Compartimos la carta abierta que el pueblo indigena Awá envía al presidente Juan Manuel Santos y al Jefe del estado mayor de las Farc Timoleon Jimenez, luego de realizar la conmemoración de los 7 años de la masacre del resguardo Tortugaña Telembí perpetrada por las FARC.
En esta sentida comunicación, el pueblo Awá solicita a las delegaciones iniciar acercamientos que culminen con la solicitud de perdón público a las víctimas de esta masacre, así como garantías de verdad, justicia, y no repetición de actos violentos contra su golpeada comunidad.
CARTA ABIERTA DE LA ZONA TELEMBÍ – PUEBLO AWA A LAS DELEGACIONES DEL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC-EP MESA DE NEGOCIACIONES DE LA HABANA
Los Telembies, febrero 14 de 2016
Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Jefe del Estado Mayor de las FARC-EP
Delegados del gobierno nacional y las FARC-EP
Mesa de Conversaciones de la Habana, Cuba
El pasado 4 de febrero, reunidos en la comunidad los Telembies del resguardo Tortugaña Telembí, municipio de Barbacoas-Nariño, conmemoramos 7 años de la masacre del resguardo Tortugaña Telembí perpetrada por las FARC- EP en esta misma fecha del año 2009, cuando fueron cruelmente asesinados catorce de nuestros hermanos y hermanas.
Nos encontramos en nuestra memoria para renovar el compromiso con la vida, la dignidad y la autonomía que nos ha acompañado durante todo este tiempo, las cuales nos han permitido afrontar el dolor que no cesa.
Nos dirigimos a ustedes y a la opinión pública en el intento de tender lazos para superar esa dolorosa experiencia, pues tenemos la esperanza de que si reciben nuestras palabras con sinceridad, también harán propio nuestro dolor y nuestras expectativas de ver en ustedes gestos sinceros que permitan sentar las bases de una paz verdaderamente territorial y los trágicos hechos que recordamos fueron resultado de la violación continuada a las normas del DIH, los Derechos Humanos y de nuestra Autoridad y Ley propias, durante las confrontaciones armadas entre el ejército nacional y la guerrilla en la región desde el año 2008.
Además del aumento de combates, víctimas de minas antipersonal y amenazas en nuestro territorio, el ejército ingresó a nuestras comunidades, razón por la cual la guerrilla nos acusó injustamente de colaboradores y nos convirtió en objetivo militar. Aquel 4 de febrero hombres de las FARC asesinaron de manera brutal a 14 personas, incluyendo a tres hombres de nuestra guardia indígena y a dos mujeres en estado de embarazo a quienes les arrancaron sus hijos del vientre. Los cuerpos de varias de las víctimas aún están desaparecidos mientras los restantes, con signos de tortura, tardamos más de un mes en recuperarlos y varios años antes de poder sepultarlos.
En aquel momento exigimos a las FARC que entregaran a nuestros hermanos y al gobierno nacional que hiciera el levantamiento de sus cuerpos para retornarlos dignamente a la madre tierra. Pero ninguno escuchó nuestras palabras. Por ello, convocamos a la MINGA HUMANITARIA POR LA VIDA Y DIGNIDAD DEL PUEBLO AWA en compañía de organizaciones indígenas nacionales y regionales, la cual reunió a más de 700 hermanos y hermanas que caminamos nuestras montañas para dar con el paradero de las víctimas de la masacre.
Los efectos han sido devastadores para el tejido social y cultural de nuestro pueblo. Las muertes violentas, los cuerpos desaparecidos, los niños sin recibir un nombre y aquellos hermanos que fueron enterrados fuera de su territorio natal y casi seis años después, el 13 de noviembre de 2014, desequilibran gravemente nuestra relación con el mundo espiritual.
