INFORME MISION DE VERIFICACION SOBRE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VEREDA LA CUMBRE- CORREGIMIENTO LA CARMELITA, PUERTO ASIS- PUTUMAYO
6 DE JUNIO DE 2019
El pasado miércoles 29 de mayo efectivos de la Unidad del Escuadrón Móvil de Carabineros EMCAR de la Policía Nacional bajo el mando de la dirección antinarcóticos, junto con efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, hicieron presencia e instalaron una base de operaciones en la Vereda la Cumbre, corregimiento La Carmelita en el municipio de Puerto Asís -Putumayo, con el fin de dar inicio al proceso de erradicación forzada en este territorio.
La comunidad de esta, y otras veredas cercanas, elevaron desde ese día, y sin obtener respuesta, una serie de alertas tempranas ante estamentos locales como la Personería y alcaldía municipal, para dar a conocer los riesgos ante la llegada de la Policía que se dio sin previa consulta ni la exposición de un plan de contingencia para minimizar afectaciones a la población civil. Así mismo, se buscaba el apoyo de la institucionalidad para consolidar canales y escenarios de diálogo entre las comunidades y la fuerza pública.
En ese marco, el día lunes 3 de junio, se registró un hecho de agresión por parte de la Policía a la comunidad, donde el líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Cumbre, el señor Deobaldo Cruz, resultó herido de gravedad, perdiendo su ojo izquierdo. Esta denuncia que escaló a nivel nacional, encendió las alarmas sobre la posible profundización de una crisis humanitaria en este territorio debido a la vulneración de derechos por parte de la fuerza pública.
Así, gracias a la incidencia de las organizaciones campesinas locales y de derechos humanos acompañantes y tras la realización de un Consejo de Seguridad, el día miércoles 5 de junio en la ciudad de Mocoa, se convocó para el día 6 de junio, una misión de verificación en terreno, en la cual participamos las organizaciones locales Asociación Campesina de Puerto Asís ACSOPUERTO ASIS, Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo ACSOMAYO, Asociación de Juntas de Acción Comunal ASOJUNTAS Putumayo, Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo SINCAFROMAYO filial de Fensuagro y Delegados del pueblo Indígena Nasa del Resguardo Kiwnas Cxhab; junto a la Red de DDHH del Putumayo, Piedemonte Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos – Marcha Patriótica y la Asociación MINGA. Esta misión fue acompañada por el coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Gobernación, el Defensor Regional del Pueblo y delegados de la oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas OACNUDH y de la Segunda Misión de verificación de la ONU en Colombia.
En dicha Misión de Verificación se pusieron en conocimiento los siguientes hechos:
1. Reunión con la Comunidad: Siendo las 10:00 AM la Misión de verificación hizo presencia en la Caseta Comunal de la vereda la Cumbre donde se reunió con cerca de 150 campesinos e indígenas de las veredas La Cumbre, Alto Lorenzo, Villa Marqueza, Esmeralda, El Azul, Villa de Leyva, Nueva Granada, Caucacia, Independencia, La Cabaña, quienes relataron los hechos de vulneración de derechos humanos ocurridos desde el día 28 de mayo, sus preocupaciones ante una posible profundización de una crisis humanitaria, así como sus argumentos para rechazar el proceso de erradicación forzada que se adelanta en este territorio. Sobre los particulares resaltamos:
Vulneración de derechos Humanos: Según lo expresado por la comunidad, desde el día 28 de mayo cuando efectivos de la fuerza pública hicieron presencia en la zona, y hasta la fecha, se han presentado los siguientes hechos de vulneración a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario:
– Estigmatización y señalamientos: Según los relatos de la comunidad, desde el momento en que llegó la fuerza pública, se generó un ambiente permanente de zozobra que se profundiza tras la estigmatización y señalamientos por parte de la Policía Nacional hacia el campesinado, a quienes señalan de pertenecer a grupos al margen de la ley y/o ser colaboradores de los mismos.
