La puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como de las demás instancias surgidas en el marco del Acuerdo de Paz, generó grandes expectativas en la sociedad colombiana y, especialmente entre las víctimas de la violencia sociopolítica y el conflicto armado que tuvo distintas manifestaciones durante, por lo menos, seis décadas. Se han visto estos mecanismos como herramientas para lograr el esclarecimiento de las atrocidades perpetradas tanto por las entidades estatales como por los integrantes de la mayor organización guerrillera contraestatal, que dejaron millones de víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional. Así, la expectativa de poder llevar los responsables principales de estos crímenes ante escenarios judiciales se ha elogiado como uno de los logros más significativos en el proceso de transición, a nivel mundial.
Basados en el concepto de justicia restaurativa y de aportes a la verdad y reparación a las víctimas, se construyó un andamiaje jurídico e institucional para llevar a cabo los procedimientos de esclarecimiento de la verdad, de procesamiento de los más altos responsables y de participación efectiva de las víctimas, a las que se ha considerado el centro de las actuaciones en el Sistema Integral para la Paz (SIP), anteriormente denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Las vicisitudes sufridas por el Acuerdo desde su firma, las alteraciones a que se sometió en virtud de la campaña de difamaciones que llevó a la derrota del plebiscito, así como las distorsiones en su reglamentación y las dificultades y ataques a que se han visto sometidas las instituciones de justicia transicional desde su creación, han dificultado tanto los procedimientos de esclarecimiento de la verdad, y sobre todo los de rendición de cuentas por parte de los más altos responsables de la criminalidad estatal, y de los agentes civiles y particulares involucrados en estas dinámicas, como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y demás prácticas genocidas, cuyas responsabilidades aún no encuentran, en muchos casos, caminos apropiados para ser procesados ni en la justicia ordinaria ni en las nuevas instituciones creadas.
Aunque la JEP ha tenido importantes avances en el establecimiento de la verdad en distintas modalidades de victimización, respecto al rol desempeñado por los responsables en el Estado de estos crímenes no presentan mayor avance en la atribución de las responsabilidades centrales, y la sociedad colombiana ha sido sometida a narrativas que le generan una imagen distorsionada del papel que está cumpliendo o deberían cumplir tanto la JEP, como la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco de la violencia padecida.
Lo que ha venido ocurriendo en estos procedimientos para el esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto o para el procesamiento de quienes se presentan como máximos responsables no es adecuadamente conocido por la sociedad, y ni siquiera por las víctimas directas. Ejemplo de ello es la versión presentada por el presidente Duque, sobre lo que sucede en la JEP, en su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en abril del 2022, en la cual expresó que “el Estado ha cumplido”, al hablar sobre los deberes de funcionarios públicos del Estado por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado interno, pero que en relación con las Farc aún se espera que los máximos responsables “le digan al país la verdad sobre el secuestro, sobre el reclutamiento de menores, sobre los delitos contra la mujer y por supuesto sobre estos vejámenes contra la fuerza pública” (configurando a los militares al nivel de víctimas, sin reconocer también su condición de mayores responsables de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de guerra y del continuado e impune genocidio del movimiento social).
También manifestó que los “aportes” en reparación a víctimas de los comparecientes de las Farc “están lejos de las expectativas”, desconociendo que la obligación de verdad también incumbe a los perpetradores estatales, y que aquí en realidad es donde tal vez menos se ha avanzado. La opinión de amplios sectores de la sociedad colombiana sobre la JEP está permeada por señalamientos como los anteriores, difundidos y amplificados ampliamente desde el poder del Estado y los medios de comunicación.
Pero la verdad de lo que sucede en el acontecer cotidiano de los procesos de rendición de cuentas y de procesamiento de los máximos responsables de la crueldad sistemática vivida, no es conocida por la mayor parte de la población, pues ha permanecido casi oculta, como información que circula solo entre los sujetos procesales, los magistrados, los comparecientes, las pocas victimas acreditadas y sus representantes. No se conocen cuáles víctimas están siendo consideradas en los casos que se priorizan, y se protege también la identidad de los perpetradores que, a diferencia de los juicios en otros procesos de justicia transicional en el mundo, en Colombia no son conocidos al ser protegida su información con reserva, y la información sobre quienes han comparecido, solo la conocen los representantes de las víctimas acreditadas y estas últimas.
Con el propósito de informar sobre estas realidades, desde el Espacio de Litigio Estratégico (ELE), y desde el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia – Europa Estados Unidos, en apoyo de otras organizaciones defensoras de derechos humanos, queremos dar a conocer, por medio de los boletines que con este número comenzamos, con la presentación de algunos aspectos relevantes sobre el desarrollo de los procesos de esclarecimiento de verdad, de asunción de responsabilidad, de aportes a la verdad y cumplimiento de compromisos del régimen de condicionalidad, especialmente de los casos en que está implicada la comparecencia de agentes implicados en crímenes que involucran la responsabilidad estatal. Lo hacemos con la convicción de que un amplio conocimiento de estas dinámicas, y en especial de las falencias en el proceso de acceso a los derechos a la verdad, justicia y memoria facilitarán un mayor protagonismo de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, así como un involucramiento crítico de nuevos sectores para influir en la obtención de mayores estándares de verdad y de justicia.
Damos comienzo a este ejercicio de observación y divulgación social con un balance de los procedimientos y compromisos de los comparecientes del Caso 03 sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por parte de la Brigada XVI del Ejército Nacional, en el departamento de Casanare
Descarga aquí el PDF La Lupa No. 1 – Verdades incompletas y parciales de crímenes de Estado en Casanare
