El día 14 de septiembre el gobierno nacional nuevamente violenta los derechos territoriales del pueblo Nasa, específicamente del resguardo Kiwnas Chxab, en el corredor Puerto Vega -Teteyé del municipio de Puerto Asís con operativos militares de erradicación forzada, que contravienen decisiones de la Corte Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca.
Denunciamos que los Ministros del Interior, Justicia y de Salud, como también el Defensor del Pueblo y el Director de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Alta Presidencia para el Postconflicto incumplen de manera abierta y sistemática las órdenes dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado mes de febrero de 2021 en sentencia de tutela, donde ordena de manera clara el reconocimiento del derecho fundamental a la consulta previa a ocho comunidades Nasa en el departamento del Putumayo, determinando su realización ante cualquier proyecto de erradicación.
El incumplimiento a las órdenes judiciales se materializó en el resguardo Kkiwnas Chxab del pueblo Nasa donde se denuncian afectaciones territoriales cuando un grupo de erradicadores acompañados de fuerza pública ingresaron al Resguardo de manera arbitraria, sin la correspondiente aplicación de la consulta previa que debía haberse materializado hace dos meses y que a la fecha es inexistente.
Es preciso determinar que las operaciones de erradicación forzada como parte de la política antidrogas del gobierno, ponen en riesgo la integridad física y psicológica de los pueblos originarios además de su territorialidad, base material y espiritual de su cultura, por lo que las sentencias 3283 de 2003 y 0370 de 2021 dictaminan un replanteamiento de los procedimientos, “orientándose de mejor manera a desarrollar mecanismos conjuntos y coordinados con la población, que se enfoquen en los programas de sustitución de cultivos y ofrezcan oportunidades de desarrollo para las comunidades indígenas de la región”.
Por todo lo anterior hacemos un llamado al Ministerio Público y demás organismos de control del Estado, a que garanticen los derechos de la población indígena; a la fuerza pública a que cumpla con su deber constitucional de proteger la vida de la población, y a cumplir con lo exigido por la Corte Constitucional en materia de garantía de derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural y a la participación de las comunidades del pueblo Nasa, en éste caso.
En consecuencia, exigimos el retiro de miembros de la Fuerza Pública que se encuentra dentro del territorio Nasa en Puerto Asís.
No será con represión y falta de garantías que se avance en una salida a la problemática social cocalera. La paz territorial requiere decisiones participativas, estructurales e integrales, con un claro compromiso gubernamental, para garantizar los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas y por supuesto de las alternativas reales y sostenibles en las que sean acogidas las expectativas de todas y todos.
Asociación para la promoción social alternativa MINGA
17 de septiembre de 2021
Comunicado erradicaciones Putumayo