-Atentado contra la vida y la integridad personal: Según lo relatado, el día 3 de junio, se presentó un hecho de vulneración de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, que dejó como resultado la pérdida del ojo izquierdo del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cumbre, el señor Deobaldo Cruz. Según lo relatado en este hecho, el accionar de la Fuerza Pública fue en contravía de sus protocolos de acción en relación a los principios de distinción y proporcionalidad. Sobre este hecho la comunidad manifestó que:
- “En el momento que la fuerza pública, los erradicadores, el ESMAD llegaron, nos dirigimos a un cultivo para no dejarlo arrancar, formamos una cadena y dijimos aquí nos paramos y vamos a ver si nos atropellan o qué hacen. Entonces el capitán Bonilla se dirigió a los campesinos preguntando -¿Qué es lo que ustedes quieren?-, entonces empezamos varios campesinos a hablar; porque en ese momento no estaba el líder, presidente de la Junta de Acción Comunal Deobaldo Cruz; el presidente desde el día miércoles se encontraba en una capacitación en el pueblo con la Alcaldía municipal. Hasta el Domingo en la tarde regresó a la vereda, el lunes de mañanita subió desde la escuela a donde estaba la movilización a visitar, cuando el capitán Bonilla nos habla que sobre qué es lo que queríamos y todos expresamos la necesidad que nosotros tenemos en nuestros campos: carreteras, centros de acopio, cambiar nuestra vida, que la coca no es eterna para nosotros, pero es un medio de sustento, porque no hay más que producir, ¿qué hacer?, entonces el capitán respondió “yo no sé de eso”, ustedes tienen que ver a donde está el alcalde, la gobernación, la defensoría, donde está el personero, – dijo- les doy una hora para que me traigan al personero, le dijimos denos dos (2) días, porque el personero tarda en llegar mínimo 4 horas a donde está la movilización, él no va a ir en una hora, en ese momento llega el presidente al lugar y se dirige al capitán Bonilla y este le solicita nuevamente que debe llegar el personero, él baja a buscar señal y se demora una poco en llegar al lugar nuevamente; al capitán se le afectó el ánimo y nos dice que nos da 10 minutos para que llegue el personero; con esos 10 minutos quiso decir que se acababa el tiempo. En ese momento llega el presidente con la razón de que como era lunes festivo no iba, que iba al día siguiente; entonces el capitán Bonilla hace una seña para que el grupo antimotines disparara, el compañero no alcanza a retirarse y vimos un impacto en el ojo, todos salimos a correr, con esa acción nos sacaron de ahí. Luego de ello, nos retiramos de allí y en horas de la tarde nos enteramos que tres jóvenes fueron detenidos por la fuerza pública”.
– Tratos crueles, inhumanos y/o degradantes: Ante la Misión se denunció un hecho de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes a dos jóvenes, uno menor de edad (15 años) y otro de 21 años, quienes manifestaron haber sido retenidos, agredidos física y psicológicamente por un grupo de policías, que además colocaron municiones al menor de edad, le tomaron fotografías y les obligaron a firmar un libro donde reportaban una supuesta incautación de material explosivo y armas. Según el relato de los jóvenes:
“El día 3 de junio nos dirigíamos hacia la casa, entonces la policía y los del Esmad nos detuvieron, nos agarraron a pata y puño, que nosotros éramos guerrillos, que nosotros éramos sapos infiltrados que nos iban a matar, nos estaban ahorcando, nos taparon la boca, nos maltrataron, nos llevaron donde el capitán Bonilla y él daba la orden que nos golpearan, que si no hablamos lo que ellos querían, nos llevaban a un hueco y nos mataban. Primero nos decían que ellos no eran la ley del pueblo, que eran la ley de monte, que no sabían con quienes se meten… que no les importaba meterle un pepazo a cada uno. El capitán Bonilla nos gritó que nosotros cargábamos bombas, explosivos, armas y eso no es así, nosotros íbamos para la casa, que les estábamos disparando a ellos. Lo que más nos preocupa es el tema de que nos querían montar un falso positivo, le aumentaron la edad al menor de edad que en realidad tiene 16 años, y yo voy a cumplir 21 años en diciembre. Hicieron un registro en un libro, y nos dijeron que teníamos que firmar a las buenas o las malas, que nos metían al hueco y nos mataban, eso dijo el capitán Bonilla. Nos colocaron una canana y nos tomaron fotos y videos. Me decían que era un guerrillero que pertenecía a la mafia, que nos iban a matar, nos daban puño y pata.”
