Escrito por: Andrea Cely- Asociación Minga

  • Artículo publicado en «El aprendiz del Embrujo»  II Capitulo (El régimen: Pactos contra el Estado social de derecho y difícil construcción de futuro) (pág 70)

No es nuevo que los funcionarios pretendan deslegitimar a los movimientos sociales al señalarlos como dependientes de estructuras armadas o de la financiación de economías ilegales. Tampoco es novedoso que sus propuestas sean invalidadas por una supuesta ausencia de criterios técnicos, o que los acuerdos se incumplan aduciendo haberse firmado con gabinetes anteriores. El movimiento social está acostumbrado a este tipo de respuestas, pero durante este año se ha hecho explícito el desconocimiento y la negación política de la movilización y del liderazgo social.

“Entonces cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño –expresó el ministro de Defensa en septiembre de 2018- detrás de eso siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales“. La ministra del Interior, por su parte, manifestó en junio de 2019: “Para nosotros como gobierno la palabra es sagrada; no nos comprometemos a lo que no podemos cumplir; por eso no podemos refrendar compromisos del pasado, sin saber de qué se trata”.

Estas afirmaciones sólo reflejan la básica y mal intencionada lectura del gobierno actual sobre la movilización social. Demuestran que el gobierno no reconoce los liderazgos sociales y comunales, ni las organizaciones sociales de base y mucho menos las plataformas nacionales como actores políticos legítimos. Se trata de una suerte de negación del valor democrático del ejercicio de la movilización social, a la vez que una estigmatización de su labor. Se abre así la posibilidad para que otros actores, legales e ilegales, estatales o paraestatales atenten contra todo tejido organizativo.

A pesar de ello, a diferencia de otros momentos de la historia, hoy en Colombia se cuenta con un entramado social y comunitario territorial y nacional que ha logrado definir propuestas propias y que está mucho más politizado. Así lo confirma el más reciente análisis de Mauricio Archila después de comparar cuarenta años de luchas sociales: “Podemos hablar de una politización creciente de los actores sociales no solo por los temas que cada vez más se debaten en escenarios públicos -derechos humanos, políticas públicas y autoridades-, sino por la forma en que estos reclamos y otros como la denuncia de incumplimientos o de violación de derechos humanos, encaran cada vez más al Estado en sus distintos niveles.

Actualmente se cuenta con un ejercicio de movilización social que exige el cumplimiento de derechos y simultáneamente propone formas de nueva ciudadanía. Son protestas que han dejado de concentrar sus demandas ante el Ejecutivo nacional y han configurado una dinámica política en múltiples niveles, especialmente locales. Se trata de la acción coordinada de redes que muestran alternativas en materia económica, cultural y electoral, pues el movimiento social en Colombia ha entendido que la disputa se ejerce en distintos escenarios a la vez.

A partir del año 2007, en el cual se registró un importante número de movilizaciones a pesar del carácter autoritario del Gobierno Uribe y de los ataques sistemáticos recibidos años atrás, el movimiento social ha consolidado un proceso de oposición que se caracteriza por la creación de propuestas y discursos organizativos renovados, estructuras flexibles y una mayor apertura a reivindicaciones de diversos sectores sociales.  Desde entonces se puede ubicar el inicio de un ciclo de movilización en  Colombia que no ha cesado, y que ya dejó ver su fuerza en este primer año de gobierno, con las marchas protagonizadas por los estudiantes universitarios y con la Minga interétnica e intercultural del Cauca. Este ciclo ha sido posible gracias a la capacidad de recomposición de las organizaciones sociales, a la articulación de acciones y actores a nivel territorial y al proceso de negociación con las Farc-ep.

“Con el inicio del proceso de negociación de paz se identificaron espacios para posicionar reivindicaciones que habían sido bloqueadas sistemáticamente de la agenda pública y que son decisivas para salir de la guerra (acceso a la tierra, sustitución de cultivos de uso ilícito, participación política y desmantelamiento del paramilitarismo, entre otros.) En medio de este ciclo, también se ha recuperado el protagonismo del liderazgo social a nivel local y nacional. Se trata de líderes y lideresas que dinamizan las redes comunitarias desde donde se mantiene activa la movilización. Esta es, tal vez, una de las razones por las cuales están siendo agredidos directamente en los últimos años.”

