Como organización defensora de derechos humanos, condenamos y rechazamos el ataque con carro bomba cometido la noche del 19 de enero en la ciudad de Saravena contra el edificio Héctor Alirio Martínez, donde funcionan las sedes de diferentes organizaciones sociales de Arauca. Sobre estos hechos que enlutan la familia del señor Simeón Delgado quien se desempeñaba como guardia de seguridad de un edificio contiguo, y que dejan al menos 4 heridos, entre ellos dos menores de edad, e incontables pérdidas materiales a viviendas, locales comerciales y oficinas de otros procesos comunitarios; no se entiende cómo un grupo armado puede atacar de manera aleve a personas inermes dedicadas a acompañar comunidades y exigir la materialización de sus derechos.
Tampoco se comprende cómo se presenta un hecho de estas desproporciones en el marco de una alta militarización como la que viven las poblaciones del municipio de Saravena y el departamento de Arauca, donde, además, el actual gobernador (e) es un excomandante del Ejército Nacional. Se suma a ello que la sede atacada está ubicada a escasos 300 metros de la Estación de Policía. Asimismo, eran conocidas las recientes amenazas a las organizaciones sociales, las cuales hacen parte de la arremetida contra la población civil y líderes comunales, situación que ha cobrado la vida a más de 30 personas desde el 2 de enero del nuevo año en este territorio.
Desde entonces, la crisis humanitaria crece exponencialmente, a tal punto que la sede de las organizaciones sociales albergaba en el momento del atentado un número importante de personas que han salido de sus localidades para protegerse. Sin embargo, la única respuesta del gobierno nacional ha sido militarizar aún más el territorio y hacer Consejos de Seguridad, políticas que, ante los hechos, muestran un rotundo fracaso, como es ya tradicional.
Ante estos hechos y el riesgo inminente sobre la población civil y sus liderazgos sociales, demandamos del Estado colombiano en su conjunto, garantizar la vida e integridad física de todas las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales de Arauca. A la Fiscalía General de la Nación investigar los hechos de manera eficaz como lo hicieron en crímenes recientes de otro orden en el país. A la Procuraduría General de la Nación investigar a los funcionarios públicos civiles y militares que tenían el deber de proteger la vida e integridad física de las personas defensoras derechos. A los grupos armados respetar el DIH y no involucrar a la población civil en la confrontación violenta.
A la comunidad internacional continuar su acompañamiento y seguimiento a la crítica situación del departamento, y no cejar sus buenos oficios para avanzar en diálogos humanitarios y búsqueda de una paz completa para evitar la pérdida de más vidas en este sufrido departamento.
Toda nuestra solidaridad con las organizaciones sociales y de derechos humanos afectadas y a las comunidades araucanas que soportan con fuerza y dignidad tanta violencia.
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Bogotá, enero 21 de 2022
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Comunicado Asociación MINGA