– Desplazamiento forzado: Debido a la instalación de la base de operaciones de la Policía Nacional en cercanías a la vivienda de una familia indígena, ésta se vio obligada a desplazarse hacia otro lugar y abandonar su propiedad y semovientes, por miedo a las constantes detonaciones de explosivos y disparos dentro de la base, las cuales afectan la tranquilidad de la familia.
– Disparos indiscriminados: Comunidad manifiesta que el día martes 4 de junio de 2019 se escucharon disparos de fusil en cercanía a la base de operaciones de la fuerza pública, lo que pone en riesgo a los pobladores de la zona que transitan para dirigirse a sus hogares y/o lugares de trabajo.
Preocupaciones de la Comunidad: Tras los relatos de los hechos de vulneración de DDHH y DIH por parte de la Fuerza Pública, las comunidades manifiestan su preocupación por la falta de acompañamiento de las instituciones encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos en el nivel local y departamental. Sobre esto manifiestan que lo ocurrido el día lunes de 3 junio pudo ser prevenido, ya que se habían elevado denuncias y solicitudes previas a la Personería municipal solicitando presencia y mediación entre la comunidad y la fuerza pública, evitando así un escenario de violencia que dejó el desafortunado saldo del líder comunal herido.
Llama la atención que dicho estamento, señaló no poder asistir a la comunidad ya que se le solicitaba en día festivo, tampoco participó en la Misión de Verificación, aunque fue invitada directamente por el coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Gobernación del Putumayo.
La comunidad también manifiesta la posibilidad de que hechos como los ocurridos el día 3 de junio, se vuelvan a presentar debido a la falta de voluntad de interlocución de la fuerza pública con el campesinado, a quien continúan señalando y estigmatizando, lo que profundiza el ambiente de zozobra, preocupación y falta de confianza.
Existe una preocupación generalizada sobre posibles montajes judiciales a miembros de la comunidad, producto del señalamiento y estigmatización permanente por parte de la Fuerza Pública, así como por los hechos de tratos crueles, inhumanos y/o degradantes denunciados a esta Misión, donde jóvenes campesinos fueron obligados a dar sus datos personales y firmar una supuesta incautación de armamentos, hecho mencionados con anterioridad.
El Pueblo Indígena Nasa del Resguardo Kiwnas Cxhab, resalta la preocupación ante la presencia de la Fuerza Pública cerca a los linderos del Resguardo, lo que pone en riesgo el territorio y va en contravía de su cosmovisión y cosmogonía ancestral. Si bien no se han generado erradicaciones forzadas dentro del Resguardo, las comunidades señalan que se vienen adelantando erradicaciones en terrenos que actualmente se encuentran en curso del proceso de ampliación del Resguardo. Adicionalmente se destaca la solicitud del pueblo indígena a la Fuerza Pública de continuar respetando los territorios indígenas, a sus autoridades tradicionales y a la Guardia Indígena así como a sus caminos y sitios sagrados.
Sobre el proceso de erradicación forzada: Es importante señalar que la Misión de verificación pudo constatar que las comunidades que rechazan el proceso de erradicación forzada, están compuestas por familias que se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS, así como por familias que no lo hicieron debido –según lo señalado por la población– a la falta de confianza en el Estado por el no cumplimiento y afectaciones por programas previos como el componente de sustitución del Plan Colombia. Quienes firmaron los acuerdos resaltan el alto índice de incumplimiento a lo acordado en los PNIS, especialmente en lo relacionado con los proyectos productivos, razón por la cual actualmente no cuentan con garantías reales para iniciar el proceso de sustitución, viéndose obligados a rechazar la erradicación forzada.