Sin duda se trata de factores determinantes para el fortalecimiento de la lucha social en Colombia. Desde agosto de 2012, con el inicio del proceso de negociación de paz, se identificaron espacios para posicionar reivindicaciones que habían sido bloqueadas sistemáticamente de la agenda pública y que son decisivas para salir de la guerra (acceso a la tierra, sustitución de cultivos de uso ilícito, participación política y desmantelamiento del paramilitarismo, entre otros). En medio de este ciclo, también se ha recuperado el protagonismo del liderazgo social a nivel local y nacional. Se trata de líderes y lideresas que dinamizan las redes comunitarias desde donde se mantiene activa la movilización. Esta es, tal vez, una de las razones por las cuales están siendo agredidos directamente en los últimos años.

Ante esta gran oportunidad democrática, la respuesta del Gobierno no ha podido ser más desalentadora. Se vienen configurando discursos amenazantes, excluyentes y estigmatizantes como respuesta de quienes sienten que sus intereses patriarcales y empresariales están cuestionados. Después de una experiencia tan fuerte en los territorios como la del paramilitarismo, los movimientos sociales aprendieron a hacer de la defensa de la vida y del territorio principios rectores de lucha social que hoy renuevan reivindicaciones históricas en campos y ciudades. Los paros cívicos en Buenaventura y Chocó, la propuesta de guardias, los colectivos de mujeres y jóvenes, así como las Zonas de Reserva Campesina, los Territorios Campesinos Agroalimentarios, los planes de vida o de desarrollo sostenible, entre muchas otras, constituyen acciones que no son recientes, pero sí están renovadas.

Se trata de propuestas que tienen en la vida digna un campo de acción tan amplio que ya no dependen sólo de las demandas ante el Estado. Son prácticas que están consolidando, simultáneamente, formas de vida y exigencias que esperan ser recogidas en los planes de gobierno a nivel local y nacional por expresiones alternativas en las que los mismos líderes y lideresas están participando.

El ciclo de movilización es aún más largo si se reconoce dentro de la capacidad comunitaria las bases que permiten la reproducción de la lucha social. La Minga interétnica e intercultural es el ejemplo más reciente. El bloqueo de una vía principal durante un mes sólo es posible cuando se cuenta con una estructura organizativa que permite renovar la participación cada semana; con el soporte económico que garantiza movilidad y alimentación; con una red propia de comunicación que logra incidir en canales masivos; y con una integración social y territorial que supera divisiones regionales impuestas. Pero su valor actual está especialmente en la consolidación de propuestas concretas, técnicas y contundentes que reconocen luchas del pasado como parte del presente.

El entramado social y comunitario que sostiene la movilización social tiene desarrollo en múltiples dimensiones que no dependen del Estado. Reconoce en el territorio un espacio físico y social que defender, pro- mueve la consolidación de estructuras organizativas y redes de comercio justo; basa sus principios en la historia y encuentra en sus formas de vida propuestas alternativas para la vida en común.

A partir de lo que ha sido este primer año los movimientos sociales podrían configurar una relación en la cual tienen mucho por ganar. Se cuenta con experiencias territoriales en los cuales las comunidades han sido sus propios gobiernos, con liderazgos que han desarrollado una capacidad técnica invaluable y con propuestas territoriales sólidas. Por eso, a diferencia de un gobierno que nos recuerda más el pasad o, los movimientos sociales avanzan. El trabajo, el tiempo y las emociones desplegadas no han sido en vano.

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Archila, Mauricio (2019), “Trayectorias de las luchas sociales, 1975-2015”, Archila, et al. (2019). Cuando la copa se rebosa. Luchas sociales en Colombia 1975-2015, Bogotá, Cinep-Ppa. Pág. 78.p
Ibid
Cruz, Edwin (2016), “El ciclo de protesta 2010-2016 en Colombia. Una explicación”, en Revista Jurídicas CUC, No. 12, pp. 31-62.
Cruz, Edwin, Op. Cit. Pág. 16.
Ibid. Pág. 35 52El caso más claro puede rastrearse en las Zonas de Reserva Campesina como una propuesta de control y ordenamiento territorial que tiene su origen en las Colonias agrícolas de inicios del siglo XX.