La población civil debe ser especialmente protegida en cumplimiento de las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra manifiesta su preocupación por los últimos hechos que se han presentado y que ponen en riesgo a las comunidades de la región del Centro Oriente de Colombia.

1. Desde el mes de febrero del presente año, la organización insurgente Ejército de Liberación Nacional ELN, ha hecho público el desarrollo de una campaña contra la infraestructura petrolera y las fuerzas militares del Estado. En el marco de la misma han efectuado diversas acciones bélicas contra miembros de la fuerza pública, voladuras al oleoducto, obstrucción de vías públicas, retención de personas y quema de vehículos al servicio de las petroleras. En algunas de estas actividades se ha visto afectada la población civil en sus derechos a la integridad, libre locomoción, así como afectaciones a sus bienes y proyectos.

2. El 29 de junio, violentando las estrictas medidas de seguridad implementadas tanto por la empresa OXI como por el ejército nacional, se desarrolló un atentado contra la infraestructura del campo petrolero de Caño Limón que dejó 13 personas heridas.

3. Desde el 30 de junio de 2014, la organización rebelde ELN dio a conocer por los medios de comunicación el contenido de un comunicado donde informan a las comunidades sobre el desarrollo de un Paro Armado con motivo de la celebración de sus 50 años de existencia, en el cual se anuncia parálisis del comercio y transporte en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare y los Santanderes, desde el 3 de julio.

4. Como respuesta a la situación el Ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón Bueno, presidió un consejo de seguridad en las instalaciones de la Brigada 18 de Arauca, donde ofreció recompensa para quienes denuncien a los actores de estos hechos como una forma de “sacar al ELN de las casas de Arauca”.

Este tipo de declaraciones vulneran el principio de distinción contemplado en las normas del derecho internacional humanitario y estigmatiza de manera general a la población araucana poniendo en riesgo su vida y su libertad. Recordemos que en el pasado, en consecuencia de estas declaraciones o mandatos se produjeron asesinatos, judicializaciones, desapariciones, torturas y desplazamientos contra la población civil, caso ejemplar, los incentivos económicos dados a la fuerza pública y a los cooperantes en cabeza del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que desencadenaron en lo que se conoció a nivel nacional como los mal llamados “falsos positivos”.

Por lo anterior exigimos a los actores del conflicto armado respetar las normas y principios del derecho internacional humanitario y en general los derechos fundamentales dejando al margen de sus acciones a la población civil. Al Estado colombiano tomar las medidas eficaces para proteger la vida, integridad y bienes de la población civil.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN NUESTRO TERRITORIO

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA