La Asociación Minga comparte con ustedes el primero de una serie de editoriales sobre la situación actual del Movimiento Social y de Derechos Humanos colombiano, así como de otros temas de vital importancia para el país.
La consolidación del territorio
Un nuevo hecho de conflicto social evidencia las dos caras del gobierno del presidente Juan Manuel Santos: el desplazamiento de cientos de familias campesinas de la zona rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo, conocido como el corredor Puerto Vega-Teteyé.
La razón: la erradicación manual forzada de cultivos de coca por parte de contingentes de hombres pagos, escoltados por la Policía Nacional.
Contradice esta política represiva al discurso oficial según el cual, las zonas de Consolidación Territorial, como fue identificado el Putumayo, van de la mano del progreso y del bienestar social. Nada de esto se da en el departamento del sur. Pobreza, militarización, violencia, ingobernabilidad, corrupción y exclusión, es lo que siguen viviendo las comunidades campesinas, indígenas y urbanas. Miles de millones de dólares han botado los gobiernos colombianos junto con los de Estados Unidos, en fumigaciones, erradicación manual forzada y programas asistencialistas, alejados completamente de lo que debería ser una salida efectivamente alternativa al problema.
Tan crítica es la situación de abandono de los putumayenses que, durante el 2012, por lo menos cuatro grandes movilizaciones realizaron los habitantes de sus trece municipios. Todas terminaron en mesas de negociación o concertación con los gobiernos departamental, local y nacional. Nada de los acuerdos se han cumplido; ni éstos, ni los de hace 5, 10 o 20 años. Las peticiones se repiten año tras año: cese a la violación de los derechos humanos, inversión social, pavimentación de vías, servicios básicos, detener las fumigaciones, desarrollo alternativo, respeto del medio ambiente. Nada más parecido a la novela el Coronel no tiene quien le escriba: nunca una respuesta.
La realidad es pura y dura: los campesinos del Teteyé están allí, desplazados, confinados en las veredas Villamarqueza, Alto Cuembí, Nueva Granada, en medio de una crisis humanitaria, llamando a las instituciones del Estado para que atiendan especialmente la población infantil, y exigiendo el cese de la erradicación forzada y los llamados planes alternativos impuestos, que bien saben no han funcionado en sus más de 20 años de aplicación. Pero sobre todo, que el gobierno cumpla con la Sentencia 218 de 2006 de la Corte Constitucional, la cual ordena al gobierno nacional generar planes de contingencia y preventivos del desplazamiento forzado, como el que se está presentando en Puerto Vega – Teteyé.
La respuesta gubernamental: escuadrones de antimotines del ESMAD, para que los campesinos e indígenas de este martirizado Putumayo entiendan que esa política de control y consolidación territorial, es la política de la prosperidad. La prosperidad de las empresas petroleras y mineras que necesitan desocupar las áreas del Distrito Minero como les fue declarada la región, arrancándola de su ecosistema amazónico.
Asociación MINGA
Bogotá, febrero 25 de 2013
