La Asociación MINGA rechaza las continuas operaciones de erradicación forzosa que el gobierno nacional impone en el Putumayo y las agresiones dirigidas especialmente hacia las comunidades del Corredor Puerto Vega Teteyé que en este día cobran la vida de dos campesinos y tres heridos
Hoy 3 de julio del 2020, nuevamente el gobierno nacional atropella a las comunidades campesinas del corredor Puerto Vega – Teteyé del municipio de Puerto Asís, Putumayo, con operativos violentos de erradicación forzada que se llevan a cabo desde horas de la mañana en la vereda La Caucasia del corregimiento Teteye. Estas maniobras han dejado como consecuencia dos campesinos muertos y tres heridos, dos de ellos con armas de fuego, según informan personas de la vereda, cuando las fuerzas policiales de la Unidad Antinarcóticos irrumpieron violentamente con disparos de fusil contra la población que reclamó el cumplimiento de los acuerdos del PNIS y el respeto a los escenarios de diálogo frente a dichas acciones represivas. Las y los campesinos informan además que el cuerpo del campesino asesinado ha sido retenido por la Policía y están solicitando atención urgente para las personas que se encuentran heridas.
Cabe anotar que esta vereda hace parte de la Mesa de Diálogo para la Sustitución Autónoma y Voluntaria de Cultivos de Coca, pactada entre las comunidades y el Ministerio del Interior en agosto de 2019; y que este año durante el último mes ha reunido a representantes de las veredas, de la alcaldía y la gobernación, el Concejo Municipal, la Fuerza Pública y el Ministerio del Interior, para resolver precisamente las violaciones a lo pactado en esta Mesa. Pero estos deplorables hechos ponen en cuestión la voluntad manifestada por parte de la institucionalidad de continuar con el proceso de transformar social y productivamente el territorio y salir progresivamente de los cultivos de coca con garantías para la vida campesina.
El constante irrespeto gubernamental a la palabra empeñada ha provocado reclamaciones permanentes por parte de las familias firmantes de acuerdos colectivos sustitución, entidades del departamento y organizaciones sociales y de derechos humanos de la región y el país, que estas acciones unilaterales pisotean la voluntad política de las comunidades, exponen su vida en el contexto de violencia que se vive y colocan en riesgo su salud en las actuales condiciones de pandemia.
Aunque el gobierno se haga el de oídos sordos, no nos cansaremos de rechazar el carácter represivo de la falsa política antidrogas, por cuanto está dirigida a perseguir el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico como lo es el campesinado, a quien no reconoce como sujeto económico, social, político y cultural en la vida nacional y no le ha permitido otra opción para su sustento. Por todo lo anterior nuevamente denunciamos:
- Los violentos operativos de erradicación forzada que atentan contra la vida de las comunidades campesinas del Corredor Puerto Vega – Teteyé, y que en esta cuarentena ya llegan a la media docena, donde son frecuentes los abusos de la Fuerza Pública en contra de los derechos humanos de la población, incluido el derecho a la protesta social.
- La inminente crisis alimentaria a la que se ven abocadas las comunidades pues no hay ninguna propuesta integral de sustitución para las familias que garantice su mínimo vital, lo que expresa el incumplimiento del Gobierno del PNIS y la Mesa establecida con siete veredas del Corredor.
- La violación a los protocolos de salud exigidos a nivel nacional durante la pandemia por parte de los integrantes de la Fuerza Pública y del grupo de erradicadores, poniendo en riesgo la salud pública y exponiendo a las comunidades a la propagación del virus a través de los agentes externos.
Hacemos un llamado al Ministerio público y demás organismos de control del Estado, a que y garanticen los Derechos de la población; a la Fuerza Pública a que cumpla con su deber constitucional de proteger la vida de la población, y a cumplir con lo exigido por la Corte Constitucional en materia de planes de contingencia durante los operativos de erradicación forzada: al Gobierno Nacional a que detenga los operativos de erradicación forzosa y retome los caminos de diálogo y concertación con las comunidades.
A las organizaciones defensoras de derechos humanos, a la Comunidad Internacional y a los Organismos Internacionales garantes de los Derechos Humanos, les solicitamos atender perentoriamente la crisis humanitaria del Putumayo ante las denuncias por los ataques de los que son víctimas las comunidades de la región, tanto por parte de agentes del Estado como por actores armados al margen de la ley que siguen amedrentando y asesinando líderes y lideresas sociales.
No será con represión y falta de garantías que se avance en una salida al problema de los cultivos. La paz territorial requiere decisiones participativas, estructurales e integrales, con un claro compromiso gubernamental, para garantizar alternativas reales y sostenibles en las que sean acogidas las expectativas de todas y todos.
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Julio 3 de 2020
