Hemos conocido por parte de la Embajada de Estados Unidos – no de funcionarios del Estado colombiano-, que las tropas del Comando Sur de ese país tienen vía libre para establecerse en nuestro territorio. Si no hubo una comunicación oficial, no era difícil suponer que tal disposición tampoco fue tramitada en el Congreso como señala la Constitución Política, ni mucho menos sometida a una consulta de mayor participación, dadas las proporciones de sus implicaciones en el contexto nacional y regional.
Queda la inquietud entonces de quién y en dónde se tomó la decisión. Aunque no es el primer abuso de poder que, a cuenta del coronavirus, asume el presidente Duque en el marco del Estado de Emergencia; sobre todo si se trata de cumplir con las ambiciones del gobierno Trump, afanado por una guerra que salve su reelección y la economía del imperio, con una crisis precedente agravada por la expansión del Covid 19.
En Colombia estamos soportando los impactos de la reconfiguración de un conflicto político social y armado que tiende a complejizarse, fruto del menoscabo del proceso de paz iniciado en los acuerdos establecidos con las extintas guerrillas de las FARC y los diálogos con el ELN. La presencia de fuerzas militares extranjeras solamente conducirá a exacerbar y generalizar la violencia, hasta llevarnos a un nuevo escenario de guerra interna, con toda su degradación, como sucedió en tiempos del Plan Colombia. Mucho más, cuando la política antidrogas se hace en el marco de una estrategia de guerra contrainsurgente y de despojo territorial, para permitir el avance de los megaproyectos mineros, petroleros y agroindustriales del desarrollo extractivista, particularmente en las denominadas “Zonas Futuro”. La presencia militar estadounidense siempre se ha justificado por la seguridad de las inversiones de sus empresas, no la seguridad de una población despreciada por el racismo del gobierno norteamericano.
Es obvio que las intenciones de la irrupción militar de los EEUU en nuestra soberanía, van más allá del propósito de inmiscuirse abiertamente en nuestros conflictos internos; tiene que ver con la pretendida recuperación de su hegemonía en el continente. La desestabilización del gobierno de Venezuela y la usurpación de toda su base económica, han estado desde hace unos años en la agenda pública de la política internacional del EEUU.
En dicha maniobra compromete al subordinado gobierno de Iván Duque, quien ha permitido el uso de Colombia como plataforma de lanzamiento de esas aventuras intervencionistas, ahora enfocadas en nuestro hermano pueblo venezolano, justamente con la excusa de la lucha contra las drogas. La irresponsabilidad con la que Trump ha manejado las diferentes crisis en el mundo, inclusive la sanitaria, junto al arrogante desconocimiento del Derecho Internacional Público y de los diferentes acuerdos de convivencia en el planeta, presagia un panorama fatal para la región suramericana.
Iván Duque y los partidos de gobierno, el Centro Democrático y el Partido Conservador, corroboran sin sutilezas con este hecho que el rumbo belicista por el que están dirigiendo el país es muy conveniente para sus intereses y la de sus patrocinadores, legales e ilegales. La guerra aquí y allá, sería la peor pandemia para los derechos, las libertades y la paz del pueblo colombiano.
El encierro no nos puede paralizar. Es necesario que el país se manifieste ante esta inadmisible ofensa a nuestra autodeterminación.
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Bogotá, 29 de mayo de 2020
