La Asociación MINGA, como miembro de La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), red de 249 organizaciones colombianas para la protección y defensa de los Derechos Humanos, comparte la Carta Abierta al Congreso de la República que contiene las posturas de la CCEEU y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) sobre la posible aprobación el día de hoy en el Congreso de la República de la Ley Estatutaria sobre Ampliación del Fuero Penal Militar.
Carta abierta al Congreso de la República ante la inminencia de la aprobación de la ley estatutaria sobre el fuero penal militar
Señor Senador
Roy Barreras
Presidente del Senado de la República
Señor Representante
Augusto Posada Sánchez
Presidente de la Cámara de Representantes
Señor Senador
Juan Manuel Galán
Coordinador ponente del Proyecto de Ley
Honorables Senadores y Representantes:
La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), red de 249 organizaciones colombianas para la protección y defensa de los Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) manifiestan su profunda preocupación por la muy probable aprobación en el Congreso de la República de la Ley Estatutaria sobre ampliación del ámbito de competencia de la Justicia Penal Militar, pues su entrada en vigencia hace tambalear los cimientos del Estado de Derecho y lesiona gravemente las garantías constitucionales para la protección de los derechos humanos en Colombia.
La aprobación de estas reformas constituye el más grave retroceso jurídico en materia de derechos humanos en los últimos 30 años, comparable solamente a la expedición del nefasto Estatuto de Seguridad expedido durante la Administración del presidente Turbay Ayala, pues ambas normativas han estado animadas por la concesión de exorbitantes privilegios al Estamento Militar en contra de los derechos fundamentales de civiles víctimas de graves violaciones a sus derechos.
Con el pretexto de “garantizar la seguridad jurídica de los militares” están a punto de crear un régimen de excepción que suspende las normas básicas de protección de derechos humanos a los civiles, generando en su lugar, un régimen que faculta a los miembros de la Fuerza Pública a usar la fuerza letal contra los civiles y que además no necesariamente van a responder jurídicamente por las lesiones a los derechos humanos que se generen como efecto de un uso desbordado y descontrolado de la fuerza en operaciones militares y policiales.
Es incomprensible que estas reformas se propongan solo unos meses después de que fuera expedido por el actual presidente Santos, mediante Ley 1407 de 2010, un nuevo Código Penal Militar que se aproximaba bastante a los requerimientos que los tratados y la jurisprudencia nacional e internacional habían demandado para garantizar que el juzgamiento de militares fuera compatible con las obligaciones internacionales en la materia.
Tanto la Reforma Constitucional (Acto Legislativo 02 de 2012) como el Proyecto de Ley Estatutaria (Proyecto de Ley Estatutaria Nro. 211 de 2013 Senado – 268 de 2013 Cámara) son absolutamente innecesarios, inconvenientes, perjudiciales y contradictorios con la búsqueda de la paz en Colombia. Dichas reformas, contradicen además las obligaciones asumidas internacionalmente en los principales tratados de derechos humanos que el Estado Colombiano se ha comprometido a respetar y poner en práctica, y las recomendaciones de órganos internacionales de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que han instado a la aplicación excepcional del fuero penal militar circunscrita a los delitos de función y su incompetencia para conocer de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
La aprobación de esta reforma en contra de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Colombiano en los diferentes tratados internacionales, y en desconocimiento de los pronunciamientos de gran parte de los órganos interamericanos y universales de protección de los derechos humanos, y en contravía de la postura de 11 Relatores y titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y de más de 14 países que expresaron su preocupación por la aprobación de esta reforma en la Sesión de Evaluación de los Derechos Humanos en Colombia realizada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal, demuestra una vez más la falta de voluntad del Estado Colombiano, ratificada ahora con la voluntad de Congreso, de mantener en la impunidad crímenes de lesa humanidad tales como la práctica masiva de los falsos positivos, agravada ahora con la promulgación de una nueva legislación que no solo propicia su perpetración, sino que consagra fórmulas para impedir que sean debidamente investigadas y verificadas desde el momento de su comisión mediante investigaciones imparciales e independientes en el sistema de justicia civil.
Aunque nuestras preocupaciones por los efectos de estas reformas se refieren al marco global de las mismas las cuales expresamos frente a la discusión del Acto Legislativo 02 de 2012 y que hoy se mantienen, presentamos a continuación los aspectos más preocupantes contenidos en el proyecto de Ley Estatutaria que solicitamos tomar en consideración.
