En su compromiso con la construcción de paz en Colombia y la salida negociada al conflicto armado que hemos padecido, la Asociación MINGA ha venido impulsando y acompañando la propuesta de Mesa Social para la Paz, un espacio que busca la participación de la sociedad civil en la transformación de las condiciones históricas de inequidad, vulneración de derechos humanos y conflicto social, político, armado y estructural.

Compartimos el reciente artículo periodístico del diario El Espectador y su proyecto Colombia 2020 que contiene la hoja de ruta de cómo participarían los colombianos en las discusiones entre Gobierno y ELN.

El objetivo de la sociedad civil no es tener delegados en la mesa de negociación que tendrá lugar en Quito, luego de que Gobierno y Eln destraben el proceso de paz previsto para iniciarse el jueves pasado. En cambio, lo que presentan este jueves es una propuesta de mecanismo a través del cual se agrupe a los colombianos para ponerlos a deliberar, principalmente, en el punto tres de la agenda de negociación: transformaciones del país.

Al espacio, que se llamará Diálogo Nacional de Paz, esperan que confluyan no solo las organizaciones sociales que hoy hacen parte de la iniciativa y que viajaron a Quito para presentar la propuesta durante la fracasada instalación, sino también partidos políticos de todas las corrientes, iglesias y empresarios que quieran discutir de verdad el futuro de un nuevo país, sin guerrilla, pero sí con garantías para vivir sin hambre.

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El Espectador conoció el borrador de la propuesta de las organizaciones sociales que contiene la hoja de ruta de cómo participarían los colombianos en las discusiones de la mesa.

La idea tiene como base la premisa de que la paz debe pasar por una agenda social que reconozca las necesidades no resueltas por el Estado y que derivaron en el conflicto. De acuerdo con el Comité de Impulso del Diálogo Nacional por la Paz –en el que hasta ahora convergen campesinos del Congreso de los Pueblos, indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), afrodescendientes del Proceso de Comunidades Negras (Pcn) y organizaciones surgidas tras el plebiscito, como La Paz se Moviliza–, el mecanismo principal de participación podrían ser los cabildos abiertos desde lo municipal hasta lo nacional.

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Si bien se trata de un texto en construcción –porque esperan se sumen las propuestas de partidos políticos, empresarios, iglesias y otros ciudadanos–, ya plantea puntos principales sobre todo lo que se refiere al tercer punto de la agenda: transformaciones para la paz. Para ello, proponen que luego de que las partes acojan la iniciativa, sea el Gobierno el que le dé peso político y jurídico a través de una especie de decreto o mandato que les permita blindarse a futuro como mecanismo de participación y refrendación.

Según el documento, el objetivo es crear una Comisión de Diálogo Nacional que será la encargada de realizar las convocatorias, coordinar la participación de la ciudadanía, hacer un proceso de sistematización y administrar los recursos que –a su juicio– tendrá que destinar el Gobierno para su funcionamiento. A nivel territorial lo que se propone, según Juan Houghton, miembro del Comité de Impulso, es que se conformen comisiones en cada uno de los municipios del país para que al menos haya un cabildo abierto que concerte propuestas en cada localidad. Dichas conclusiones llegarían luego a la instancia regional para su discusión. “Lo local produce insumos para la deliberación regional y para ajustar los planes de desarrollo. Ahí discutiríamos la agenda nacional acordada y la metemos a lo territorial. Y luego viene el cabildo nacional para la paz, con 400 delegados más o menos, que deberá producir pactos políticos y declaraciones que influyan en las políticas públicas y decisiones de Gobierno”, explica Houghton, aclarando que dichos acuerdos de la sociedad deberán ser vinculantes en la mesa de Quito. Serían más de 2000 cabildos en todo el país.

La propuesta concuerda con lo que ha dicho el Eln en el sentido de que, mientras ellos y el Gobierno abordan asuntos como justicia, dejación de armas y cese al fuego, la sociedad delibere y se pronuncie sobre temas como la transformación de la democracia.“Si producimos una política pública en materia minero-energética, un acuerdo de justicia ambiental o un acuerdo de transformación de las Fuerzas Militares –en el cual estén sectores diversos de la sociedad–, no hay ninguna razón para que el Gobierno y el Eln no los entiendan como mandatos de la sociedad que ellos deben refrendar”, insiste Juan Houghton.

