El día de hoy organizaciones sociales y de derechos humanos, reunidas en la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU, junto con congresistas como Ángela María Robledo, Iván Cepeda y Alirio Uribe y víctimas de la violencia sociopolítica, demandaron ante la Corte Constitucional el acto legislativo 01 de 2015 por medio del cual se reformó la Constitución para ampliar el fuero penal militar.
Para los demandantes este acto legislativo “por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia” promulgado el pasado 25 de junio de 2015 “ afecta gravemente la definición de Colombia como un Estado social y democrático de derecho según la Constitución de 1991”. Por ello, y basados en los siguientes tres elementos esenciales que serian sustituidos por dicha reforma, buscan que esta sea anulada:
1. Garantía de derechos humanos: la reforma pretende impedir que los miembros de la fuerza pública sean juzgados por violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y ordena que solo se les juzgue por infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
2. Autonomía e independencia judicial: según la cual los jueces y fiscales son libres a la hora de seleccionar las normas aplicables a cada caso y deberían poder aplicar el derecho de los derechos humanos en estos casos.
3. Principio de igualdad: que prohíbe que la Constitución o la ley otorguen privilegios o tratos preferenciales sin una justificación objetiva y razonable, pues los miembros de la fuerza pública, a diferencia del resto de la población colombiana, únicamente serían investigados y juzgados de conformidad con el DIH y no con el derecho internacional de los derechos humanos.
Con esta demanda se busca que la Corte declare inconstitucional la reforma o deje claro en su pronunciamiento que la aplicación del derecho humanitario en el juzgamiento de los delitos atribuidos a militares en servicio activo no excluye la aplicación del derecho de los derechos humanos, lo que significaría un avance hacia la superación de la impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública, la reparación integral de las víctimas y la construcción de una paz duradera basada en los derechos humanos.
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