Los defensores de los derechos humanos en Colombia sufrieron 64 agresiones en el transcurso del primer semestre de este año, lo que equivale a un ataque cada tres días, denunció este colectivo en Bogotá.

De ellas, siete son casos de asesinato y seis de atentado, mientras que las otras 51 de amenazas contra la vida y la integridad, según un informe del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PNGPDDH).

En el semestre, «cada tres días ocurrió una agresión directa contra un defensor o una defensora en Colombia», resaltó el portavoz del PNGPDDH, Francisco Bustamante, quien presentó el documento en la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.

Bustamante observó que el colectivo más afectado es el de los líderes de la población desplazada por el conflicto armado interno que trata de regresar a sus tierras.

Desde marzo de 2002, más de cuarenta dirigentes de desarraigados han sido asesinados, según registros de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que calcula en más de cuatro millones de personas el número de desterrados por el conflicto desde 1985.

Con el proyecto gubernamental de restitución de tierras, «se avecina una coyuntura muy compleja», pronosticó el director de Codhes, Marco Romero, al advertir de la violencia que ha acompañado experiencias menores de entrega de predios.

El director de esta ONG aludió al programa anunciado hace una semana por el nuevo Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos, que se propone devolver unos dos millones de hectáreas de tierras a sus «legítimos dueños».
El área hace parte de los más de cinco millones de hectáreas que les fueron usurpadas a los desplazados, según cálculos de las ONG.

La gran preocupación es que los procesos de confiscación y entrega de tierra a los campesinos «siempre ha estado apoderado de violencia», declaró Romero.

Son muchos los casos en los que los beneficiarios han sido agredidos por parte de sus antiguos «propietarios», agregó el activista, para quien «ahí hay un reto muy grande y muy complejo para el Estado».

Romero resaltó que muchos de los líderes asesinados eran parte en procesos judiciales contra antiguos miembros de la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Estas víctimas no han tenido una protección estatal adecuada, agregó el director de Codhes, y subrayó que la restitución no será posible sin una «efectiva política de protección a los beneficiarios».

El segundo colectivo por número de agresiones a líderes es el indígena, indicó el portavoz del PNGPDDH, iniciativa creada en 2002 por las ONG Benposta, Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep, de los jesuitas) y la Asociación Minga.

Después están la minoría de los afrodescendientes y las mujeres en centros urbanos, dijo Bustamante.

El informe muestra que, en el primer semestre de este año, 111 organizaciones sociales y de derechos humanos sufrieron agresiones que ponen en riesgo a sus miembros y obstaculiza la labor legítima y legal de defensa.

Se trata de agresiones colectivas atribuidas en el 59 por ciento a grupos paramilitares y, en el otro 41 por ciento, a desconocidos, puntualizó Bustamante, quien advirtió de que es preocupante el creciente número de autoría no conocida y la impunidad.

Entre estas agresiones se resaltan los de ONG que han sido objeto de robo de equipos informáticos, archivos y bases de datos, dentro de una cadena que se remonta a 2001 y ha continuado hasta ahora, con un total de 28 casos.

El PNGPDDH también resalta la situación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que desde su creación a mediados de 2005 ha registrado 210 casos de «revictimización».

El Movice representa a más de 5.000 víctimas, agrupadas en cerca de 400 ONG.