La Reforma Rural Integral surgida del acuerdo de Paz incluye la creación de dieciséis Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) cuyo objetivo planteado en el Acuerdo Final es “lograr una transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad”. Desde su diseño estos programas se han entendido como un mecanismo para articular la sustitución de cultivos de uso ilícito, las propuestas territoriales construidas previamente por organizaciones sociales y grupos étnicos y, su participación política a través de las Circunscripciones especiales para la Paz. Sólo así, en conjunto, y con una implementación simultánea de todo el componente de desarrollo rural, los PDET pueden garantizar el objetivo acordado.
En la actualidad, tras más de dos años y medio de la firma del acuerdo de paz y como resultado del proceso inicial de implementación de los PDET, se cuenta con dieciséis Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) y 170 Pactos municipales firmados con las comunidades participantes que contienen 32808 iniciativas subregionales y municipales, de acuerdo con las cifras oficiales de la Agencia de Renovación del Territorio. El grueso de estas iniciativas se agrupan en: 1) producción agropecuaria y economía solidaria; 2) infraestructura y adecuación de tierras; 3) ordenamiento social de propiedad y uso del suelo y 4) reconciliación y construcción de paz; cuatro pilares que bien reflejan las preocupaciones y necesidades de las comunidades y que, deberían ser atendidas de manera integral.
De este proceso de implementación y sus cuatro ejes de iniciativas preocupa la priorización por parte de la Alta Consejería para la estabilización y la consolidación, del desarrollo de obras de infraestructura vial, acueducto, alcantarillado y electrificación bajo la idea de hacer sostenibles los territorios, y dejando de lado los demás ejes. La inversión se está dando de manera aislada en algunas vías terciarias, desatendiendo otras obras de interes para las comunidades, como salones de clase; e irrespetando, por ejemplo con la red acueductos, las fuentes de agua y las gestiones comunitarias. A estas afectaciones se suma la insistencia del Gobierno Nacional en señalar que estas zonas requieren un proceso de estabilización, que se traduce en el aumento de fuerza pública, erradicación forzada y aspersión con glifosato. En la práctica, insistir en una inversión de menor cuantía, sin un proceso articulador y con la profundización de la guerra no garantiza la transformación estructural de los territorios rurales, y mucho menos un cambio en las condiciones del relacionamiento inequitativo entre campo y ciudad.
Tras una revisión al Presupuesto General de la Nación proyectado para el 2020, desde la Mesa Nacional de seguimiento a los PDET, en la cual la Asociación Minga participa, vemos con preocupación que en éste no estén desagregados los recursos para cada una de las zonas PDET, sino un indicador presupuestal para que las entidades encargadas sólo reafirmen lo que tienen que hacer en estas regiones, obviando la firma del Acuerdo de Paz que exige acciones y presupuestos adicionales asi como una respuesta articulada para su implementación. Tambien se identifica una disminución presupuestal para las entidades que tendrían que estar en disposición especial para cumplir los pactos con las comunidades que participaron de este ejercicio.
Lo más preocupante es que las líneas misionales de las instituciones del Estado deben guiarse por un Plan Nacional de Desarrollo que va en contravía de las expectativas de las comunidades en estas regiones. Algunos ejemplos de esta situación se presentan en la Agencia Nacional de Minería ANM que tiene en su trazador PDET el “mejoramiento de los estándares de la actividad minera a nivel nacional” o el Ministerio de Minas y Energía que plantea que su aporte a la construcción de paz será el “fortalecimiento para la reducción de la conflictividad socio ambiental frente a las actividades desarrolladas por el sector minero energético en el territorio”.
La contradicción se refleja, por lo menos, en dos hechos: en varios de los Pactos firmados con las comunidades, la visión territorial consensuada resalta el respeto por la biodiversidad, la creación de esquemas asociativos autónomos y la promoción de la soberanía alimentaria que se veria seriamente afectada con la actividad extractivista; Y el segundo, porque muchas de las empresas mineras, aunque quieran financiar las iniciativas priorizadas para obtener beneficios tributarios, tienen parte de responsabilidad en el conflicto armado y aún no han contado la verdad, ni acudido a la JEP.
Con este panorama, lo que está claro hasta el momento es que la priorización de los proyectos no está en manos de las comunidades, las líneas misionales de algunos Ministerios contradicen las visiones territoriales pactadas y los recursos no están siendo articulados para mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan estas zonas. Por ahora, el Gobierno no ha explicado tampoco, cómo las pequeñas inversiones van de la mano con el plan de estabilización desde un enfoque de seguridad por la vía militar y cómo esto garantiza la estabilización y la sostenibilidad territorial. Quedan abiertas muchas preguntas para la institucionalidad, pero sería importante concentrarse en dos ¿Será que no quieren invertir en territorios que seguirán siendo escenarios de guerra? y, ¿Qué valor tiene en términos de transformación y de acercamiento entre el campo y la ciudad ejecutar pequeñas obras desarticuladas y priorizadas de acuerdo a los intereses de los empresarios y gobernantes en época electoral?
Por lo pronto y como respuesta ante la evidente crisis en la puesta en marcha integral de los PDET, varias organizaciones sociales y comunales que participaron de este proceso están realizando acciones de veeduría y creando espacios autónomos de seguimiento y proyección territorial. Varios de sus liderazgos están disputando electoralmente a concejos, asambleas y alcaldías, por lo que sus acciones cobrarán gran importancia en la segunda fase de la implementación de los PDET, que incluye proyectos de gran inversión y aprobación por parte de las administraciones locales.
Ante estos hechos, y reconociendo la importancia de lo acordado tras el Proceso de Paz, es fundamental que se avance en la articulación entre las organizaciones de los territorios priorizados PDET y desde allí se dispute la orientación política de las iniciativas aprobadas para hacer de ellas la base para la transformación de los territorios. La aprobación de las circunscripciones especiales de Paz en este contexto sigue siendo trascendental para alcanzar el objetivo pactado. Son las víctimas quienes ganaron este derecho y es, desde el territorio, que se garantiza el cumplimiento del proceso de construcción de paz.
Asociación para la Promoción Social Alternativa –MINGA