Ello, debido a que heredamos un vínculo con el territorio desde el nacimiento, que inicia con el entierro de nuestro ombligo en nuestra propia casa después de nacer y se completa con la ceremonia de las honras o el cabo de año, para permitir el descanso de nuestros muertos. Por otra parte, el terror producido por la masacre obligó al desplazamiento más de 400 Awá del resguardo hacia diferentes centros poblados: los corregimientos de Buenavista y el Diviso en Barbacoas, los municipios de Samaniego, Ricaurte e incluso la ciudad de Mocoa en el departamento del Putumayo, donde la mayoría permanecen debido a la falta de garantías para regresar. Además de perder su territorio en tales lugares carecen de vivienda, alimentación, educación y salud dignas.
Sin embargo, durante estos siete años no dejamos un solo día de trabajar por el fortalecimiento de la autonomía de nuestro gobierno, la dignidad de nuestro pueblo y la memoria viva de nuestros hermanos. Hemos visibilizado este y otros hechos ante la comunidad nacional e internacional, implementado procesos de autoprotección territorial, y hemos respondido con todos nuestros esfuerzos a las necesidades de las víctimas de la masacre. Sí, somos víctimas, pero también somos actores de nuestro propio destino.
Por eso nos entristece saber que esta era una masacre anunciada, y que el gobierno tiene una responsabilidad en la omisión de sus deberes constitucionales. Durante los años anteriores elevamos múltiples denuncias sobre el riesgo que significaba para nuestra vida el ingreso descontrolado del ejército en la región, pero no fueron atendidas. Como prueba de ello baste recordar que en junio de 2008 y enero de 2009 la Defensoría del Pueblo alertó sobre los inminentes riesgos que vivíamos por las confrontaciones armadas, la falta de atención adecuada por parte del Estado y los señalamientos de los que éramos objeto.
Con todo, no fueron tomadas las medidas necesarias para minimizar sus efectos. También duele saber que sólo nueve días antes de la masacre la Corte Constitucional había emitido el Auto 004 de 2009, donde declaraba a los Awá y a otros 34 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural, por lo que ordenaba nuestra protección. En medio de nuestro duelo construimos el Plan de Salvaguarda Étnico para poner en marcha las órdenes del Auto, siendo el primer pueblo indígena en presentarlo al gobierno, pero al presente ni siquiera ha finalizado su etapa de consulta. Y qué decir de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Auto 174 de 2011 en el que la Corte ordenó una vez más nuestra protección, y la reparación integral como sujeto colectivo a la luz del Decreto Ley de Víctimas 4633 de 2011. Los avances son mínimos comparados con las promesas incumplidas.
Sin embargo, no les tenemos odio ni resentimiento. Prevalece un inmenso deseo de cerrar nuestras heridas, ver reparados a nuestros hermanos y hermanas víctimas, y garantizados los derechos a la verdad, la justicia, la memoria y la no repetición de tales actos de barbarie y abandono. Por eso, este 4 de febrero nos pronunciamos ante este hecho inolvidable y acordamos solicitar a ustedes, representantes del gobierno nacional y la guerrillas de las FARC-EP, iniciar acercamientos que culminen con la solicitud formal de perdón de su parte a nuestras víctimas de la masacre de Tortugaña Telembí.
Nuestra petición no es un acto de arrogancia. Es ante todo el deseo de ver materializados los esfuerzos que adelantan en la Habana en nuestro propio territorio. Queremos un nuevo comienzo para nuestra gente, pero ello requiere del más firme compromiso de no repetición. Las víctimas queremos que la esperanza renazca, pero la esperanza no llega en comunicados. Las víctimas queremos que se acabe la rabia, pero el sosiego no se cultiva extrañando a las familias desaparecidas. Las víctimas queremos reconstruir nuestra vida y cultura, pero no podemos sin educación, salud ni una vivienda dignas. Las víctimas tenemos temor de retornar a nuestros hogares abandonados, porque no basta con que en la selva se oigan rumores de que el camino está despejado. Un encuentro cara a cara entre las víctimas y ustedes aquí en nuestro territorio sentaría las bases para el surgimiento de la confianza, para estar seguros de que la violencia no se va a repetir y que veremos realizados nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.
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