En el Catatumbo se desarrolla una economía ilegal que alimenta el conflicto armado.
El Catatumbo es una región altamente violenta.
La economía de la coca produce grandes riquezas.
Los cultivos de coca han destruido la producción de alimentos y han provocado un gran impacto
ambiental por la deforestación y la contaminación de la naturaleza.
La cultura de la coca ha llevado a la juventud al facilismo, al consumismo y a los vicios y a las mujeres a la prostitución.
Son frases que repiten los medios de comunicación y con sorna, sentencian las instituciones. Con ello están diciendo que la problemática de la coca no se reduce a un cultivo, va mucho mas allá, define una economía de impacto nacional y mundial y ésta así mismo, define unas relaciones sociales y una cultura, la que suelen llamar cultura traqueta.
En este entramado económico y social el campesinado es la mano de obra barata que aporta sus suelos, sus aguas, sus conocimientos y la fuerza de trabajo familiar, asumiendo los costos sociales y ambientales de dicha economía y sometiéndose a las definiciones en términos de costos de producción y precios de venta que imponga el mercado, sin ninguna capacidad de incidencia, constituyéndose así, en el objeto de mayor explotación por parte de capitales foráneos que acumulan grandes riquezas que se exportan.
La incorporación del cultivo de la coca a la finca campesina se hace como cualquier otro cultivo, llámese cacao, café o caña panelera y aumenta hasta convertirse en monocultivo en la medida que la demanda y los precios del mercado le sean favorables. La familia campesina del pequeño cultivador de coca es así, la misma familia que antes cultivaba café, cacao, caña entre otros cultivos propios de la región, cuya economía asociada era dinámica y le favorecía.
Esto quiere decir, que no es suficiente con cambiar el cultivo, es necesario cambiar la economía, dinamizarla, definir el modelo productivo e impactar las relaciones sociales y la cultura.
En un espacio de debate y reflexión del CISCA sobre los cultivos de uso ilícito y la economía asociada a ellos, nos preguntamos: ¿Cómo queremos ver el Catatumbo1 a 20 años? Y decimos:
Una región sin violencia, productora de vida y esperanza, con una economía autónoma, soberana, estable y justa, que combata la desigualdad que nos ha empobrecido a la mayoría producto de la explotación de las tierras y la mano de obra campesina, como saldo que nos ha dejado la coca en las ultimas dos décadas. Una economía diversa, basada en el potencial de cada municipio, libre de extractivismos, de multinacionales y en armonía con la naturaleza, por ello consideramos que es urgente frenar el paso acelerado que se viene dando de la coca hacia la minería, pues un siglo de explotación petrolera no mejoró nuestras condiciones de vida.
Una economía campesina que fortalezca la identidad, las relaciones sociales basadas en la solidaridad y no en el individualismo y que promueva la cultura propia catatumbera, que ponga la vida por encima de las mercancías.
Para avanzar en ese propósito planteamos:
En el marco de un nuevo ordenamiento territorial proponemos avanzar en la constitución de Territorios Campesinos Agroalimentarios, a partir sus tres ejes fundamentales: el ordenamiento territorial popular, la soberanía alimentaria y el poder popular.
Un ordenamiento territorial popular alrededor del agua y la recuperación de la naturaleza, en especial de las cuencas hídricas, entendiendo el agua como un bien fundamental altamente afectado por la economía de la coca, lo que se está constituyendo en un conflicto socioambiental de grandes dimensiones.
Resolver los problemas entre el Pueblo Barí y el campesinado, relacionados con la economía de la coca, la propiedad de la tierra y el ordenamiento territorial, brindando garantías para ambos pueblos, indígena y campesino.
La soberanía alimentaria y dentro de ella tres temas centrales: la reforma agraria integral, la agroecología, y los sistemas agroalimentarios locales.
La reforma agraria integral que permita el acceso a tierras, créditos a bajo costo y asistencia técnica para suplir la creciente demanda originada en la inmigración constante de población del Cesar, Sur de Bolívar y Venezuela atraída por la dinámica económica de la coca, más el crecimiento propio de la población catatumbera; demanda que viene generando la ampliación de la frontera agropecuaria hasta afectar las últimas reservas de selvas con que cuenta la región.
