La Asociación Minga rechaza y denuncia públicamente los retenes que realiza el Ejército en la Zona Veredal de La Carmelita en el corredor Puerto Vega-Teteyé, Puerto Asís, teniendo en cuenta que durante el procedimiento toman registro fotográfico y fílmico de cada persona que transita el lugar siendo este totalmente ilegal, como lo señala la Corte Constitucional en la Sentencia C-1119 de 2004.

Estos hechos generan zozobra y desconfianza por parte de la población, considerando que los asesinatos y masacres en el departamento del Putumayo vienen escalando como consecuencia de la disputa territorial entre grupos armados legales e ilegales y el control del negocio del narcotráfico, en medio del cual las comunidades y sus liderazgos sociales soportan diferentes agresiones que vulneran sus derechos, su autonomía y su vida misma.

Las actuaciones del Ejército lejos de ser rutinarios y parte del registro de su trabajo, se constituyen como un riesgo para la vida y seguridad de las comunidades en el territorio, en tanto que se identifica como único objetivo el registro documental mediante cédula y toma de fotografías y video de las personas, sin que exista inspección de maletas, cajas u otras pertenencias.

Es preciso alertar sobre la grave situación de derechos humanos que atraviesa el departamento, en vista de las cuatro masacres ocurridas en lo corrido del año y los veinte asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, a pesar de la fuerte presencia de las Fuerzas Militares en el territorio.

Por lo anterior solicitamos al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Procuraduría, Gobernación del Putumayo y Presidencia tomar las medidas urgentes y pertinentes para salvaguardar la vida e integridad de las comunidades del Corredor Puerto Vega Teteyé e investigar los hechos denunciados.

Hacemos un llamado al gobierno para que el ejercicio de las Fuerzas Militares también se transforme y sea guiado por la protección y garantía de los derechos humanos y la permanencia de las comunidades en el territorio.

Bogotá, octubre 22 de 2022

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DOC-20221023-WA0002.