Las comunidades solicitan el cese de erradicación de cultivos, hasta tanto no se haga una acción de diálogo, concertación y acuerdo conjunto y en el marco de un Plan de Contingencia idóneo, que planifique, comprenda y promueva las garantías del mínimo vital de la población e incluya la participación directa de las comunidades, en ejercicio de su autonomía y libre auto-determinación.
Las comunidades manifiestan su disposición y voluntad de diálogo en un escenario con diferentes organismos e instituciones locales, departamentales y nacionales, en compañía de organizaciones garantes y de verificación al cumplimiento e implementación de lo contenido en el Acuerdo de Paz.
En el trascurso del traslado y recorrido hacia la vereda la Cumbre, la Misión de verificación pudo constatar las pésimas condiciones de infraestructura vial que dificultan la movilidad de los pobladores y mucho más de sus productos, afectando así la posibilidad de transformar su economía actual basada en el uso ilícito de la coca, por una economía familiar campesina lícita. También se evidenció que las comunidades no cuentan con buenas condiciones en el acceso a los servicios de salud y educación; así como conectividad (señal telefónica e internet), lo que disminuye la calidad de vida de los pobladores quienes habitan en condición de aislamiento debido a la permanente incomunicación. Dichas condiciones profundizan la crisis humanitaria y social de cientos de familias que no cuentan con garantías ni presencia estatal en los territorios, a pesar de ser zonas priorizadas en la implementación del Acuerdo de Paz suscrito por el Estado y las FARC – EP y de existir una fuerte economía petrolera que produce riqueza.
2. Verificación en el lugar de los hechos ocurridos el 3 de junio: La misión se trasladó por espacio de 40 minutos por una trocha en medio de la selva, hacia el lugar donde ocurrieron los hechos de agresión del 3 de junio denunciados por la comunidad. Este recorrido estuvo acompañado por una pequeña delegación de las veredas que participaron de la reunión inicial. Allí testigos presenciales reconstruyeron lo sucedido lo cual corresponde al testimonio relatado anteriormente en el punto uno de vulneración de derechos. En el lugar se encontraron rastros de munición que hace parte del armamento de uso privativo de la Fuerza Pública, como son cartuchos de perdigones calibre 12 y gases lacrimógenos. Se evidenciaron también impactos sobre árboles de perdigones y los rastros de la erradicación forzada que tuvo lugar en dicho terreno.
3. Diálogo en terreno con Fuerza Pública: Por solicitud de las comunidades en la reunión realizada en la caseta comunal de la vereda La Cumbre, la misión de verificación se dirigió hacia la base de operaciones donde hace presencia la Fuerza Pública, buscando generar un diálogo que permitiera desescalonar el conflicto y garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades por parte de los efectivos de la Policía Antinarcóticos y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. A pesar de que el recorrido se hizo bajo un ambiente de zozobra por las denuncias previas de la comunidad sobre las respuestas hostiles que ha recibido por parte de la Fuerza Pública cuando han intentado instaurar conversaciones; la Misión fue recibida, inicialmente en medio de una tensión que se diluyó solo cuando la Fuerza Pública constató la presencia de delegados de la Oficina de verificación de Naciones Unidas en Colombia y la Defensoría del Pueblo.
Se resalta la voluntad de diálogo expresada en dicha verificación por parte del Capitán Andrés Bonilla del EMCAR y el Capitán Luis Miguel Aristizabal del ESMAD y sus tropas, con quienes se sostuvo una conversación por espacio aproximado de 3 horas, en las cuales, a pesar de algunos momentos de tensión, la Misión de verificación, así como las comunidades y la Fuerza Pública, pudieron expresar sus preocupaciones sobre los hechos de vulneración de derechos que se han venido presentando alrededor de la problemática de la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. De esta reunión se concluyó que, aunque la comunidades entienden que la suspensión del proceso de erradicación forzada depende del Gobierno Nacional, es necesario que la Fuerza pública presente en el territorio, cumpla con los protocolos de acción bajo los Principios del respeto a los derechos humanos y el DIH, minimizando a toda costa posibles confrontaciones con las comunidades.
