La Asociación Minga denuncia y rechaza contundentemente las agresiones contra los líderes y lideresas del país, especialmente de las comunidades indígenas que siguen sufriendo los impactos de la violencia sistemática y selectiva en sus territorios, ante la mirada indiferente del gobierno Nacional y la Fuerza Pública que raya en la complicidad.

“El posconflicto no ha traído la Paz a los pueblos indígenas” asegura la ACIN con razón. Y  no solo a los pueblos indígenas, la violencia también se ha recrudecido para los liderazgos de los movimientos campesinos, comunidades negras, de Derechos Humanos, ambientalistas, y demás organizaciones sociales, en el marco de un proceso de paz que debería dar certezas de que va a haber garantías para quienes construyen país desde la diversidad. En el año 2016, según la información que recabamos en el Programa Somos Defensores, se  incrementaron significativamente los asesinatos y atentados y continuaron presentándose múltiples agresiones, sobre todo a nivel local y regional. Entre enero y marzo de 2017 ya se han registrado cerca de 193 agresiones contra defensores y defensoras de los derechos, entre ellas 20 asesinatos.

Particularmente los pueblos indígenas siguen soportando los impactos de la violencia, no solo desde los grupos armados sino de una sociedad excluyente y racista que margina a las mayorías de la participación económica, cultural, ambiental y política. De los 80 casos de asesinatos de líderes y defensores documentados por Somos Defensores para el 2016, 15 personas pertenecían a pueblos indígenas, encabezando la lista, junto con los líderes y lideresas comunales. Solamente en los primeros 4 meses de 2017 han sido asesinados, desplazados y desaparecidos varios miembros de distintas comunidades indígenas: Awá, Paez,  Embera Chamí, Wouanan, miembros del CRIC y de la ACIN en el Cauca, y de Comunidades del Alto Baudó en Chocó.

En el caso del pueblo Awá, en los últimos dos meses ya se han presentado 5 casos de homicidio: el domingo 16 de abril fueron asesinados Pedro Nel Pai Pascal, del Resguardo Gran Rosario; Jhonny Marcelo Cuajiboy del Resguardo de Piedra Sellada; y Ever Goyes del Resguardo Pulgande Tronquería; todos bajo la modalidad de sicariato, como lo denuncia la UNIPA, organización que acompañamos desde hace años en su labor por la defensa de la vida y la pervivencia en el territorio.

El pasado 19 de abril fue Asesinado el líder Indígena Nasa Gerson Acosta Salazar, quien fue gobernador en dos ocasiones del cabildo Kite Kiwe en Timbío Norte del Cauca, defensor de DDHH y líder de víctimas. Este hecho triste y lamentable profundiza la crítica situación de violación de los Derechos Humanos que se vive en el Departamento del Cauca, como en otras regiones del país, especialmente en territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos.

El 20 de abril el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC alertó sobre la posible incursión del ESMAD al territorio ancestral del Resguardo de Kokonuko, en el municipio de Puracé Cauca, cuyas comunidades se encuentran en Asamblea Permanente tras el reiterado incumplimiento de los acuerdos territoriales por parte del gobierno. También en días pasados la Nación U´wa por esas mismas razones exigió respeto y garantías a su mandato comunitario frente a la reapertura de Zizuma, el Parque Nacional el Cocuy, y reiteró su compromiso de mantener la movilización en defensa de la vida y el territorio.  Estas denuncias, entre otras, así como la situación de pobreza y vulnerabilidad de las comunidades indígenas en el país denotan la permanente violencia armada y estructural ejercida contra nuestros pueblos ancestrales.

Frente a la intensidad de las agresiones contra las dirigencias sociales del país, el gobierno pretende sacarle el cuerpo a su responsabilidad política afirmando que se trata de hechos aislados, delincuencia común o conflictos personales, “sin conexidad con la labor de liderazgo de los defensores asesinados”. Para las Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos, es claramente la continuidad de la persecución y de la impunidad, y de la acción criminal de grupos vinculados directa o indirectamente a intereses económicos y políticos, con la anuencia de unidades militares del Estado. Entonces sí hay conexidades: las víctimas tienen el perfil de ser líderes sociales, y casi todos los victimarios tienen algún tipo de relación con el establecimiento, dejando evidente que se mantiene en la institucionalidad y en los grupos de poder de la sociedad una Doctrina de Seguridad bajo la cual se sigue facilitando la concentración violenta de la riqueza y de las decisiones políticas.

Exigimos, de la mano de los pueblos indígenas y organizaciones sociales del país, que el gobierno Nacional y las autoridades competentes investiguen efectivamente estos hechos y determinen responsabilidades por acción y omisión. Que se tomen las medidas inmediatas  y diferenciales para la protección individual y colectiva de los líderes y lideresas de los pueblos indígenas y de todas las organizaciones sociales. Que el gobierno cumpla los acuerdos establecidos con los pueblos indígenas y las organizaciones sociales y se concreten los planes de salvaguarda étnicos como lo ordenó la Corte Constitucional.

Exigimos, al unísono con el movimiento social, indigena y de derechos humanos de Colombia:

¡Que la Paz no traiga más muertos que la guerra”! ¡Que la Paz no nos cueste la vida!

¡Exigimos una nueva política de seguridad!

Asociación para la  Promoción Social Alternativa MINGA

Bogotá, Colombia