El Congreso de los Pueblos reconoce como un triunfo del movimiento social y popular, la actuación en derecho del Juez 44 Penal del Circuito de la ciudad de Bogotá, que otorgó la libertad de los activistas sociales detenidos hace ya 66 días. 

Destacamos, en medio de esta sociedad carcelera, la valentía de un juez que da prelación al derecho garantista sobre la presión no solo mediática sino también de altos funcionarios del Ejecutivo, el ente acusador y la Policía.

El funcionario judicial declaró la ilegalidad del procedimiento la captura de los jóvenes aprehendidos entre las 6:00 y 7:30 a.m del 08 de julio del presente año, al establecer que no se realizó el control efectivo del procedimiento por un juez de garantías dentro de las 36 horas siguientes, por lo que se configuró un prolongación ilegal de la privación de la libertad. Afirmó el juez, que si bien el caso reviste de cierta complejidad por el manejo mediático que ha tenido, en realidad los cargos se restringen a la presunta organización y participación en unos disturbios ocurridos en la universidad nacional de Colombia, para 10 de los detenidos y la ejecución de actos de propaganda política del Ejército de Liberación Nacional a través de las llamadas “panfletarias” que no tienen mayor poder destructivo.

Por otro lado, decretó la nulidad de la decisión mediante la cual se impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad de nuestros compañeros, al considerar que en la misma “brilló por su ausencia la motivación”, incumpliendo con la obligación que tienen todos los funcionarios judiciales de argumentar sus fallos. Esta situación, advirtió el juez, vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa, razón por la cual dispuso que debía volverse a pronunciar la judicatura sobre la solicitud elevada por la Fiscalía.

En horas de la noche, del 12 de septiembre obtuvieron su libertad, después de dilaciones injustificadas de parte de la autoridad penitenciaria para dar cumplimiento a la disposición judicial.

Desde el momento de la captura los jóvenes detenidos fueron señalados públicamente por el Presidente de la república, el Vice Fiscal General de la Nación y los generales Palomino y Guatibonza de la Policía Nacional, como responsables de los atentados contra las instalaciones del Porvenir, perpetrados el día 02 de julio del año en curso. Desde entonces, denunciamos las irregularidades cometidas por la justicia y el señalamiento de los medios de comunicación que no respetaron la presunción de inocencia de nuestros compañeros.

Seguiremos respaldando a los líderes sociales vinculados a esta investigación y a sus familiares quienes han demostrado con su fortaleza, que es posible develar las injusticias del sistema judicial. Consideramos que para que en nuestro país haya paz, son necesario cambios estructurales en el modelo de justicia.

A los defensores y defensoras de derechos humanos, abogadas y abogadas, manifestamos nuestro más sincero agradecimiento por su destacado trabajo en este proceso. Instamos al pueblo colombiano a rodear la labor de estos compañeros que hicieron posible que hoy los líderes sociales detenidos estén a la espera de su libertad.

A las organizaciones que nos han acompañado desde Colombia y desde diferentes latitudes, les agradecemos la solidaridad manifestada durante estos difíciles meses. Reconocemos que todavía hay una importante cantidad de presos políticos recluidos en las cárceles de nuestro país y que la lucha por su libertad continúa.

Si bien se trata de una importante victoria, el proceso continúa y la persecución lejos de disminuir, se agudiza a diario. Nuestra apuesta es y será construir un país para la vida digna.