CONCLUSIONES:
1. El proceso de erradicación forzada que se adelanta en el corregimiento la Carmelita del municipio de Puerto Asís, va en contravía a los acuerdos que cientos de familias adquirieron en los PNIS fruto del acuerdo de Paz, así como a los derechos de las comunidades que aunque no se acogieron a este programa, tampoco cuentan con garantías reales por parte del Estado Colombiano para garantizarles un mínimo vital para la subsistencia de sus familias y para transformar su economía actual.
2. Es urgente la suspensión del proceso de erradicación forzada para prevenir nuevos hechos de vulneración de los derechos humanos, como los denunciados a esta Misión de Verificación por parte de las comunidades. Dicha suspensión se debe adelantar hasta tanto no se avance en un proceso de diálogo, concertación y acuerdo conjunto que integre un Plan de Contingencia idóneo, que planifique, comprenda y promueva las garantías del mínimo vital de la población e incluya la participación directa de las comunidades, en ejercicio de su autonomía y libre auto-determinación.
3. Las comunidades de este corregimiento están dispuestas a iniciar un proceso de diálogo y concertación para la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, siempre y cuando cuenten con el cumplimiento de lo acordado por parte del Estado Colombiano en el marco del Acuerdo de Paz, así como otros pactos realizados previamente con estas comunidades en lo referido al PNIS.
4. La presencia de la Fuerza Pública en el territorio profundiza la crisis humanitaria y la desconfianza hacia el Estado Colombiano, que solo llega a esta zona por medio de la Fuerza Pública y obviando sus deberes constitucionales de garantizar los derechos de los pobladores que viven sin sus necesidades básicas satisfechas.
5. Se hace necesario el acompañamiento permanente de la institucionalidad local, departamental y nacional, a las que las comunidades solicitan respuesta rápida con el fin de evitar la profundización de la crisis humanitaria. Para este fin es fundamental el fortalecimiento de la articulación entre los organismos gubernamentales garantes de derechos.
6. Es importante fortalecer el mecanismo de Consulta Previa, Libre e Informada que dé garantía a la comunidad del Pueblo Nasa del Resguardo Kiwnas Cxhab del respeto a su territorio, gobierno propio y autonomía, por parte de la Fuerza Pública.
SOLICITUDES Y/O EXIGENCIAS
Al señor presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ en calidad de comandante en Jefe de la Fuerza Pública, que está desarrollando los procedimiento de erradicación forzada en la vereda La Cumbre, Corredor Puerto Vega – Teteyé, Puerto Asís:
Suspender el procedimiento de erradicación forzada en las veredas del corredor Puerto Vega – Teteyé, que permita abrir un diálogo entre las comunidades movilizadas y las instituciones, con el fin de lograr acuerdos que garanticen los derechos de las familias cultivadoras de coca, entre ellos el derecho fundamental al Mínimo Vital, afectado por la erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca.
Al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y demás autoridades competentes exigimos:
Garantías de protección y seguridad para las familias y líderes/as sociales que se encuentran en asamblea permanente aún hoy 12 de junio cuando se emite este informe.
Presentar los Planes de Contingencia de acuerdo a lo establecido en el auto 218 de 2006 de seguimiento a la sentencia T – 025, en el que se hace referencia al enfoque preventivo en operaciones de fumigación y erradicación de cultivos de uso ilícito:
“…La Corte ha reconocido en sus providencias que la presencia legitima de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional y la recuperación del monopolio de las armas son mandatos constitucionales cuya aplicación compete a la Rama Ejecutiva del poder público. También ha reconocido que el mejoramiento de las condiciones de seguridad de los habitantes desestimula el desplazamiento. Por eso, la Corte no ha hecho ni hace en el presente auto observaciones al respecto y respeta la competencia del Ejecutivo para definir las políticas atinentes al orden público. No obstante, al margen del tema anteriormente mencionado, se pueden llegar a presentar situaciones específicas en las cuales se pueda anticipar que, por las particularidades de dichas situaciones, la acción legítima de la Fuerza Pública puede suscitar, como efecto indirecto, un desplazamiento de personas.
