubicándose territorialmente en el municipios de guapi, Timbiqui y López de Micay. COCOCAUCA también hace parte de la ““Red de iniciativas y comunidades de paz desde la base” conformada por 25 organizaciones colombianas.

Las comunidades del pacifico deben sufrir las consecuencias del conflicto armado, de los mega proyectos y de la desprotección del Estado que solo acude a sus territorios para finiquitar el saqueo de los recursos naturales que allí se encuentran.

El 13 de junio en el municipio de López de Micay, cinco consejos comunitarios de la regional COCOCAUCA, sufrieron la embestida de un alud de tierra donde se desarrollara la minería ilegal, dejando como saldo la muerte de cuatro hombres y una mujer. La minería ilegal también hace  presencia en los municipios de Guapi y Timbiqui, la cual se desarrolla bajo la pasiva complicidad de los estamentos encargados de regular dicha actividad. Para las comunidades de la zona, el despojo, el saqueo de sus recursos y la violación del los territorios ancestrales, es lo único que queda luego del paso de la maquinaria.

El control territorial por parte de los grupos armados legales e ilegales es otro factor de riesgo para la comunidad. La infantería de Marina estableció  una base de operaciones intermedias a  menos de cien metros de la comunidad de Santa Ana, parte baja del rio Micay, lo cual ha generado enfrentamientos con las FARC, dejando a la comunidad en la zozobra del fuego cruzado y en  la acusación  por parte de los armados, de ser auxiliadores de su contrario.

En el municipio de López de Micay se recrudecieron los enfrentamientos desde comienzos del mes de junio, generando desplazamiento y prácticas allanamiento ilegal y saqueo de las tierras y viviendas por parte del Ejercito.

Por su parte las FARC han “ajusticiado” a varios habitantes de la zona por diferentes móviles, entre los que se encuentra el intento de fuga de un joven que hacia parte de sus filas,  y  el descubrimiento de un habitante que actuaba como asesino.

Estos hechos hablan  acerca de la incapacidad o negligencia del Estado colombiano para garantizar el respeto por los derechos de las comunidades, así como la critica situación de vulnerabilidad y violación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las comunidades. Se reitera la exigencia a los actores del conflicto armado de respetar la vida e integridad de los habitantes, así como respetar la normatividad nacional  e internacional  que los amparan.