Las comunidades de Puerto Asís, Putumayo, denunciaron nuevas agresiones por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad). Esta vez ocurrió por un intento de desbloquear el corredor Puerto Vega – Teteyé, en donde los habitantes protestan desde el pasado 16 de junio.
Según informaron, la represión se presentó mientras varios directivos comunales se desplazaban hacia un punto de encuentro para analizar una propuesta del Gobierno que permitiera el paso de vehículos petroleros para abrir un diálogo. El hecho no dejó heridos.
“Rechazamos los señalamientos irresponsables de las instituciones. Las comunidades en protesta estamos siendo presionados por grupos armados. Ya hemos vivido muchos años de los mismos señalamientos para volver a lo mismo y esquivar la responsabilidad de resolver los problemas por medio del diálogo”, se lee en un comunicado.
Esta no es la primera vez que lanzan alertas sobre dichas agresiones. El sábado 15 de junio, a la vía llegaron tres tanquetas, cerca de 200 miembros del Esmad, cuatro camionetas y 20 motocicletas, así lo aseguraron los directivos comunales. Frente a esto, cerca de 3.000 habitantes de 15 veredas diferentes del corregimiento La Carmelita, se declararon en una asamblea permanente que, informaron, se levantaría “apenas se retiren las cuadrillas de erradicadores que están en las comunidades”.
Asimismo, el 3 de junio en medio de operativos para la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, el líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cumbre, Deobaldo Cruz, perdió el ojo izquierdo luego de recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno durante enfrentamientos con el Esmad.
“Desde el 28 de mayo y con el ataque al presidente ya sabíamos que habría violencia y lanzamos alertas tempranas”, dijo Sonia Cifuentes, representante de la Asociación Minga que ha acompañado al proceso de los campesinos.
Durante la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc, se pactó el Punto 4 que expone una estrategia del Ministerio de Defensa para luchar contra el narcotráfico. Para 2017, el Gobierno se puso la meta de erradicar cien mil hectáreas, 50.000 por vía de sustitución voluntaria desde las comunidades, y otras 50.000 por medio de la fuerza.
Sin embargo, ambas vías de sustitución han chocado y la gente asegura que varias familias han sido retiradas del programa. Según un informe publicado en 2018 por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), por lo menos 13.351 familias fueron suspendidas del programa en 49 municipios en los que opera el PNIS.
Según el documento, el problema de fondo eran los pocos avances en la generación de condiciones para el tránsito de estas familias a economías legales. De las 62.181 familias que ya erradicaron sus cultivos, solo 7.009 (el 11%) tenían planes de asistencia técnica.
“Las familias que arrancaron voluntariamente sus matas de coca y que han recibido sus pagos a cuentagotas sin implementar los proyectos de corto y largo plazo que reconviertan la economía de sus territorios están en condiciones de empobrecimiento y viviendo de jornalear en fincas ajenas”, agregan en el comunicado.
Cifuentes aseguró que se han realizado dos Consejos de Seguridad a los que asistieron la Gobernación, la Alcaldía, miembros del Ejército, de la Policía Antinarcóticos y del Esmad. Sin embargo, la postura adquirida por estos es que la erradicación forzosa no puede detenerse si no hay una orden del Gobierno.
Durante las conversaciones, los campesinos también exigieron el cumplimiento de los PNIS y que el Gobierno valore la posibilidad de generar un proyecto similar para que las familias que no están inscritas al programa puedan participar y recibir beneficios.
“Tenemos otra preocupación: el Ministerio del Interior está pidiendo que dos líderes vayan a Bogotá, en lugar de ir una representación gubernaental al territorio a tratar de hablar con la mayor cantidad de personas posibles. Es muy preocupante que el Gobierno responda siempre de la misma manera o no responda”, agregó Cifuentes.
Pese a las agresiones denunciadas, los campesinos informaron que se logró desarrollar una reunión en donde decidieron permitir el paso de todo tipo de vehículos desde este miércoles 19 de junio hasta el domingo 23 de junio “como una muestra de voluntad y de querer hallar salidas al conflicto social”.
Durante esos cinco días, la Asamblea continúa y habrá cuatro puntos de protesta al lado de la vía. Las comunidades advierten que no habrá taponamientos, por lo que la Fuerza Pública no tendrá motivos para interceder de forma agresiva.
Solicitan al Gobierno y las autoridades la conformación de una comisión que de paso a una Mesa Técnica de Diálogo para la pronta solución de las inquietudes que tienen las familias con respecto al incumplimiento de los acuerdos.
