Como organización defensora de derechos humanos, comprometida con la paz y la dignidad del pueblo colombiano, reiteramos la condena del atentado a la Escuela de Policía General Santander, cometido por el ELN.
Este hecho, además de contraponerse a la esencial reivindicación de la vida que anima las causas históricas de la humanidad, se ubica en el campo de quienes le apuestan a la reversión del proceso de paz actual y contribuye a dirigir al país a un nuevo escenario de guerra irregular, con todas las implicaciones que por muchos años hemos padecido.
Es absolutamente inadmisible que el pulso político en torno a la Mesa de Diálogos para la paz, se defina por demostraciones de capacidad militar de ambas partes, que a costa de dolor y muerte, legitiman el discurso belicista y de odio que se vienen promoviendo. La ruptura de las negociaciones, constituye un duro golpe para el conjunto de movimientos, que desde diversos sectores sociales y territoriales, hemos empujado con mucho esfuerzo, creatividad y esperanza, el proceso de paz, en particular, alrededor de una Mesa cuya agenda tenía como fundamento la participación de la sociedad civil.
Por fortuna no estamos en el mismo contexto de comienzos de siglo, cuando la extrema derecha se posicionó con el discurso guerrerista. En la actualidad importantes sectores de la sociedad hemos alcanzado mayores niveles de conciencia en torno a que no queremos vivir en un país en guerra -interna o con otros países-, no queremos vivir con libertades restringidas, con derechos vulnerados, con degradación ambiental, con la corrupción institucional-empresarial que evidencia la confabulación Fiscalía-Grupo AVAL en el caso Odebrecht, ni con el imperio de los carteles del narcotráfico. Esta visión de país se demuestra en las recientes elecciones presidenciales y anti-corrupción, y en las masivas movilizaciones donde millones de colombianos y colombianas expresamos nuestra capacidad autonómica para cerrar puertas a las manipulaciones de parte de los actores de poder.
En esas nuevas condiciones, el presidente Duque no tendrá la oportunidad de utilizar los ruidos y los miedos de la guerra para recuperar el respaldo y la credibilidad que su gobierno ha perdido, e imponer políticas que vayan en detrimento de los intereses del país y la ciudadanía. Los infortunados hechos, tampoco servirán para tapar toda la criminalidad que arrastra la profunda corrupción nacional, que da cabida a desconfianzas como las que crean las contradictorias informaciones sobre los hechos de la Escuela General Santander y, en consecuencia, a los reclamos de una rigurosa investigación que establezca responsabilidades en la prevención de dicho atentado.
Por las miles de víctimas que aún se pueden evitar, mantendremos las banderas de paz en alto, a pesar de las circunstancias. Invitamos a concentrar esfuerzos en la defensa e implementación de los acuerdos de paz alcanzados con las FARC, alrededor de lo agrario, la participación, la JEP, la Comisión de la Verdad y la sustitución de cultivos; y a continuar fortaleciendo las construcciones autónomas de paz territorial. Igualmente, demandar del gobierno el respeto del Derecho Internacional en relación a los acuerdos firmados con los países garantes del proceso de paz, en particular los protocolos de ruptura que involucran a Cuba por ser la sede actual de la Mesa ELN y Gobierno, como prenda para la cooperación de tales instancias en las nuevas oportunidades de diálogos que se presenten.
Con el acompañamiento de la comunidad internacional, llamamos a fortalecer la observación sobre los derechos humanos en el marco de la intensificación de la confrontación armada que lamentablemente, como el pasado nos ha enseñado, conllevará a crisis humanitarias, estigmatización, persecución y agravamiento de los riesgos para las comunidades y, especialmente, para sus líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.
Aunque hoy el camino hacia la Paz completa se muestra difuso, quienes abogamos por ella, no podemos descansar hasta lograr concretarla. A los países amigos, facilitadores y garantes van los agradecimientos que innegablemente se merecen, y les instamos a no abandonar su empeño en este propósito. La salida negociada al conflicto armado seguirá siendo un imperativo ético que no podemos endosar al vaivén de la historia. Las víctimas todas alientan este profundo anhelo de paz ya enraizado en el sentimiento nacional.
Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
Bogotá, enero 23 de 2019