….
Una de las manifestaciones más preocupantes de la ausencia de un enfoque preventivo tiene lugar en el ámbito de las operaciones legítimamente adelantadas por las autoridades, sean estas las actuaciones de las fuerzas militares o de policía y de los organismos de seguridad del Estado cuando le hacen frente a las conductas delictivas realizadas por los grupos armados, o cuando se adelantan procesos de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos en lugares donde habitan personas que se ven avocadas a desplazarse. Específicamente, en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Chocó y Caquetá́ han tenido ocurrencia hechos de esta índole, sobre los que la Corte ha tenido conocimiento en virtud de información públicamente disponible, así́ como por información aportada por los afectados y por algunas entidades no gubernamentales.”
Al Defensor Regional del Pueblo CARLOS CHINDOY JACANIMIJOY y al Procurador del Putumayo NESTOR MAURICIO AREIZA:
Fortalecer y adelantar buenos oficios orientados a concertar salidas pacíficas a las tensiones sociales que están escalando en el Corredor Puerto Vega – Teteyé, debido a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
A la Personería Municipal:
Acompañamiento a las comunidades movilizadas y organizadas en espacios asamblearios y de concertación, a fin de velar por las garantías a los Derechos Humanos, según lo mandatado por la Constitución y la Ley.
Garantizar el trámite correspondiente a las denuncias de las comunidades para iniciar los procesos de investigación a los que haya lugar.
A la Procuraduría General de la Nación:
Adelantar las investigaciones pertinentes frente a la responsabilidad de funcionarios públicos en los hechos ocurridos el día 3 de junio en la vereda la Cumbre, en los cuales resultó herido el Presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda La Cumbre, Deobaldo Cruz, quien perdió su ojo izquierdo. En dicha solicitud, hacer revisión especial si fue atendida los principios de proporcionalidad, necesidad y distinción en el proceder del ESMAD y las directrices y normas que regulan su comportamiento en el manejo de movilizaciones, toda vez que según los relatos recogidos en terrenos para lo cual como organizaciones defensoras de DDHH estaremos prestos a contactar a los testigos, la agresión de DEOBALDO CRUZ MONTERO ocurrió en momento cuando no se adelantaba provocación alguna por parte de los campesinos e indígenas presentes en el lugar.
Al Ministerio de Salud y a las entidades prestadoras:
Garanticen la atención adecuada y oportuna al señor DEOBALDO CRUZ MONTERO y a cualquier otra persona que pueda salir afectada en este contexto, pues el día en que ocurrieron los hechos el Dirigente comunal no recibió atención en ninguna entidad de la zona, viéndose obligado a trasladarse al vecino país de Ecuador en donde recibió el apoyo médico.
A la Fuerza Pública:
Respetar a las comunidades campesinas e indígenas que habitan el territorio y garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los protocolos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario DIH, en los cuales se exige aplicar los principios de distinción y proporcionalidad del uso de la fuerza, con el fin de evitar nuevas afectaciones a la población civil.
Al gobierno nacional, las instituciones nacionales, departamentales y regionales, a las autoridades administrativas y a todos los servidores públicos:
Dar cabal cumplimiento a la directiva No. 007 del 11 de Junio de 2019 de la Procuraduría General de la Nación, en lo referente al reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos integrales y sujetos de especial protección constitucional.
Junio 13 de 2019.
Firman:
Asociación Campesina de Puerto Asís ACSOPUERTOS ASIS
Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo ACSOMAYO
Asociación de Juntas de Acción Comunal ASOJUNTAS Putumayo
Sindicato de trabajadores campesinos del cordón fronterizo del Putumayo SINCAFROMAYO – Fensuagro
Red de DDHH del Putumayo, Piedemonte Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos -Marcha Patriótica
Asociación MINGA
