Por considerarlo de gran interés, compartimos el reciente articulo del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” donde solicita al gobierno nacional rectificación de las declaraciones del vicepresidente de la República Angelino Garzón.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” solicita al gobierno nacional rectificación de las declaraciones del vicepresidente de la República Angelino Garzón en el sentido de que: «El alcalde tiene todo el derecho a recurrir a todas las instancias internacionales pero quiero anotar que las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son simples recomendaciones que no obligan a ninguna instancia del Estado colombiano, diferente a lo que decide la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, y que emite sentencias que tienen que ser acatadas por el Estado colombiano”.
Se equivoca el vicepresidente, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han dicho en reiteradas ocasiones que las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, SIDH, son de obligatorio cumplimiento en Colombia.
La Corte Constitucional al respecto ha indicado que las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes porque:
1. Colombia hace parte de la Organización de Estados Americanos y es Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. La Convención Americana hace parte del bloque de constitucionalidad, y en consecuencia tiene rango constitucional.
3. En virtud de los principios del derecho internacional público, los Estados se comprometen a cumplir de buena fe las obligaciones derivadas de los tratados internacionales.
4. La Convención Americana establece como obligación el respeto y la protección de los derechos y libertades fundamentales, dentro de los cuales se encuentran los derechos políticos.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ha señalado que las decisiones de la Comisión Interamericana no son discutibles: “Su importancia en el ámbito internacional no se discute, como tampoco su fuerza vinculante para el Estado colombiano, ya que legislativamente ha admitido la vigencia en el orden interno de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.”
El gobierno colombiano y el Estado en general han tenido una tradición de respeto frente a las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos, en particular del tratamiento dado a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por tanto esperamos que las que pueda emitir en relación con el Alcalde Mayor de Bogotá, sean en consecuencia respetadas por todos los órganos del Estado.
