Compartimos el segundo artículo de la serie «La paz desde la selva del Putumayo», realizada por el diario Espectador con su proyecto @Colombia2020, sobre la realidad del este departamento, sus preocupaciones sobre la sustitución de cultivos de coca, la extracción petrolera y la implementación de los acuerdos de paz, así como sus propuestas de defensa de la Amazonía, territorios campesinos agroalimentarios y construcción de vida digna…
En este departamento el debate es entre las críticas del derroche de plata del Plan Colombia y las propuestas de campesinos e indígenas del Putumayo, quienes ya tienen listo el Plan de Desarrollo Andino Amazónico para ejecutarlo en lo que llaman la “bonanza del posconflicto”.
En las veredas de los 13 municipios del Putumayo aún se ven los tanques de mil litros de agua marcados con “Plan Colombia para la paz”. Las familias guardabosques aún se mencionan en la zona y el olor a glifosato está impregnado en la tierra y en las matas que aún huelen a veneno. Son los residuos de una política que en 2001, el Gobierno de Colombia y de Estados Unidos, empezaron a implementar para contrarrestar la “amenaza insurgente” y acabar con los cultivos de coca. Putumayo fue el experimento.
Los ejes transversales de este laboratorio de paz no daban cuenta de tal objetivo. En cambio, sí mostraban que lo que vendría para esta región era el aumento del pie de fuerza militar y la agudización del conflicto en la lucha por el control territorial. No obstante, quince años después de ese experimento, no lograron acabar ni la coca, ni mucho menos extinguir a las Farc de este territorio. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Putumayo es el segundo departamento que más hectáreas de coca sembradas tiene: 20.068. Mientras tanto, las Farc negocian con el Gobierno un tratado al que dos de los ejecutores del Plan Colombia (Andrés Pastrana y Álvaro Uribe) llaman “la impunidad”.
El Plan Colombia a Putumayo llegó con la idea de implementar cuatro ejes: la formulación de un proceso de paz con los grupos insurgentes; el establecimiento de programas de desarrollo, de reactivación económica y de generación de empleo; el fortalecimiento institucional, y la recuperación de extensas áreas azotadas por el conflicto y el narcotráfico.
Lo primero que cayó encima de los campesinos fue el invierno del glifosato. “Vamos a recuperar este territorio que está inundado de cultivos ilícitos. El Gobierno y las fuerzas armadas van a combatir este flagelo. Ésta es una guerra que vamos a ganar…”, dijo el entonces comandante del Ejército, general Harold Bedoya.
Según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, entre los años 2000 y 2015 se gastaron 141.000 millones de dólares en el Plan Colombia, de los cuales Estados Unidos solo aportó 9.000 millones de dólares. En el Putumayo, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), invirtieron 57,4 millones de dólares. Dinero que sirvió para financiar programas de desarrollo alternativo (53 millones), promoción de democracia (2,2 millones), asistencia a desplazados y grupos vulnerables (2,2 millones). Esto, sin contar el gasto militar y las aspersiones aéreas.
“En Putumayo, inicialmente hubo ganancias claras, el área cultivada pasó de 12.253 hectáreas en el año 2000 a 4.386 en el año 2002. No obstante, hay un repunte en el 2004 y la tendencia creciente continúa hasta el 2006 cuando el área cultivada alcanza su máximo histórico (66.022 hectareas)”. Desde entonces, las plantaciones de coca siempre han estado por encima de las 4.500 hectareas. También se comprobó que cerca del 70% de los cultivos de coca se recuperaron y se resembraron en los siguientes ocho meses.
De esa bonanza de dólares poco les llegó a los campesinos. “Aquí hubo mucha plata del Plan Colombia, pero no hubo planificación concertada con la comunidad y eso fue un fracaso. Ahora viene, supuestamente el posconflicto, le están haciendo mirar a la gente que va a llegar mucha plata, pero llegue lo que sea, sino es bien planificada y concertada con la gente, eso también va a ser una decepción”, dice Marco Rivadeneira, presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís.
Las marchas cocaleras y sus conquistas
Marco Rivadeneira, aún recuerda cómo las fumigaciones eran diarias y se extendían desde las 7 am. hasta las 5 pm. Desde el 28 de enero de 2001 hasta diciembre de 2002 fueron fumigadas más de 130 mil hectáreas de coca. Contra esa política ya se habían movilizado en 1996 en las recordadas marchas cocaleras.
“Qué vivan los campesinos putumayenses”, se escucha en los audios que guarda la comunidad que participó en el paro. Un mes estuvo paralizado el Putumayo. La marcha cocalera, como quedó registrada en la historia, fue organizada por el Movimiento Cívico Regional del Putumayo, que es el resultado del paro cívico que se dio entre el 20 de diciembre de 1994 y el 11 de enero de 1995. La razón: la lluvia de glifosato que ya los sofocaba.