La agroecología para enfrentar el grave deterioro de los suelos que limitará el desarrollo de cualquier alternativa productiva. De igual forma, ante la crisis mundial de insumos de síntesis química usados en la agricultura y los impactos de éstos en el clima, se requiere con urgencia producir y usar insumos agroecológicos, a través de la implementación de fábricas de bioabono, laboratorios de suelos y la formación técnica y profesional de campesinos y campesinas en la materia.
Los sistemas agroalimentarios locales contrapuestos al sistema agroalimentario industrial, que nos conviertan en despensa agrícola para alimentarnos y alimentar el país con productos sanos, diversos y sin venenos, a partir de la recuperación de los suelos, las semillas y razas nativas, los saberes ancestrales y la cultura campesina; que lleve al cambio del modelo de producción actual basado en monocultivos legales o ilegales para exportación. Un sistema que integre la producción, la transformación, la distribución, la comercialización y el consumo, recuperando la rica experiencia de cooperativismo y economía solidaria que por décadas sostuvo el tejido productivo y social de la región del Catatumbo, un sistema que permita que toda la comida que traemos hoy de afuera, la produzcamos y transformemos localmente y el excedente, lo saquemos a otros mercados, garantizando en primera medida, nuestra propia alimentación2. Un sistema donde los alimentos no le den la vuelta al mundo, que su transito sea del campo a la mesa, de tal manera que se disminuyan los gases efecto invernadero que calienten el planeta.
Para ello se requiere: mejorar y sostener el precio de los alimentos, construir infraestructuras para la transformación, formar técnica y profesionalmente al campesinado, mejorar la red vial terciaria y secundaria, enfocar la política agraria a cultivos transitorios más que a cultivos permanentes como la palma aceitera3 tal y como ha ocurrido en las últimas décadas, desmontar los TLC’s que destruyen la producción local, desembotellar el Catatumbo declarándolo región binacional eliminando las trabas para lograr un intercambio comercial fluido y permanente con Venezuela, elevar los alimentos a factor de seguridad nacional y a quienes los producen, declararlos sujetos de especial protección. Cuando se desestimulan los cultivos de cebolla roja, fríjol, café, cacao, caña panelera por alguno de los factores antes mencionados, se incrementan los cultivos de coca4.
Reconocer y fortalecer la organización de las comunidades como ejercicio propio de poder popular, que ha sido contrapoder a un Estado ausente y a unos gobiernos sumidos en la corrupción, que han condenando al Catatumbo al abandono y empobrecimiento histórico. Tal fortalecimiento debe contribuir a la no estigmatización, a que la juventud herede el legado de lucha sin temor a ser asesinado o judicializado. Un poder popular cuyo reconocimiento le permite aportar en la profundización de la democracia, en el cumplimiento a los acuerdos surgidos de las innumerables movilizaciones que representan un insumo fundamental para avanzar en los cambios y transformaciones que demanda la región, en especial los relacionados con otra economía diferente a la coca y con otra cultura diferente a la del consumismo y la destrucción de la naturaleza.
Ese poder popular está tejido en las comunidades, las Juntas de Acción Comunal, en las Asociaciones de Juntas y en los procesos sociales, sectores invisibilizados o desconocidos por gobiernos anteriores, a la hora de construir alternativas para la región. En este sentido, la búsqueda de soluciones a la compleja problemática de la economía de la coca, solo será posible con la participación activa de las comunidades y sus formas organizativas, desde espacios permanentes profundamente democráticos y vinculantes.
Los Territorios Campesinos Agroalimentarios deben ir acompañados de:
El goce del respeto a los derechos humanos, sin militarización, sin estigmatización, con instituciones gubernamentales que no permiten la corrupción, que manejan con transparencia y honestidad los recursos públicos que son destinados a la garantía de derechos a la educación, la salud, la vivienda digna, las vías para las comunidades. Este goce de los derechos humanos debe permitirles a las mujeres una vida libre de violencias para aportar su compromiso y su sabiduría a la organización y lucha por la defensa del territorio.
La economía de la coca ha traído una fuerte estigmatización para las comunidades que habitamos el Catatumbo, convirtiéndose en una forma recurrente de violencia simbólica que deshumaniza y da paso a la violencia
directa. Por otra parte, esta economía ha contribuido a incrementar la violencia hacia las mujeres, relegando a unas cada vez mas hacia las labores domésticas y de preparación de alimentos, a otras obligándolas a modificar sus cuerpos al mejor estilo de Sin tetas no hay paraíso, mientras otro grupo, en su mayoría menores de edad, es presa del oprobioso mercado de las virginidades para reconocidos narcotraficantes nacionales y extranjeros que transitan sin reparos por la región.
