La Asociación Minga condena el asesinato de Paola del Carmen Mena Ortiz y Armando Suárez Rodríguez, quienes hacían parte del Consejo Comunitario Afro Renacer del Cañón del Micay, y del Coordinador Nacional Agrario CNA, así como de Víctor Alonso Calvo Guevara, quien pertenecía a la Asociación Campesina de Huisitó, municipio del Tambo.
Los tres asesinatos ocurrieron el domingo 5 de julio en la Vereda Betania, y según las versiones de los habitantes de la región el crimen fue cometido por miembros del llamado Frente Carlos Patiño, con una sevicia tal, cuentan, que les recuerda los tiempos de la barbarie paramilitar. No son los primeros liderazgos sociales a quienes en la región les han cobrado su compromiso con la defensa del territorio colectivo y la vida digna. En abril de este año, fueron asesinados en esta zona los campesinos Teodomiro Sotelo, Andrés Cansimanse, Jesús Albeiro Riascos Riascos y Sabino Angulo Advíncula.
Diferentes investigaciones confirman que en esta misma región confluyen los negocios transnacionales de empresas extractivas y de carteles del narcotráfico, lo que es ya común en los territorios del país donde se concentran los casos de asesinatos de personas que lideran alternativas a los cultivos de coca y a los enclaves económicos. Y al igual que en otros lugares, la comunidad señala la actitud complaciente de las FFAA dejándole la impresión de estar vinculadas de alguna manera con los hechos que allí se presentan; sobre todo en un departamento altamente militarizado como el Cauca.
El silencio y la negligencia de quienes tienen que velar por la vida de la población en las regiones, parecieran obedecer al mismo silencio y negligencia que caracteriza la actitud despreciativa de su superior para con las organizaciones sociales y sus reivindicaciones, el presidente Iván Duque. La negación de su gobierno y su partido para cumplir los acuerdos de paz en general y, en particular, los del desarrollo rural, la sustitución concertada de los cultivos y la descriminalización del campesinado, junto con la reincorporación de excombatientes, prácticamente se convierten en licencias para las acciones de las estructuras armadas, legales e ilegales.
Una violencia sistemática contra los liderazgos sociales que se ejerce con la impunidad ofrecida por la ineptitud y desinterés de una Fiscalía General dispuesta más para perseguir la oposición social y política al gobierno, con base en falsos positivos judiciales, que en investigar e identificar los autores intelectuales de tales crímenes. De hecho, de los 592 casos registrados por la Fiscalía de asesinatos de líderes y lideresas sociales, entre enero de 2016 y 31 de diciembre de 2019, solamente 54 casos (9.12%) han sido esclarecidos, en tanto 99 (16.7%) tienen algún avance en investigación y 439, es decir, el 74% están en la impunidad[1].
Ante la absoluta falta de garantías sociales, políticas y judiciales para las personas defensoras de derechos, en el marco de una justicia ceñida a la impunidad, a las comunidades, sus organizaciones sociales y otras expresiones de la sociedad civil, no nos queda otra alternativa que presionar a través de la movilización ciudadana, y reclamar también de la comunidad internacional la consecuencia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En ese sentido, saludamos y apoyamos la Marcha por la Dignidad que viene caminando desde Cauca a Bogotá para denunciar este panorama de violencia que no cesa.
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Julio 9 de 2020
[1] El Tiempo. El dossier de Fiscalía sobre crímenes de líderes sociales en el país. Enero 15 de 2020. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/investigacion-de-la-fiscalia-sobre-los-crimenes-de-lideres-sociales-en-colombia-451948
