Como integrantes de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU, compartimos la carta que las plataformas de DDHH colombianas, enviaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con algunos criterios para la elección del próximo Fiscal General de la Nación en momentos en que aumentan las agresiones contra líderes y defensores del país y se hace necesario el desmonte real de las actuales estructuras paramilitares.
Honorables Magistrados Corte Suprema de Justicia:
Las organizaciones de derechos humanos y paz representadas en la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz, la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz, expresamos nuestra preocupación por el coincidente avance de los procesos de negociación del fin del conflicto armado con las guerrillas de las FARC y el ELN y el aterrador incremento de agresiones, amenazas y asesinatos de líderes sociales y defensores/as de derechos humanos.
El Estado Colombiano se muestra ineficaz para contener el resurgimiento y la consolidación de las estructuras paramilitares que van en contra del proceso de restitución de tierras y la actividad legítima de líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos. Este contexto coincide con la elección del nuevo Fiscal General de la Nación, en un momento decisivo en el que la sociedad colombiana observa con perplejidad la incapacidad y poca voluntad del Estado Colombiano para contener el fenómeno del paramilitarismo. La incertidumbre sobre su sistema judicial, sus órganos de investigación y acusación, para llegar a los más altos niveles de responsabilidad en la criminalidad dentro del Estado y en los sectores económicos que se han lucrado de la continuidad de la guerra. Prueba de ello es la deficiente aplicación de la ley en contra de sectores poderosos de la criminalidad que tienen alianzas con el mundo empresarial, político y militar por dentro y fuera del Estado. El hecho de que cerca de 15.700 compulsas de copias generadas en el proceso de Justicia y Paz contra empresarios, políticos y militares acusados de financiar o apoyar el paramilitarismo se encuentren actualmente sin ningún avance en la Fiscalía demuestra la falta de voluntad para esclarecer este fenómeno y llevar a juicio a los máximos responsables de violaciones de derechos humanos.
En este sentido, se hace necesario que el o la próximo/a Fiscal General de la Nación, sea un/a ciudadano/a ejemplar, con probada independencia frente a los poderosos intereses privados cuyas prácticas han impedido reformas económicas y sociales, el debido funcionamiento del Estado de Derecho y han estado relacionadas con el fenómeno del paramilitarismo. La independencia respecto a los poderes económicos es elemento imprescindible para contribuir a la construcción de paz en Colombia. Los conflictos de interés en este cargo afectan gravemente la búsqueda de justicia. Ejemplo de ello son las fallidas investigaciones por el desfalco al sistema de salud, que no llegaron a buen término por los evidentes conflictos de interés del titular del ente acusador, dada su estrecha relación con algunos de los mayores empresarios del negocio de la salud. La existencia de compromisos económicos de los titulares de la función de investigación y acusación con grupos económicos afectan el derecho a la justicia y son incompatibles con las exigencias derivadas de los derechos de las víctimas que esperan, al igual que el resto la sociedad, un proceso de transición hacia la paz compatible con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Por las razones expuestas, las organizaciones y plataformas de derechos humanos y paz firmantes queremos expresar a la Honorable Corte Suprema de Justicia, nuestras expectativas de que este proceso le permita a la sociedad colombiana contar con un o una Fiscal General con probada independencia frente a los grupos económicos, con reconocido compromiso por la primacía de los intereses públicos y con la debida independencia y carácter para enfrentar la impunidad en que se encuentran quienes desde los más elevados poderes económicos, políticos y militares han propiciado la actual crisis de la justicia, de debilidad en el funcionamiento del Estado de Derecho y los obstáculos crecientes para el avance de las reformas derivadas de los derechos de las víctimas y la consolidación de la paz.
Con nuestras muestras de consideración y aprecio Bogotá, 27 de Abril de 2016
Suscriben asumiendo la vocería de las Plataformas de Derechos Humanos y Paz
Jomary Ortegón, Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Norma Enriques, Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz. Jahel Quiroga la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz. Diana Sanchez, Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos.