De ahí que las peticiones de los campesinos siempre fueron que se implementara el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante), enfatizando que había que «complementar las campañas de erradicación forzosa, mediante inversiones de carácter social». Entre otras cosas, se exigió la interconexión eléctrica, vías y programas en educación y salud. Y desde entonces ya decían que «la paz se debe lograr a través de cambios concretos en los aspectos sociales, políticos y con la participación de la sociedad civil».
En esas movilizaciones las conquistas del campesinado han sido muchas. Por ejemplo, en el Putumayo se constituyó en 1996 la Zona de Reserva Campesina, La Perla Amazónica, cerca de Puerto Asís. Y surgió el Plan de Desarrollo Campesino del Putumayo que hoy se llama Plan de Desarrollo Andino Amazónico. Es la mayor apuesta que tienen los “montesinos”, como dicen que deberían llamarse los campesinos del pie de monte amazónico.
Heraldo Vallejo Martínez, es un putumayense nacido en Mocoa. Un campesino que estudió zootecnia y hoy es el Secretario de Agricultura del departamento. Impulsa esta propuesta construida desde la base y tiene una teoría: en Putumayo hay un potencial agroindustrial que no lo produce la ciencia, sino el monte. “Por eso es que debemos llamarnos Montesinos”, dice.
Las ideas que soportan el plan son distintas a las del mercado que piensa como empresa. Tiene los elementos de salud, educación, infraestructura, servicios públicos, economía y derechos humanos. Pero el énfasis se concentra en la producción del campo.
Heraldo conoce muy bien la tierra de la Amazonia. “La capa orgánica de nuestro suelo es delgadita y hacia adentro no hay los nutrientes que una planta necesita para vivir. Entonces, las plantas acá, como no hay suelo hacia abajo echan raíces más largas. Lo que quiere decir que las distancias de siembra tienen que ser mayores”, explica.
La idea, que está en un documento en la Gobernación del Putumayo, consiste en montar muchas fincas y ordenarlas bajo el conocimiento de la tierra. “Identificar cuáles son terrenos humedales, vegas o lomas. Luego, analizar qué plantas crecen ahí. ¿Cuáles tenemos? El Asaí y el camu camu, por ejemplo, que se dan mucho en la Amazonia”.
Cada finca debe cumplir con tres componentes: alimentario, ambiental y generación de ingresos. El último es clave para cumplir el objetivo principal: fortalecer y, en algunos municipios, crear los mercados campesinos. Ya los campesinos no sembrarían para vender la materia prima, sino que darían el paso a la agroindustria. “No podemos producir cacao en grano y vendérselo a los ricos. Tenemos que vender chocolate. Es que producir es costoso, en cambio, comprar los productos y transformarlos es fácil. Esa es la causa de la violencia. Las desigualdades y las ventajas que hay sobre los campesinos. Los opresores y oprimidos son la razón de la violencia en Colombia”.
En el municipio de Leguízamo está la prueba piloto. La plaza de mercado es de los campesinos. Por ejemplo, todos los días llevan carne de monte y entre las 7 y las 8 am., el pueblo la compra. Ahora, están pensando en ocupar una plaza vacía que hay en Guzmán, para empezar a inundar al Putumayo de mercados campesinos.
En esa propuesta están las organizaciones sociales de todo el departamento agrupadas en Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. Aún critican el derroche que hubo con el Plan Colombia, lo cual solo les dejó el olor del glifosato. Están exigiendo al Gobierno que los recursos del posconflicto sean ejecutados en estos proyectos y con las Juntas de Acción Comunal, “porque también somos capaces, también somos gobierno y podemos hacer las cosas bien”, advierte Marco Rivadeneira.
En el encuentro de la Escuela de Estudios Sociales y Minero Energética el sábado 9 de julio de 2016, los campesinos armonizaron la propuesta y, también, hablaron de los territorios campesinos agroalimentarios (TCA), como un complemento. Un ejemplo de esto, ya se da en el municipio de El Tarra (Norte de Santander), donde el campesino ha venido implementando esta figura territorial ya que concibe el campo como un territorio de paz. “El campo significa un territorio de paz, donde yo vivo muy tranquilo, y tengo lo que necesito y no debo vivir pensando en donde iré a conseguir las cosas básicas”, dice Rubén Castillo Tiria, campesino de esta región.
“El problema que tenemos para desarrollar esta propuesta es que la tierra del Putumayo está concesionada a las empresas petroleras”, puntualiza Heraldo Vallejo, secretario departamental de Agricultura. Existen 29 contratos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en el Putumayo, y están vigentes 11 contratos de producción para 22 campos de explotación. El total de barriles de petróleo sacados del departamento en 2015 fue de 520.296 y las regalías ascendieron a más de $164.000 millones.
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Primera entrega: «La paz desde la selva del Putumayo Puerto Asís, entre la coca y el consumismo»
Tercera entrega: La pelea de los nasas con las petroleras por la olla ancestral
