En la expansión del covid 19 por el sur occidente del país el Cauca manifiesta una significativa diferencia en relación con sus vecindades. Al día de hoy ocupa el puesto 23 por departamentos, con una cifra de 2.125 casos, en medio de un Valle del Cauca con 28.620 y un Nariño que se acerca a los 9.000, en 4o y 8o lugar respectivamente[1]; eso sin señalar la cercanía con el dramático cuadro que presenta Ecuador. Se ha dicho en diferentes estudios sobre el fenómeno de la actual pandemia, que uno de los factores incidentes en la reducción de la vulnerabilidad de ciertas poblaciones en el mundo han sido las formas de organización social de carácter colectivo, subrayando que sólo desde este tipo de sociedades podrán superarse esa clase de amenazas. Y está bien hablar del Cauca en este semestre de pandemia desde tal perspectiva.
Evidentemente las fortalezas del tejido comunitario del Cauca han demostrado una alta capacidad de exigibilidad de derechos que hoy garantizan unas condiciones mínimas para enfrentar la crisis sanitaria del coronavirus y todas las demás que ha develado. Las movilizaciones por la defensa del territorio, haciendo resistencia a la intervención de los proyectos mineros, energéticos y agroindustriales, quienes apropian, contaminan y agotan los recursos hídricos, al igual que los negocios del narcotráfico, permiten que hoy se cuente aún con este recurso tan vital ante la emergencia del coronavirus. Una disputa que incluye la gestión del agua evitando su total enajenación desde las experiencias de protección de las fuentes y las de los acueductos comunitarios.
Las luchas sociales han logrado una salubridad pública que, aunque limitada aún, no presenta los niveles de precariedad comunes en el país. Pero el derecho a la salud también se ha planteado desde los acumulados propios en una línea de construcción autonómica, y ante la emergencia se potencian las alternativas organizadas en torno a los Planes de Vida, basadas en los conocimientos ancestrales, ordenando métodos comunitarios de contingencia, con la participación especial de las mujeres cuidadoras naturales de la vida. Y en ese mismo sentido de afianzar los ejercicios de gobierno comunitario para la sobrevivencia y la convivencia en sus territorios, sin esperar soluciones por parte del Estado o las empresas, se han establecido puestos de control de la pandemia en donde las guardias indígenas, campesinas y cimarronas regulan la entrada y salida de personas y vehículos.
A pesar de esos hechos de responsabilidad social frente a la pandemia, se producen actos intimidatorios por parte de unidades del Ejército en contra de esos grupos de Guardias dispuestos en varios puntos del territorio caucano para establecer el control comunitario preventivo a la expansión del COVID 19. El CRIC ha denunciado durante este tiempo además, una serie de atentados y asesinatos dirigidos en contra de los Kiwe Tegnas del territorio, que obedecen a esa disputa en la que las comunidades refuerzan sus tejidos de gobierno para enfrentar todas las pandemias exacerbadas por el coronavirus.
Otro aspecto señalado fundamental en el manejo de la crisis pandémica es lo alimentario. Aquí se encuentran entonces los colectivos de producción agroecológica y el mercado comunitario justo, invitando la niñez y la juventud –ahora la mayoría en vacaciones forzadas- a labrar la tierra en una práctica pedagógica que garantice la pervivencia de las culturas rurales y la soberanía territorial. En este campo se le exige al gobierno la entrega de tierras, el suministro de insumos, garantías de comercialización y condonación de las deudas, para ofrecer el abastecimiento que la gente está reclamando, antes que recurrir a la importación de alimentos y los negocios público-privados. Enfocadas en ese componente de soberanía alimentaria de los Planes de Vida se han trazado en parte las alternativas reales a las economías dependientes del narcotráfico, con propuestas de transformación productiva de los territorios, que el gobierno igualmente desconoce y reprime.
Sin embargo estas experiencias colectivas deben afrontar los riesgos de la pandemia de la violencia, que en esta región presenta la mayor intensidad en este semestre, como en los años anteriores, lo cual se corresponde con la obcecada intención de los gobiernos oligárquicos de desarticular los procesos sociales territoriales del Cauca que le disputan la iniciativa y la legitimidad, inclusive ahora en la atención de la emergencia. Porque la violencia legal e ilegal que se implementa en el Cauca sólo puede interpretarse desde la aplicación de una estrategia contrainsurgente basada en la continuidad de la doctrina de la seguridad nacional que califica como “enemigo interno” toda expresión que no siga la línea gubernamental, lo que Duque estipula como “legalidad”, uno de sus lemas favoritos.
De acuerdo al Informe de Derechos Humanos de las organizaciones sociales que hacen parte de la Mesa Territorial de Garantías en el departamento del Cauca[2], cuya presentación se hizo en mayo de este año, desde que se suscribió el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP hasta la fecha, 215 personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares han sido asesinadas en el departamento del Cauca; es decir, la mitad de los casos nacionales. Igualmente 36 ex combatientes de FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz y un integrante del partido FARC lo fueron en el mismo período, siendo el departamento con el mayor número de tales crímenes.
