Como un ajuste de cuentas por haber realizado el debate contra Uribe, catalogó el senador del Polo Democrático Iván Cepeda Vargas, el llamado a iniciar un proceso de investigación en su contra por parte del procurador Alejandro Ordóñez. 

Así lo ha hecho saber en entrevistas en distintos medios de comunicación como en sus redes sociales, donde además no han faltado los mensajes de apoyo desde distintos sectores de la izquierda Colombiana, el movimiento social, el de derechos humanos y la ciudadanía en general, quienes rechazamos la formulación de cargos presentada por el Procurador Nacional en contra de las funciones de control político que Iván Cepeda como congresista ejerció, para cuestionar los crímenes del paramilitarismo en Antioquia a mediados de los años 90 y la responsabilidad de las autoridades regionales en ellas.

Llamar a la búsqueda de la verdad, especialmente en el contexto del proceso de paz que vive el país, no puede ser motivo para que Iván Cepeda, caracterizado por su gran compromiso con esta, sea señalado irresponsablemente por un funcionario público de este nivel buscando deslegitimar, una vez más, el reconocido papel del congresista, dejando intencionalmente de lado las contundentes pruebas que Cepeda ha presentado frente a los nexos del ahora Senador de la República con el paramilitarismo.

El montaje de la investigación abierta contra Iván Cepeda, soportada en una supuesta manipulación de los testimonios de dos paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí, pretende también extender una cortina de humo a las sindicaciones que el Tribunal de Medellin le hizo recientemente al Senador Álvaro Uribe.

Es de resaltar que las visitas a las cárceles que realizó Cepeda en los años 2012 y 2013, fueron por petición de los capturados, tal como él lo señala. Además,  como es bien sabido, existen varios testimonios de otros paramilitares como Don Berna, Salvatore Mancuso, Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, los cuales sirvieron de base en el debate realizado en septiembre de 2014, que corroboran las denuncias sobre la relación de estos con Uribe Vélez.

Desde la Asociación MINGA, nos preocupa la falta de garantías para la defensa de Iván, ya que cómo es conocido, y cómo él mismo lo señala “El funcionario que adelanta este proceso es alguien que tiene una larguísima tradición de haber perseguido, condenado e inhabilitado a personas de izquierda y que pretende hacer lo mismo en mi caso”.

Resulta totalmente incongruente que el Estado le esté ofreciendo a la insurgencia garantías para su paso a la acción política pública, cuando a la vez persigue judicialmente la dirigencia de los movimientos sociales y políticos, como en los casos del Congreso de los Pueblos o el de Feliciano Valencia.