Aunque el Gobierno en la negociación con las Farc insistió en la necesidad de que el acuerdo se diera en el menor tiempo posible –aun cuando duró cuatro años–, en el caso del Eln ha quedado claro que la premura no marcará la discusión, pues lograr consensos nacionales entre comunidades, partidos políticos y empresarios no será una tarea fácil. “Entendemos que la coyuntura del gobierno de Santos tiene ciertas características que hay que tener en cuenta, entre ellas, la disposición explicita de construir un acuerdo con participación de la sociedad. Sin embargo, pensamos que hay que contemplar la posibilidad de que este proceso involucraría al próximo Gobierno. Estamos convencidos de que hay que poner un tiempo, pero no se debe circunscribir al que le falta al presidente”.

En el fondo la propuesta está encaminada a crear condiciones necesarias y una hoja de ruta clara y específica para evitar que la sociedad termine siendo una convidada de piedra, como lo explica Olimpo Cárdenas, también integrante del Comité de Impulso del Diálogo Nacional: “La participación de la sociedad no puede ser una especie de botadera de corriente o una tertulia, sino una participación eficaz, que incida en la realidad de las personas y permita llegar a acuerdos entre los distintos actores de la sociedad y el Estado”.

Así las cosas, en el debate de la sociedad civil lo que se espera por parte de las organizaciones sociales es que, incluidas las propuestas de los sectores de oposición, también se discutan de fondo temas que no quedaron explícitos en la agenda oficial de negociación, como una nueva política minero-energética, planes de desarrollo regionales, puntos que quedaron en el congelador durante los diálogos de La Habana, y los acuerdos de los últimos paros agrarios, muchos de los cuales siguen sin cumplirse. En todo caso, consideran que todo será concertado con los sectores que converjan en el Diálogo Nacional.

Por lo pronto, el Comité de Impulso ha avanzado abriendo canales de diálogo. De hecho, la delegación de paz de la guerrilla respondió el pasado 18 de octubre una carta que las organizaciones sociales les enviaron expresando su intención de ser actores cruciales en los diálogos. El Eln sostuvo que no sólo estaban dispuestos a escuchar propuestas y aportes al proceso de participación, sino que además las convocó “a que se conviertan en multiplicadores de esta iniciativa, extendiéndoles este saludo y la propuesta de participación a todas aquellas organizaciones y personas que consideren esto fundamental para construir un país democrático y en paz”.

Asimismo, el viernes el comité se reunió en Quito con diferentes organizaciones sociales de Latinoamérica –el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, el Frente Popular Darío Santillán de Argentina, tres capítulos del Congreso de los Pueblos en el continente, Vía Campesina de Ecuador, Censat Agua Viva, la Fundación Rosa Luxemburgo, entre otras– para pedirles que rodeen el proceso de paz y respalden la participación del constituyente primario.

Se trata de una urgencia que no es nueva en la agenda política del Eln. La idea de posicionar a la sociedad civil como eje central de los diálogos ha sido una insistencia histórica de la guerrilla, marcada por la necesidad de convocar a todos los sectores de la sociedad en un espacio de discusión y debate del que surjan propuestas concretas que puedan ser puestas en marcha por el Estado.

Durante los acercamientos con el gobierno de Ernesto Samper, por ejemplo, la iniciativa tuvo eco bajo la denominación de la Convención Nacional, consignada en el acuerdo de la Puerta del Cielo. “Por Convención Nacional entendemos un proceso con varios espacios de diálogo, con capacidad propositiva por parte de representantes del Estado, la sociedad y la guerrilla que participe. Buscará elaborar las bases de un acuerdo político de reformas y transformaciones sociales, con miras a la democratización del Estado y la sociedad”, señalaba el documento suscrito en Wurzburg (Alemania) el 15 de julio de 1998.