Por su lado, la educación como aparato ideológico que apalanca la cultura, debe formar personas para la vida y la paz, capaces de enfrentar los retos de la región y no en formar mano de obra barata para el extractivismo y sus impactos. Una educación que erradique el analfabetismo, que vincule a toda la población sin distinción de edad, abierta para niñas, niños, jóvenes y adultos, con un sistema que les permite aprender entre ellos.
La economía de la coca se posicionó gracias a un debilitamiento del sistema educativo, al poco interés y motivación que despierta entre la juventud, a su baja calidad, a la corrupción que ronda el PAE y los altos costos que le descarga a madres y padres de familia, un derecho que se precia de ser gratuito y universal, pero que presenta la siguiente realidad: 30.607 personas no han ido un solo día a clase, 74.287 tienen la primaria incompleta, 35.326 la secundaria y 6.625 la media. En promedio, en los 11 municipios de la región el 68% de las personas no tiene continuidad en la escolaridad entre quinto grado y once, a más de 7.000 niños y niñas no les fue nombrado docente durante el año 2022 a pesar de interponer tutelas. En total 116.238 personas, más del 35% de todos los habitantes, no han visto cubierto su derecho pleno a la educación en estos niveles.
Por tanto, se demanda de una educación que desde la primera infancia enamore por su calidad, por su creatividad, por su pertinencia, por su implementación estricta y rigurosa como es zonas urbanas. Donde el paso a la primaria y secundaria esté garantizado con calidad y gratuidad total y real, en la medida que es cercana, que cuenta con albergues, con alimentación y está conectada al mundo, y deja de ser una carga insostenible para las madres y padres de familia. Una educación donde llegar a la universidad se convierte en un paso natural, y deja de ser una lotería, una fortuna, un privilegio de pocas personas que terminan yéndose a buscar oportunidades a otra parte porque en la región están condenadas al desempleo.
La universidad será así el cierre de un ciclo hasta hoy inconcluso, el acceso a un derecho desde siempre negado, por ello soñamos con una universidad autónoma, blindada contra la corrupción, con garantías de acceso y calidad, con una oferta de carreras acorde a las necesidades de la región y a la altura los sueños de la población; con un modelo descentralizado que llega a todos los municipios. Que reconoce los saberes ancestrales, promueve el desarrollo de habilidades técnicas y forma profesionales integrales.
El derecho a una salud que atienda desde un sistema preventivo, de calidad y pertinente, los impactos que ha dejado la economía de la coca por el deterioro de la alimentación, el consumo de agua contaminada, el incremento de la drogadicción y el alcoholismo, así como de los embarazos a temprana edad.
De esta manera, las alternativas a la problemática de la economía de la coca, deben tocar dimensiones mas allá del mero cultivo como las citadas anteriormente, más los escenarios nacionales e internacionales que definen las políticas, por ello es indispensable incidir en el cambio de la fracasada política internacional basada en la Guerra Contra las Drogas, que ataca de manera directa, con erradicación forzada o fumigaciones, el eslabón mas débil, el que percibe menos ganancias y vincula un mayor número de personas, el eslabón de la producción; dejando en un segundo plano el mercado de insumos, la comercialización de clorhidrato de cocaína y el lavado de dinero, eslabones donde se centra la riqueza y se generan las relaciones que corrompen los poderes políticos y económicos del país y del mundo.
Rechazamos de forma categórica toda política que plantee la erradicación forzada o las fumigaciones aéreas con herbicidas, por sus graves impactos en la salud y en la naturaleza, y por su demostrada ineficiencia, así como las judicializaciones de campesinos cultivadores de coca. Respaldamos las iniciativas del gobierno nacional de exigir a la comunidad internacional un cambio hacia la Regulación de las Drogas, donde el centro de la política esté en el tratamiento de los problemas de salud, la conversión económica de las comunidades productoras de hoja de coca, y la atención de los impactos ambientales producidos por dicha economía, donde la deforestación se ha constituido en el principal factor que aporta, desde Colombia, al calentamiento del planeta.
COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL CATATUMBO CISCA
EL TARRA, 15 DE DICIEMBRE DE 2022
Propuesta Cisca en Encuentro cocalero