Tomando en cuenta los registros de Indepaz[3], en lo que va corrido del año el Cauca ya contabiliza 58 asesinatos de líderes sociales, 31 de ellos perpetrados en los tiempos de cuarentena, cuando Duque decretó el Estado de Emergencia y centralizó el Estado en el Ejecutivo; vale precisar, en la Presidencia y las FFAA. De ese listado 34 pertenecían a comunidades indígenas, 14 a campesinas, 9 afrodescendientes y 1 sindicalista. Cuatro de los asesinatos fueron perpetrados en los hogares, en los que murieron también esposas, hijos y hasta una nieta. Los casos se concentraron sobre todo en el norte del Cauca y en el Valle del Micay, donde los procesos sociales enfrentan la expansión de la industria cañera y agroforestal, además de varios proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas o PCH sobre los ríos del Macizo, en medio de una disputa histórica por los territorios donde los pueblos originarios fueron expulsados del valle por los terratenientes obligándoles a habitar en las cordilleras. Pero también compiten con las economías no comunitarias ligadas a las mafias de los cultivos de coca y marihuana y de la minería del oro, instaladas en sus territorios. En unas condiciones que se hacen más complejas por cuanto esta franja forma parte de los corredores que los carteles han montado desde Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo, para acceder a las rutas internacionales del Pacífico.
En este período de pandemia se han intensificado especialmente los enfrentamientos entre los grupos armados en el Valle del Micay, sobretodo en los municipios de Argelia y El Tambo, quienes hostigan y violentan a las comunidades obligándolas al desplazamiento[6]. Uno de los hechos más recientes y de mayor crueldad se presentó el 5 de junio en la vereda Betania en la que es asesinada Paola del Carmen Mena, junto con Armando Suárez Rodríguez, pertenecientes al Consejo Comunitario Afro Renacer, y Víctor Alonso Calvo Guevara, de la Asociación Campesina de Huisitó. Según las versiones de los habitantes de la región el crimen fue cometido por miembros del llamado Frente Carlos Patiño[7], con una sevicia tal, cuentan, que les recuerda los tiempos de la barbarie paramilitar. No son los primeros liderazgos sociales a quienes en esta región les han cobrado su compromiso con la defensa del territorio colectivo y la vida digna. En abril de este año, fueron asesinados en esta zona los campesinos Teodomiro Sotelo, Andrés Cansimance, Jesús Albeiro Riascos y Sabino Angulo Advíncula.
Es en este Valle donde según el Informe también han ocurrido el mayor número de desplazamientos forzados individuales y colectivos con énfasis en los Municipios de El Tambo, Argelia, Guapi y López de Micay. En el mes de marzo, se resaltó el desplazamiento forzado de 119 familillas, quienes llegaron a la cabecera del Corregimiento El Plateado en el Municipio de Argelia. En el mes de abril y a pesar de las restricciones de la cuarentena, cerca de 280 personas tuvieron que salir de sus territorios en los corregimientos de San Juan de Micay y Huisitó, municipio de El Tambo. Aparte de los enfrentamientos, estos desplazamientos son causados también por las masacres, de las cuales el Informe registra 5, en los municipios de Mercaderes, Piamonte, El Tambo, Argelia y Buenos Aires. Y el pasado 2 de agosto se produjo una nueva masacre en el territorio indígena de Canoas, Santander de Quilichao, en la que fueron asesinados tres comuneros.
Desde el mes de junio se iniciaron operativos militares de erradicación forzada de cultivos en 14 veredas de Santander de Quichao. El 18 de julio en desarrollo de uno de esos operativos en la vereda de Agua Blanca, las comunidades campesinas e indígenas que se agruparon alrededor de las unidades militares para frenar la erradicación y exigir cumplimientos de los pactos de sustitución voluntaria, fueron amedrentadas con disparos de fusil hechos por encima de sus cabezas[8]. Se teme, como ha ocurrido en otras regiones del país, que un cuerpo militar formado para la guerra responda a una protesta social y se produzcan asesinatos de civiles.
Todo lo anterior acontece en un departamento fuertemente militarizado, donde tiene jurisdicción la III División del Ejército Nacional, el Comando espe- cífico del Cauca, el FUDRA No. 4 y la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, con sus respectivas Brigadas Móviles y Batallones, sumando cerca de 10 mil efectivos. En coordinación con la Región 4 de la Policía Nacional, desarrollan desde el 1 de enero de 2017 el “Plan Victoria, por la consolidación y estabilización de las regiones” y ya está en marcha el Plan Horus o Plan Victoria Plus[9]. Sin embargo, las denuncias de las comunidades y autoridades locales son persistentes en señalar la inoperancia de las FFAA en esta región para garantizar los derechos de la población.
El diálogo social “Por qué continúa la guerra en el Cauca” organizado por la Comisión de la Verdad[10], da cuenta de los factores estructurales que mantienen esa alta conflictividad en el Cauca, donde todos los grupos armados legales e ilegales buscan pescar sus propósitos. Pero igualmente fueron señalados otros factores que tratan de explicar las lógicas de la guerra en esta región, en un ejercicio de escucha de personas de las diferentes colectividades públicas que directa o indirectamente hacen parte de ese escenario, económicos, políticos, sociales, militares y excombatientes.
El cruce del conjunto de testimonios indica claramente la existencia de un complejo entramado de alianzas entre miembros de FFMM, carteles, empresas, dirigentes políticos regionales y guerrillas, que se dan casi que indistintamente según las circunstancias. Pero métodos de análisis basados en variables determinantes, ratificaría la percepción de las comunidades planteada de manera reiterada en las denuncias en el sentido de que el Ejército actuaría en connivencia con las estructuras armadas al servicio del narcotráfico, como casos de corrupción, pero en el contexto que hemos descrito también podría decirse que tienen razones de Estado.
