El Ejercito colombiano asesino al indígena Humberto Peroza Wampiare, en camino de la finca La Guarura en zona rural del municipio de Arauca, el pasado 10 de Junio, queriéndolo presentar como un guerrillero caído en combate.
No se trata de un caso aislado. La persecución contra el movimiento indígena en general, y, particularmente contra el pueblo Hitnu, se ha hecho notoria en el departamento, por medio de prácticas de persecución judicial, política y violenta que ha ocasionado desplazamientos y asesinatos.
Al cacique Ismael Uncancia Uncancia, presidente de Asociación de Autoridades Indígenas de Arauca –ASCATIDAR, lo encarcelaron luego de un montaje judicial realizado en su contra. Igual suerte corrieron Verónica Solís Fuentes, quien es la coordinadora de asuntos étnicos del departamento y Alvaro Leal Toloza, etno-educador.
Parece que el “crimen” cometido por el pueblo Hitnu es que su territorio se encuentra en zonas estratégicas para las trasnacionales y los mega proyectos de explotación petrolera. La defensa del territorio adelantada por la comunidad, y su vulnerabilidad que los lleva a estar al borde del exterminio, les ha valido una atención especial por parte de la Corte Constitucional.
El pueblo indígena ha solicitado que se haga presencia y se preste acompañamiento nacional e internacional, de las organizaciones de derechos humanos, los organismos de justicia y de control, de tal forma que se eviten los abusos de la fuerza publica. También por medio del Auto 382 de 2010, se solicito medidas urgentes de protección y salvaguarda, que impida que como pueblo y cultura desaparezcan.