Más de 3000 asistentes pertenecientes a organizaciones sociales y políticas de carácter nacional e internacional, participaron en el evento de denuncia de las violaciones a los derechos humanos ocasionadas en los departamentos de Arauca, Casanare, Santander y Boyacá.
La ausencia de los representantes de la institucionalidad colombiana no permitió que se diera lugar a la presentación del dosier de denuncias, y la exigencia de acciones concretas en miras al establecimiento del respeto de los derechos humanos como elemento indispensable en la construcción de paz, declaró Juan Carlos Torregosa, asesor jurídico de la fundación defensora de derechos humanos “Joel Sierra”.
El asesor señalo que la presencia gubernamental se limito al delegado regional de la defensoría del pueblo y un funcionario de la Comisión de reparación y reconciliación, dejando como ausentes al delegado de la vicepresidencia de la república, de la defensoría del pueblo del orden nacional, del Ministerio del interior y de Justicia, de la Fiscalía, el procurador delegado para los derechos humanos y el programa presidencial para los derechos humanos. En vista de esto tanto las denuncias como las exigencias se allegarán en forma escrita a las instituciones encargadas en los próximos días.
El funcionario del Joel Sierra señalo como en el marco del evento se dieron dos actos significativos. El primero, la retractación publica de la testigo que había declarado contra los presuntos asesinos de la Jueza Gloria Constanza Gaona, quien llevaba el caso de la violación y el asesinato de tres hermanos de la vereda El Temblador en el Municipio de Tame-Arauca. La testigo no solo se retracto de su acusación contra unos hombres señalados de ser integrantes del ELN, sino que reconoció que fue objeto de chantajes y sobornos por miembros de la fuerza publica para dar su declaración, lo cual alimenta la tesis que señala a miembros del ejercito como responsables del asesinato.
El segundo hecho fue la entrega pública y voluntaria de Ariela Galvis Quintero, ex presidenta de la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena (ECAAS), contra quien hay orden de captura y una circular de la INTERPOL en 187 países bajo los cargos de rebelión y concierto para delinquir. La líder social realizo su entrega frente a los asistentes, en un claro acto de resistencia y denuncia de la persecución contra los procesos y lideres sociales. “Aquí estoy. Me tendrán que comprobar que soy terrorista” manifestó Galvis, quien procedió a expresar las denuncias contra la persecución social y política, señalando luego que “Exijo mis derechos constitucionales, porque me han vulnerado un derecho fundamental, que es la presunción a la inocencia”
Finalmente, Torregosa mostró su preocupación pues a menos de un mes de realizado el evento se han presentado cinco muertes violentas en el departamento, sin que se halla generado acción alguna de parte de las autoridades competentes. Entre las victimas se encuentra un indígena y un mecánico de vehículos de carga; este último fue asesinado en extrañas circunstancias por miembros del ejército nacional quienes se encontraban consumiendo bebidas embriagantes en una tienda de la región.
